Río Doce.- Directivos de al menos 12 medios de comunicación de Sinaloa acordaron emprender acciones conjuntas de protesta y de carácter legal en contra de la llamada “ley mordaza” aprobada por la legislatura local y enviada por el gobierno del estado, cuyo objetivo es limitar y controlar el trabajo de los periodistas de la entidad.
ley mordaza
En un acto inédito y reunidos durante la tarde de este lunes en el céntrico restaurante Bistro Miró, en esta ciudad capital, editores, directores, jefes de información y dueños de medios de radio, televisión, páginas de Internet y rotativos, señalaron la urgente necesidad de realizar una marcha pública por la avenida Obregón, el jueves a las 9 horas, y convocar a actos similares a los periodistas de los 18 municipios de la entidad.

Además, promoverán amparos contra las reformas al artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y publicarán un desplegado en contra de las disposiciones aprobadas por los diputados locales el miércoles pasado, a pesar de que los legisladores interpusieron una iniciativa dos días después para derogarla a finales de este mes.

Al encuentro acudieron representantes de los diarios Noroeste, El Debate, El Sol de Sinaloa, Ríodoce y Viva Voz, de los noticieros de radio Panorama, Maxiradio y Línea Directa, de los sitios de Internet La pared y Café negro portal, y de los noticieros televisivos Megacanal y TV Azteca. Entre los asistentes estaban Andrea Miranda, editora general de El Debate, Adrián López, director de Noroeste, Eduardo Valdez Verde, de El sol, Víctor Torres, de Radio Fórmula, y Luis Alberto Díaz, del noticiero radiofónico Línea Directa.

En los cambios aprobados –que fueron propuestos por el gobernador Mario López Valdez-, se plantea que los medios periodísticos solo tendrán acceso a los boletines emitidos por las autoridades y autorizados por el titular de la Procuraduría de Justicia.

“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la Unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, reza el artículo 52 Bis.

Además, indica que en ningún caso se autorizará el ingreso de los periodistas a los lugares de los hechos, “la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”.

En otro apartado de este artículo se señala que ningún funcionario de la PGJE podrá dar información respecto a hechos delictivos a los medios de comunicación sin autorización del procurador.

“Solo la víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico y el imputado a través de su defensor son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma”.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Angostura, el gobernador Mario López Valdez defendió que el contenido del artículo 51 bis, al que calificó como una “redacción errónea”.

Negó que con estas modificaciones se busque censuar el trabajo de los medios informativos, sino homologar las disposiciones legales locales con los ordenamientos federales, y dijo que hasta “al mejor cocinero se le va una papa entera”.

Protestas

En la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, una veintena de periodistas realizaron un plantón frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en protesta por la llamada “ley mordaza”.

Los inconformes portaban pancartas con leyendas como “No a la ley mordaza” y se cubrieron la boca con cinta adhesiva, en señal de censura. Evaristo Castro, subprocurador de Justicia en la zona norte, evitó atender a los comunicadores.