Miriam Ramírez/Nelda Ortega/Luis Fernando Nájera

Habían pasado cinco horas desde que terminó su turno. Mientras dormía, una llamada inesperada lo despertó a las 11 de la mañana y entonces, todo cambió.

En la oficina de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, al policía estatal preventivo le dieron pocas explicaciones. Se deslindaron de culpas y finalmente, en dos palabras, le dictaron sentencia: No apto.

El Policía Uno, de quien se omitirá su nombre real para evitar represalias, tiene tres años de antigüedad en la Policía Estatal Preventiva. El pasado viernes 26 de septiembre, él y otros dos compañeros de área fueron notificados del proceso administrativo que se iniciaba en su contra al no acreditar la evaluación del examen de control y confianza.

Ese mismo día, la secretaría estatal inició 38 procedimientos contra policías estatales “no aptos”, como parte del mandato federal establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sinaloa y sus 18 municipios, al igual que el resto de las entidades del país, tienen una prórroga definitiva que se vence el próximo 31 de octubre. Para entonces, todas las corporaciones de seguridad deberán contar con policías certificados por los Centros Estatales de Control de Confianza; el resto, los que no hayan logrado la certificación, serán despedidos.

“Yo lo que quiero es limpiar esa acusación que me están haciendo”, reclama consternado el agente estatal.

Proceso sospechoso
En la oficina del abogado que ha contratado para que lo asesore en un juicio de amparo, el policía estatal se remonta a enero del 2012, fecha en la que le practicaron las cuatro evaluaciones para la certificación: poligrafía, psicología, investigación socioeconómica y medicina toxicológica.

Entre recuerdos confusos, el policía señala que en aquellos días se le dijo de manera informal que había resultado positivo en el consumo de drogas, pero después de ese supuesto resultado no se derivó ningún tipo de sanción y él continuó trabajando con normalidad.

“Control y confianza me evaluó en el 2012, o sea que se esperaron dos años para decirme que no soy apto para laborar como agente. ¿Cómo es posible que yo estuve laborando tres años con ellos y hasta ahorita me dicen que salí positivo en el doping? es ilógico”, reclama el agente, quien asegura que no consume ningún tipo de drogas.

Fechado al 31 de marzo de 2012, un oficio emitido por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza informa al entonces secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya, actual titular de Turismo, el resultado no aprobatorio del agente de seguridad.

En el oficio firmado por Juan Ramón Manjarrez Peñuelas, titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza, se le pide a Córdova Celaya que emita una respuesta sobre las acciones a implementar con el policía no aprobado, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación.

El oficio cuenta con un sello de recibido en la SSP con fecha del 3 de abril de 2012.

Este documento, junto a un resolutivo en el que se fundamenta legalmente el estatus no aprobatorio, fue entregado al policía preventivo el pasado viernes 26 de septiembre de 2014, dos años y medio después de que se elaboraron.

En ninguno de los documentos y tampoco personalmente, se le informó al policía las razones por las que no aprobó la evaluación.

Constantemente repite que no consume y nunca ha consumido drogas, aunque le preocupa perder su trabajo y la situación de desempleo a la que se enfrentará. El policía reclama principalmente el estigma que le generará la etiqueta de “no apto”.

“Me están perjudicando automáticamente, nomás que se pongan en mi lugar, a los funcionarios que los acusen de una cosa así, a ver como les va a ir en la vida. Me están mandando a empezar de nuevo, de los 30 en adelante a uno lo manejan las empresas como inservible, ya no es apto para ninguna empresa y difícilmente se coloca a trabajar. El sueldo que uno tiene ahí (como policía), es el sueldo de un gerente de Coppel”, expresa.

—Tú aseguras que no consumes drogas, pero entonces ¿por qué te están suspendiendo?, se le pregunta al oficial.
—Yo creo que no es tanto por hacer depuración de elementos, a lo que estoy viendo y me estoy dando cuenta, yo sé de algunos elementos que sí traen problemas, por su actitud, por quejas que ha habido, pero siguen laborando ahí y yo estoy fuera, me estoy dando cuenta que no es pareja la cosa, es dedazo nada más para cumplir con unos números que les están pidiendo de gobierno.

