Agencias de Ministerio Público sin agentes que las atiendan, municipios que negocian liquidaciones improvisadas y un grupo de policías suspendidos que advierten un plantón permanente en Palacio de Gobierno, son algunos de los efectos colaterales de una obligación que se dejó correr hasta el último minuto.

El 30 de octubre pasado el plazo definitivo llegó y la obligatoriedad que marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se hizo efectiva. Hoy, el gobierno de Sinaloa enfrenta los reclamos de elementos ministeriales, estatales y municipales, que acusan un proceso opaco e injusto, la falta de recursos para liquidarlos y el déficit de elementos para continuar operando.

“Estamos preocupados por el déficit de policías que vamos a tener y estamos preocupados porque los índices que llevamos a la baja se nos pueden revertir”, admitió esta semana el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, en medio de los constantes reclamos de elementos policíacos suspendidos.

Agencias sin ministerios públicos
Tan sólo en la zona sur de Sinaloa, 13 agentes de ministerio público fueron dados de baja y su ausencia provocó el cierre parcial de tres agencias receptoras de denuncias.

Esta semana, mientras las agencias eran atendidas por personal administrativo, los ministerios públicos protagonizaban una protesta en el Congreso del Estado, en defensa de su trabajo.

Según el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de Sinaloa, el personal administrativo no tiene facultades para recibir denuncias o querellas o iniciar averiguaciones previas, facultad exclusiva del agente titular del Ministerio Público y de los agentes auxiliares, quienes además, sólo actúan bajo la dirección del titular.

Jesús Antonio Sánchez Solís, subprocurador de Justicia en la Zona Sur, confirmó la suspensión de los ministerios públicos a cargo de agencias en Mazatlán, Escuinapa y Cosalá.

Sánchez Solís aseguró que los puestos serán cubiertos en los próximos días a través de la reubicación de personal y defendió que las agencias no están cerradas, ya que hay personal administrativo laborando.

“No están cerrados, hay personal administrativo trabajando, se está buscando a las personas que van a cubrir, podría ser de aquí a mañana”, dijo Sánchez Solís entrevistado vía telefónica.

Sin embargo, en una visita que realizó Ríodoce a la agencia del MP en Villa Unión, sindicatura de Mazatlán, se pudo observar que la agencia en la que laboraba uno de los ministeriales que protestaban en el Congreso, se encontraba cerrada.

—¿Y por qué estaba cerrada la agencia de Villa Unión?, se le preguntó a Sánchez Solís.
—La persona que estaba ahí salió a comer, respondió el subprocurador.

“Ahorita la policía en lugar de estar luchando contra la delincuencia está luchando contra el gobierno”.

Procesos improvisados
De acuerdo a las cifras que los propios alcaldes proporcionaron a Ríodoce en días pasados, municipios como Sinaloa de Leyva, Ahome, Angostura, Guasave, Mocorito, Navolato, Culiacán, Elota, Mazatlán, y Escuinapa, estarían obligados a suspender a un 40 por ciento de los integrantes de su corporación policíaca.

Destacan casos como el de Angostura, donde 70 elementos de un total de 115 policías, no aprobaron la evaluación de Control de Confianza.

Paralelo a la fractura en las corporaciones, Ricardo Arnulfo Mendoza Saucedo, presidente del colegio de abogados “Manuel Gómez Morín”, criticó la improvisación con la que han comenzado a actuar las Comisiones de Honor y Justicia en cada municipio.

El litigante, quien ha recogido alrededor de dos mil casos de todo Sinaloa, entre policías estatales, ministeriales, peritos, agentes del MP y municipales, advierte que en las corporaciones municipales los derechos laborales del policía se están vulnerando más que en cualquier otra corporación del Estado.

Y es que según explica, algunas Comisiones de Honor y Justicia, por desconocimiento y celeridad, no han iniciado los procedimientos administrativos que por ley tiene derecho el elemento policiaco y al contrario, ofrecen negociaciones directas con los policías.

“Entre los municipales hay una anarquía, no saben qué hacer. Por ejemplo, Sinaloa de Leyva los habían separado pero de palabra. Las comisiones no tienen preparación para aplicar el procedimiento, debieron haber contratado abogados especialistas para asesoraros y que haya certeza jurídica, como no saben hacerlo están buscando la negociación directa”, explicó.

“Los municipales son los más desprotegidos porque no tienen la seguridad jurídica que se requiere para ver cómo va a quedar su caso. Es un error de administraciones municipales, están actuando de manera improvisada, tuvieron mucho tiempo para prepararse, no lo hicieron y ahorita lo quieren hacer a cómo dé lugar”, agregó.

Por ejemplo, en Ahome, el abogado de 80 policías que serán dados de baja de la corporación municipal, José Alberto De la Cruz Conde, afirmó que el procedimiento de cese de los agentes fue ilegal, porque se violentó la garantía de ser vencido en juicio.

Explicó que antes de iniciar el procedimiento en la Comisión de Honor y Justicia se les notificó la baja y se procedió a liquidarlos.

“Eso es ilegal, pues la notificación de baja la da la Comisión de Hornos y Justicia, no Amarillas (director) ni nadie más”, dijo.

Consideró que por la irregularidad administrativa cometida por la comuna de Ahome, el juicio de amparo les será confirmado a favor, y por lo tanto el procedimiento de baja deberá de reponerse.

