Altares y sotanos/Ismael Bojorquez/Río Doce

Todavía no había certeza sobre el destino final de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero, cuando el gobierno federal propuso a los partidos políticos firmar lo que llama un “Pacto por la seguridad”.

Profundamente torpe en el manejo de la crisis que provocaron los hechos de septiembre en Iguala, el gobierno se vio peor.

Para incentivar ánimos conciliatorios en medio de la mierda que volaba en todas direcciones como impulsada por ventiladores gigantes, el gobierno federal filtró una relación de ocho diputados locales de Morelos, presuntamente ligados a los grupos delincuenciales de la región, donde hay un legislador petista, dos o tres priistas y un panista. Con ello se advertía la urgencia de poner un alto a la narcopolítica. Así de fácil. Como si tratara de dibujar la o.

Mientras, los 43 desaparecidos seguían en el limbo, ni vivos ni muertos, y hasta la fecha. La ira y las marchas en ascenso, extendiéndose de Guerrero a todo el país, creciendo todos los días, incubando una mezcla de rabia e impotencia explosivas cuyo destino no es posible prever. Aun así, el presidente Enrique Peña Nieto viaja a China porque era “de la mayor importancia”. Más importantes, se infiere, que los 43 estudiantes normalistas.

Un pacto por la seguridad emanado de esta crisis supondría acuerdos para combatir la narcopolítica. Ese sería el “espíritu”. Si se avanza en esta dirección, sería bueno que la Secretaría de Gobernación filtrara sus informes “confidenciales” sobre la clase política, estado por estado. No a conveniencia, como lo hizo en Morelos, sino como parte de un compromiso inicial. Pero no hay que esperar tanto, pues esgrimiría una “razón de estado”. Pero bien se podrían ventilar averiguaciones previas relacionadas con personajes de la política investigados bajo la presunción de que son parte, en mayor o menor grado, de la delincuencia organizada.

No lo harán por una premisa elemental: el Gobierno tendría que desmantelar cabildos, congresos locales, estructuras administrativas en municipios y gobiernos estatales, parte de la Cámara de Diputados, una parte del Senado de la República y algunas dependencias federales.

Y si fuera auténtica la iniciativa se estarían fraguando desde ya varios procesos de desafuero contra legisladores de todos los niveles, gobernadores y alcaldes. A menos que se admita que Gobernación ha vivido en la baba todos estos años.

Sería el PRI, sin duda, el partido más evidenciado, porque fue bajo su régimen que se inventó, desde hace décadas, lo que Leonardo Sciascia llamó de algún modo el “Estado criminal” y que el maestro Federico Campbell recuperó de manera magistral en algunos de sus ensayos.

Los panistas, perredistas, petistas… no hicieron más que cachar oportunistamente los réditos de esa complicidad entre delincuencia y Gobierno. Para eso sirvió la alternancia en México, para democratizar los frutos de la corrupción. Por eso el mierdero que vuela y salpica lo que encuentra a su paso, sin que nadie quede a salvo.

Un ejemplo claro, vivo, de esto, es Sinaloa. Juan Millán Lizárraga, por ejemplo, fue el que metió a Jesús Vizcarra Calderón a la política. Se incorporó a su campaña por la gubernatura en 1999, con recursos económicos y logísticos. Todo el mundo sabía que Vizcarra había sido pariente del narcotraficante Inés Calderón —asesinado en 1988—, se decía desde entonces que se había quedado con parte de su fortuna y que el crecimiento abrupto de su empresa ganadera era producto del dinero que provenía del narcotráfico.

Pero el rosarense no reparó en estos antecedentes y en 2003, en pago a sus favores, lo hizo candidato a diputado federal por el Distrito V. Así, Vizcarra empezaría a “lavar” su imagen con pretensiones futuras. En ese mismo proceso federal, Millán hizo candidato por el Distrito VII a otro personaje vinculado al narcotráfico: Óscar Félix Ochoa. Se sabría después que la casa de campaña que utilizó Félix Ochoa pertenecía a un viejo narcotraficante, pues fue utilizada por sicarios de los hermanos Beltrán Leyva para emboscar y asesinar a siete policías federales. Meses después de ese hecho, tres hermanos (dos absueltos) de Félix Ochoa fueron detenidos con armas y cocaína en Culiacán.

Eso, sin embargo, no fue problema para que él y sus huestes se integraran a la campaña del candidato del “cambio” en 2010, Mario López Valdez. Y que una vez en el Gobierno, Malova lo nombrara como subsecretario de Agricultura. Postulado por una coalición, ninguno de los partidos que la conformaron (PAN, PRD, PT y Convergencia) puso trabas a la integración del grupo del Valle de San Lorenzo a la campaña, a pesar de sus históricos vínculos con el cártel de Sinaloa.

Bola y cadena
EN SAN LORENZO OPERABA y fue asesinado Manuel Torres Félix, hermano de Javier Torres, el JT, cuñado de este personaje. En esa misma zona operaba y fue detenido Jonathan Salas Avilés, el Fantasma. Parte de la misma región es ahora campo fértil para las actividades de Dámaso López Núñez, uno de los herederos del imperio de Joaquín Guzmán, el Chapo. Y que en esa zona manda el narco se demostró cuando, en las elecciones estatales intermedias, Óscar Félix compite y gana, ahora de nuevo por el PRI, la diputación local por el distrito XIV.

Sentido contrario
SERÁ INTERESANTE VER CÓMO EVOLUCIONA, si ocurre, dicho pacto; si habrá suelo parejo o solo se perseguirá a los políticos ligados a los cárteles más violentos y a sus derivados. Porque si hay tabla rasa, el priismo de Sinaloa tendrá que ser desmantelado.

Humo negro
TAMBIÉN HAY QUE VER QUÉ hacen el PRD y el PAN locales en este nuevo escenario; si se firma el pacto por la seguridad, qué medidas tomarán al interior de la coalición que llevó al poder a Mario López Valdez. Sobre todo, si en esta vorágine de acusaciones de todos contra todos, sale a relucir información desde las esferas federales que, hasta ahora, se han mantenido en el secreto.