Comienzan los amparos
Con los primeros 38 policías suspendidos en días recientes y ante el inminente plazo a vencerse el 31 de octubre, el abogado Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, presidente del Colegio de Abogados Manuel Gómez Morín, ha recogido 80 casos de policías que presentarán amparos para evitar el despido.

La irregularidad del proceso, según detalló Mendoza Sauceda, se origina en la opacidad con la que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se desempeña, argumentando acuerdos de confidencialidad.

Al notificarle a un policía la suspensión por no acreditar la evaluación de Control y Confianza, sólo se le dice que su estatus es no aprobatorio, pero no se definen los motivos por los cuales no logró los requisitos para la permanencia.

“Están decidiendo de manera unilateral a quién despiden y a quién no, nada más con dos palabras: no aprobó, no aprobó y no aprobó, eso es lo que pueden saber nada más, pero si quieren (los policías) saber por qué no aprobaron, entonces es confidencial. No es correcto, la Constitución no permite que se haga esto”, criticó Mendoza Sauceda.

De entre decenas de carpetas azules, marcadas con nombres de policías estatales, Mendoza Saucedo muestra los expedientes de amparos que ya fueron aceptados por el juez de distrito y que protege a los policías para que no sean separados del cargo hasta que se resuelva el juicio.
Con la intervención del juez, el policía tendrá la garantía de que su expediente será revisado por una autoridad externa y se confirmará la validez de la suspensión, explicó el abogado.

Mendoza Sauceda defendió el espíritu de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual busca crear corporaciones policíacas libres de corrupción; sin embargo, criticó que los procesos se hayan distorsionado y sean poco transparentes y confiables.

“No aptos” 874 policías estatales
Para el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la SSP del Estado, Héctor Manuel Castillo Medina, el procedimiento es transparente y respetuoso de los derechos humanos.

El también subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, dijo desconocer el proceso al interior del Centro de Control de Confianza, pero aseguró que en la parte que corresponde a la Comisión de Honor y Justicia se está actuando apegado a la ley.

“Estamos cuidando las formas de los derechos humanos, del debido proceso y se les está dando la garantía de audiencia. Si un policía de los que acaban de notificar quiere revisar su expediente, su control y confianza, ahí está, no hay ningún problema, a la hora que quieran pueden ir, puede llevar a su abogado o puede ir solo, como sea”, aseguró Castillo Medina.

El subsecretario explicó que en la dependencia estatal hay 874 policías que resultaron no aptos en la evaluación, son elementos de la policía estatal, servicios de protección y policía penitenciaria.

El proceso de depuración de elementos no aptos se realiza en tres bloques. En días pasados se inició con los policías que tienen antigüedad de cero a cinco años, en el segundo bloque saldrán los policías con seis a 15 años de antigüedad y finalmente, los elementos con antigüedad de 16 a 30 años.

Según explicó Castillo Medina, la Comisión de Honor y Justicia recibió una relación de policías que no cumplen con los requisitos de permanencia, elaborada por Control Confianza.

De acuerdo a los bloques establecidos, el policía es notificado y suspendido de sus labores para iniciarle un proceso administrativo.

“Se inicia el procedimiento, se notifica, se suspende y se sigue un procedimiento abierto, no hay nada que esconder, simplemente ahorita se les está notificando que se les inició un procedimiento por no reunir los requisitos de permanencia. Se les suspende en cumplimento a la misma ley”, explicó el subsecretario.

Castillo Medina descartó que la totalidad de los 800 elementos estatales vayan a ser despedidos de la corporación, ya que aseguró que los policías tendrán su derecho a defenderse.

Obligados a renunciar a sus derechos
Pero contrario a lo que manifiesta el subsecretario de Seguridad Pública, uno de los integrantes de la corporación policiaca aseguró haber firmado documentos en los que renunciaba a su derecho de conocer los resultados de la evaluación.

