Carlos Loret de Mola

Para el gobierno federal hay dos nuevos estados en alerta roja. Detectan en ambos un paulatino grado de descomposición, en lo que toca a la seguridad y por tanto, a gobernabilidad.
No son los de siempre: en Tamaulipas se sigue reportando una condición de vida atroz, aunque la administración del presidente Peña Nieto diagnostica que las cosas van mejorando, excepto en Reynosa; en Michoacán las radiografías oficiales señalan que la vida empieza a recobrar su normalidad; no es Oaxaca con el gobierno de Gabino Cué sometido a una pandilla de rufianes con plaza de maestro ni el Guerrero de un Ángel Aguirre que no parece tener nada bajo control.

Así que ninguno de los obvios. Tropas de la flamante Gendarmería Nacional se desplazan a Baja California y Jalisco.

El gobierno federal, me lo han confirmado fuentes del más alto nivel, está muy preocupado por el deterioro de los índices de seguridad en estas dos entidades.

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Mandar a la nueva corporación de la Policía Federal, comandada por Enrique Galindo, forma parte del plan para que los problemas no crezcan hasta convertirse en una bronca —como dicen los restaurantes de carnitas— “estilo Michoacán”.

En Jalisco opera el cártel Nueva Generación que, de acuerdo con informes de inteligencia gubernamentales a los que he tenido acceso, está considerado hoy por hoy como el más poderoso y con más dinero.

La producción de metanfetaminas y mariguana, así como los secuestros y el comercio de cocaína desde América del Sur, le arrojan utilidades que superan a las de sus enemigos. Por tanto, constituyen en la actualidad del narcotráfico el principal peligro para la seguridad nacional.

Además, se han visto beneficiados por la “limpia” del cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán, que eran sus rivales en territorio vecino.

“Donde hay mal gobernador, hay problemas de seguridad”, resume un alto funcionario del gobierno federal. La frase salpica parejo: Tamaulipas, Michoacán y Jalisco son de mandatario priista; Guerrero, de perredista; Oaxaca, de un militante de Movimiento Ciudadano; y Baja California, del PAN.

En Baja California pegó el arresto de Joaquín El Chapo Guzmán. Tijuana, la ciudad más importante, era su plaza. Así que empezaron a pelearse sus operadores por asumir la jefatura y también los de su compadre y socio Ismael El Mayo Zambada. “Chapitos contra Mayitos”, dicen irónicamente en la frontera.

Por si no bastara, las deportaciones recrudecidas en Estados Unidos dejan a Tijuana con cosa de cien mil repatriados anuales, que son carne de cañón para los criminales, ya que la economía formal no les ofrece opciones después de que con la reforma fiscal el IVA en esa localidad subió de 11 a 16%, causando cierres de empresas, particularmente maquiladoras.

Súmele a esto un gobernador, Francisco Kiko Vega, a quien la prensa local tacha de ausente y acusa de pasar más tiempo en el DF que en su estado, y listo el potaje de la descomposición.

Jalisco y Baja California, en la mira.http://carlosloret.com/politicos/columnas/los-dos-nuevos-estados-descompuestos/