Aprueban sin leer al ley para acotar la libertad de expresión y ahora la quieren derogar

Río Doce.- Diputados locales recularon en su idea de aplicar la llamada “ley mordaza” en Sinaloa y este viernes, dos días después de haberla aprobado por unanimidad, presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa para derogar el artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, reza el texto del artículo aprobado.

En ningún caso, agrega, “se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”.

Además, señala que ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia podrá dar informes sobre este tipo de hechos, a menos que tenga autorización del titular de la PGJE o de la unidad de acceso.

“Sólo la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico y el imputado a través de su defensor son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma”.

El diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría priista, anunció que luego de las inconformidades de organizaciones ciudadanas y de periodistas en contra de esta nueva disposición legal, entregaron la iniciativa para que ésta sea abordada por la Diputación Permanente el 19 de agosto.

Después, se convocará al pleno a periodo extraordinario para discutir el dictamen, aprobar o rechazar, el 21 de agosto; será a finales de este mes cuando podría quedar derogado este artículo. Mientras tanto, los legisladores permanecerán de vacaciones y el decreto de las reformas a la Ley Orgánica de la PGJE ya fue publicado en el Diario Oficial del Estado el miércoles mismo en que fue aprobado por los diputados.

“Fueron días intensísimos, de fiscalización de cuentas públicas, de reformas para armonizar la constitución local al ámbito federal.

Veinticuatro iniciativas en un plazo muy corto, de las cuales tenemos aprobadas 11… pero no es razón suficiente, no debe de repetirse, pero ocurrió. No debemos de fallar, nadie, en estas tareas importantes”, dijo Hernán

CHUQUIQUI. “Nos equivocamos”.

dez, en un intento de autocrítica, pero también de justificación.

Insistió en que ellos son legisladores que escuchan y que en función de eso trabajan, que respetan la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas y medios de comunicación y los derechos ciudadanos.

Lo cierto fue que recularon y lo hicieron luego de que la llamada “ley mordaza”, que para muchos criminaliza el trabajo periodístico y va en perjuicio de las víctimas del delito, fue aprobada sin revisión ni discusión, y que la reversa la meten los legisladores luego de las críticas en medios locales, nacionales e internacionales, y de condenas de organismos de defensa de los derechos humanos y de medios informativos de México y el extranjero, como Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Muy tarde
Tarde se dieron cuenta los diputados de lo que habían aprobado a ciegas, sin leer ni discutir y por unanimidad: criminalizar y limitar el trabajo periodístico, y retroceder en materia de libertad de expresión y derecho a la información, no solo en perjuicio de los comunicadores y los medios, sino de las víctimas de la violencia y en
general de la ciudadanía.

Como algunos de ellos lo reconocieron, los legisladores ni siquiera leyeron la iniciativa de reforma al artículo 51 bis, de la Ley Orgánica de la PGJE. Dos semanas antes la iniciativa fue enviada por el gobernador Mario López Valdez y apenas este martes 29 fue leída ante el pleno. Al día siguiente fue aprobada por unanimidad y sin la menor discusión.

No la vimos

Legisladores locales reconocieron que tenían un “chorro” de dictámenes que aprobar en esa sesión del miércoles —en la que aprobaron 11 dictámenes referentes a Compromisos por Sinaloa, además de otras iniciativas— y que no se dieron cuenta de lo que estaban votando.

“La verdad está muy estricto lo que se aprobó. Se suponía que el objetivo era lo de garantizar la presunción de inocencia y adecuar el marco legal local a lo que se tiene en materia federal, y uno confía en que viene revisado y pasó lo que pasó, la verdad. Ya cuando nos dimos cuenta, ya estaba votado. Ya lo habíamos aprobado”, manifestó uno de los diputados, quien pidió mantener el anonimato.