En el 2013, cuando el policía adscrito a la corporación de Servicios de Protección acudió al Centro de Evaluación y Control de Confianza, firmó el mismo documento en cada una de las áreas donde lo evaluaron.

“Nos piden amablemente que firmemos que si salimos positivos en algo, nosotros autorizamos al centro que solamente se nos dé de baja y que no se nos informe el motivo y que estamos renunciando a nuestro derecho legal de que se nos informe”, explicó.

Sobre este procedimiento se le cuestionó al subsecretario de Seguridad Pública, quien dijo desconocer los lineamientos al interior del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

Ríodoce buscó una entrevista con el director del Centro, Juan Ramón Manjarrez Peñuelas, pero la Unidad de Comunicación Social de la SSP estatal argumentó que el área es restringida.

Alcaldes se resisten a la depuración
Con el 50 por ciento de sus corporaciones reprobadas, los 18 alcaldes de Sinaloa coinciden en que el mandato federal los ha metido en una situación complicada.

Algunos aseguran que lucharán por mantener a sus elementos. Otros proyectan alternativas como la jubilación o la reubicación de los policías hacia otras áreas de gobierno. La mayoría concluye que a pesar de la última prórroga otorgada por el Senado, los municipios aún no tienen los recursos suficientes para liquidar a sus policías.

Entrevistados vía telefónica y en algunos casos de forma personal, los 18 alcaldes sinaloenses coinciden en que no se les ha proporcionado la información detallada sobre por qué sus elementos no aprobaron la evaluación.

En la relación que el Centro de Control de Confianza entregó a los alcaldes, sólo se informó sobre el estatus “aprobado” o “no aprobado”.

Destaca, además, el caso de El Rosario, donde el alcalde Arturo Flores Guzmán y el subdirector de Seguridad Pública municipal Jorge Lorenzo Aguilar Sarabia, entrevistados por separado, indicaron que aún no cuentan con la relación de los policías no acreditados.

Para el alcalde panista de Mazatlán, Carlos Felton González, quien tiene 400 policías no aptos, los lineamientos del gobierno federal son exagerados y a su consideración, la prueba de control y confianza es subjetiva.

“La prueba de control y confianza es una prueba un poco subjetiva, la persona puede estar ese día con la presión alta, puede estar nervioso, puede tener problemas de tipo personal y pueden salir en la prueba algunos índices que no puedan ser bien interpretados, dependiendo de la situación emocional de la persona y en ese sentido creemos que es un poquito exagerada la postura federal”, expuso.

A las críticas contra la federación se sumó el alcalde priista de Navolato, Miguel Calderón Quevedo, quien señaló que las reglas de evaluación y control y confianza son inflexibles e injustas.

Calderón Quevedo, que estaría obligado a despedir a la mitad de sus policías, explicó que en lo que va del año, en su municipio se han presentado 100 aspirantes para ingresar al cuerpo policíaco, pero sólo dos han cubierto los requisitos de certificación, esas dos personas son del sexo femenino.

Mario Valenzuela, alcalde de Badiraguato, aseguró que defenderá a sus policías hasta la última instancia. El munícipe consideró injusto que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza proporcione muy poca información a los policías y no revele los resultados a los alcaldes.

“Yo estoy entrando a la defensa de ellos, en el sentido de que primero se les informe con todo el derecho de ley por qué razón están siendo destituidos, segundo lugar que tengan derecho a defenderse, no puede ser tan lineal de decir no y se van. En el tema del estado se me hace que se está siendo muy exagerado en la aplicación de la norma en ese sentido”, señaló.

Sergio Torres, alcalde de Culiacán, al igual que el resto de los munícipes, le apostó a darle una segunda oportunidad a los elementos que no hayan resultado positivos en el consumo de drogas o que estén relacionados con actividades delictivas.

“Sería muy lamentable que arrojáramos a estos policías desempleados a las garras de la delincuencia”, alertó el alcalde de Sinaloa de Leyva, Aarón Verduzco Lugo.