Exigen diálogo y advierten más protestas
Como evidencia muestran reconocimientos del FBI, medallas al mérito y testimonios sobre cómo han dedicado su vida al servicio público.

Encapuchados, con gorras y lentes oscuros, los policías no aptos van de aquí a allá. Ofrecen ruedas de prensa, se reúnen con diputados y hasta planean un plantón permanente en el Palacio de Gobierno. Exigen una sólo cosa: un proceso justo.

“La pregunta es ¿por qué estamos suspendidos?”, cuestiona un agente de la Unidad Especializada en Aprehensiones, quien fue dado de baja hace una semana y media y hasta el momento desconoce los resultados de la evaluación de Control de Confianza.

Con más de 24 años de servicio, el policía ministerial reclama que el pasado lunes 3 de noviembre se les notificó la suspensión y se les prometió llamarlos para analizar su caso, uno por uno. El encuentro todavía no se ha concretado.

“Nos notificaron hace una semana, entregamos las armas y aquí estamos a la espera. La situación de nosotros es que estamos sin sueldo, estamos a la espera y quien sabe cuándo nos vayan a llamar. Como quien dice estamos saliendo por la puerta trasera” reclama.
A su relato se unen otros dos agentes ministeriales, uno de ellos, un jefe de grupo con 27 años de servicio. La exigencia es la misma, los ministeriales a diferencia de los elementos estatales, reclaman que no se les ha mostrado un expediente donde se detalle los motivos de su suspensión.

De acuerdo con sus testimonios, el día que se les notificó la baja, se entregaron documentos con sus nombres escritos con pluma.

“Nos dicen que no estamos aptos cuando el señor gobernador nos dijo ‘no me dejen abajo, si hay alguien que protege a los policías soy yo’ y ¿esa es la protección que nos ofrece ahorita? Por qué no nos dijeron antes, ‘oye tú, Juan Pérez, no vayas y arriesgues tu vida porque no estás apto”.

Son un poco más de cincuenta hombres y mujeres vestidos con ropa oscura y cachuchas negras, algunos usan lentes oscuros y por momentos, sobre todo cuando los enfocan las cámaras fotográficas, se ponen una capucha que tapa por completo su rostro.

El jueves pasado llegaron al Congreso del Estado de Sinaloa, alrededor de las 11:00 horas; de inmediato, los diputados integrantes de las comisiones de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos los atendieron en una reunión a puerta cerrada.

El grupo de policías ministeriales, representados por el abogado Mendoza Saucedo, pidieron a los legisladores servir como intermediarios entre el Ejecutivo y los afectados para revisar cada uno de los casos.

Mientras los policías hablaban con los representantes de las comisiones, en el pleno, una larga fila de diputados subían a tribuna para expresar su rechazo al proceso de depuración masiva de policías que resultaron no aptos en la evaluación de Control y Confianza.

Finalmente, entre reclamos y cuestionamientos, los diputados Héctor Melesio Cuen, Yudit del Rincón, Silvia Miriam Chávez, entre otros, pidieron citar a comparecer al secretario de Seguridad Pública del Estado, Genaro García Castro y al Procurador de Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez.

Sin embargo, la comparecencia no se oficializó.

Después de la reunión a puerta cerrada, los policías entraron al recinto legislativo y escucharon algunos de los posicionamientos de los legisladores. Luego de casi una hora presente en la sesión, el grupo de policías se retiró.

Afuera del salón de sesiones, los policías se reunieron alrededor de su representante legal.

“Fue muy importante este acto que hicimos para pedir la atención de los diputados, pero ellos nada más se están solidarizando, no hubo un compromiso formal, vamos a tener que seguir con esta lucha”, comentaron.

Ofrecimientos mediáticos
Desde las 08:00 horas del lunes 3 de noviembre, el gobernador, Mario López Valdez, inició su semana con una rueda de prensa en Los Mochis, donde habló ampliamente sobre la problemática de los policías no aptos.

“Es un tema que me duele profundamente”, repitió una y otra vez en las cuatro entrevistas que concedió a medios de comunicación a lo largo de la semana, en Culiacán, Ahome y Mazatlán.

Proyectos productivos, jubilaciones anticipadas, reubicación a áreas administrativas, son las alternativas que López Valdez oferta para los policías través de los medios de comunicación.

En jueves por la tarde, luego de que se hiciera publica la protesta de los policías en el Congreso del Estado, López Valdez, anunció la conformación de una mesa de negociación con los policías suspendidos.

Dijo que la mesa de diálogo podría conformarse por legisladores integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia y autoridades de gobierno, con el objetivo de revisar caso por caso los expedientes de los policías clasificados como no aptos.

“Aquellos que sientan que no fueron justos con ellos en la aplicación del examen, todos recibirán oportunidad de ser escuchados, no les estamos cerrando la puerta es un proceso que inicia pero que va a tardar”, dijo.

“En esa mesa de diálogo, en esa mesa de negociación, habremos de darle el trato humano a aquellos que cuando estaba la papa caliente en Sinaloa escucharon nuestro llamado y nos ayudaron a darle la vuelta a la tortilla. Yo ofrezco ese diálogo, ofrezco esa mesa de negociación para ver caso por caso y ayudar a los policías”, expresó el mandatario.

Al cierre de esta edición, el diálogo directo entre policías y el mandatario aún no se daba y el anuncio de un plantón permanente en el Palacio de Gobierno seguía vigente.