Silvia Miriam Chávez, diputada del Partido Nueva Alianza (PANAL), reconoció que votó el dictamen sin haberlo leído: “Yo no estoy acostumbrada a hacer una política de mentira, la verdad sí lo voté, la verdad no me di cuenta”, dijo ante los medios periodísticos este viernes.

Imelda Castro y Jesús Enrique Hernández Chávez, coordinadores de las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, reconocieron que se habían equivocado.

ALEIDA CALLEJA. Reformas que favorecen prácticas impunes, corruptas y opacas.

Muchas víctimas
Tanto la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) como la organización internacional Artículo 19 condenaron estas reformas a la Ley Orgánica de la PGJE y la calificaron como una transgresión cuya ambigüedad favorece prácticas impunes, corruptas y de opacidad en el actuar gubernamental.

Además, destacaron, afecta el derecho ciudadano a la información y perjudica a las víctimas del delito.

Aleida Calleja, de AMEDI y especialista en derecho a la información, dijo que esta disposición legal está llena de ambigüedades que favorecen impunidad y discrecionalidad ante hechos delictivos, de parte de las autoridades, y afecta el trabajo periodístico y a las víctimas de la violencia.

“Hay aciertos pero también serios retrocesos.

En el párrafo final por ejemplo, sobre las víctimas y el acceso a los expedientes, perdón pero el asesor jurídico del imputado tiene derecho a conocer la situación de las investigaciones, no le puedes decir que no porque afecta el desarrollo de la investigación.

Entonces esto no solo afecta a los periodistas, también a las víctimas”, sostuvo.

Ante la discrecionalidad que puede generar esta ley y la impunidad subsecuente, agregó, debe haber mecanismos de transparencia “para que el procurador sea sometido a mecanismos de transparencia, control y de rendición de cuentas”.

Ana Cristina Ruelas Serna, Oficial del Programa de Derecho a la Información, de Artículo 19, dijo que el artículo 51 bis contraviene disposiciones internacionales en materia de acceso a la información “toda vez que no puede determinarse a priori la reserva de información. Recordemos que en principio la autoridad únicamente es el depositario de la información y la sociedad es la dueña”. Las ambigüedades que plantea esta reforma, advirtió, son el nicho de la opacidad y la corrupción del personal de las agencias del Ministerio Público en el país.

“Se cobijan bajo el manto de la seguridad pública y toda la información se encuentra clasificada sin posibilidad de hacer un escrutinio público efectivo que permita reconocer las causas de impunidad dentro de este sector”, sostuvo.

Las víctimas, lamentó la especialista, quedan a expensas de las “consideraciones” del Ministerio Público (MP), para que le informe sobre “su” acceso a la justicia, lo que es sumamente preocupante ya que es el MP la fuente de impunidad y discrecionalidad en el avance de las indagatorias sobre denuncias.

“Una vez que se denuncia, existe una caja negra que nos impide ver si efectivamente hubo o no un delito, si el probable responsable acreditó cada uno de los supuestos legales para así señalarlo, o bien, si la investigación fue llevada a cabo de manera legal, exhaustiva, congruente e imparcial.

De esta manera es imposible darle credibilidad al actuar del MP y desligarlo de la impunidad que impera en el país”.

Además, expresó, en muchos de los casos los consignados no son quienes cometieron el delito.

Ruelas Serna citó que la Encuesta Nacional de Seguridad, realizada por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), realizada en el 2010, indicó que en el 31 por ciento de denuncias sobre delitos no pasa nada, en el 15 por ciento no procede la denuncia, y en el 5 por ciento hubo consignación.

“De acuerdo al Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI) la percepción de las víctimas que acudieron al Ministerio Público es que éste, en el 84.9 por ciento de los casos, no brindó información sobre la investigación que supuestamente se inició con su denuncia”, aseguró.

Esta reforma, insistió, limita la información a los ciudadanos, y no solo el trabajo de los periodistas, que no podrán generar otra versión de los hechos que no sea la que los funcionarios de la procuraduría quieren imponer, lo que atenta contra la democracia y la pluralidad informativa.