Por órdenes de la directora nacional de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez Rodríguez, personal del organismo clausuró ayer las oficinas centrales de Concesiones Integrales —antes SOAPAP—, en el marco de una campaña nacional para verificar todos los sistemas de agua privados del país, anunciado el 24 de mayo en Arteaga, Coahuila, ante la oleada de quejas y denuncias en contra de los cobros en exceso y la desconfianza en los sistemas de medición para el cobro del servicio.

Aunque el proceso de verificación de los medidores de agua arrancó ante las denuncias en contra de la concesionaria Aguas de Saltillo —que presta el servicio en municipios de Coahuila—, la suspensión de Concesiones Integrales es la primera que realiza la Profeco entre las empresas privadas que operan en el país para dotar del vital líquido a la población.

La directora de Profeco anunció el 24 de mayo que los operativos para verificar los sistemas de medición domiciliaria iniciarían en los siguientes días, pues los reclamos eran en general en contra de dicho proceso:

“La ley nos faculta y ya tomamos la decisión de hacerlo, no solamente por el caso de Saltillo, sino por el caso de otras ciudades. Uno de los reclamos más sentidos es si los medidores miden el agua o el aire. Hemos tomado la determinación de iniciar todo un proceso de verificación en todos los sistemas de agua que son privados, para que podamos tener la certeza de que el consumidor está pagando lo que verdaderamente consume”, dijo en aquella ocasión

El personal de Profeco suspendió de forma precautoria las actividades de Concesiones Integrales (antes SOAPAP) en Puebla, colocando los sellos respectivos en sus oficinas centrales, ubicadas en la colonia San Manuel, aunque la dependencia no informó qué tipo de anomalías fueron detectadas.

Concesiones suspendió actividades tras la clausura

De acuerdo a la versión de los usuarios, fue alrededor de las 14 horas cuando se realizó el operativo de Profeco en las oficinas ubicadas en Río Grijalva número 5310, de la colonia San Manuel, y sólo permitió que quienes hacían fila en el lugar hicieran su pago, pues cerraron las puertas para realizar las diligencias correspondientes.

Tras el cierre de las oficinas, empleados de vigilancia de la Policía auxiliar, así como de CI bajaron las cortinas a fin de impedir la visibilidad hacia dentro del inmueble, donde se encuentra el área de cobro y se colocaron los sellos, además de tapar los ventanales donde también fueron puestos los avisos de suspensión.

CAMBIO documentó ampliamente los errores de las boletas emitidas por Concesiones Integrales, pues aunque presumen de “20 años de experiencia”, sus primeros talones de cobro incluyen todo tipo de yerros, como omitir la información sobre el costo por metro cúbico consumido o la tarifa de la cuota fija de acuerdo a cada estrato, errores en el desglose del monto de cobro y hasta ortográficos.

A ello se suman las quejas y protestas como la realizada el lunes por vecinos de cuatro colonias, quienes se manifestaron en las afueras de CI, denunciando un incremento del 285 por ciento en el cobro que se marcaba en sus boletas. Al día siguiente, la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles se sumó a las críticas contra de las tarifas, al señalar que en sus pagos hay un aumento del 200 por ciento.

La única defensa realizada ante la ola de quejas por parte de Concesiones Integrales la realizó el gerente de Ingresos, Sergio Ferrer Burgos, quien señaló que la mayoría de los diputados morenovallistas aprobaron el “tarifazo”, deslindando a la empresa de los incrementos exponenciales superiores al 300 por ciento.

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