Visitas, visitas, visitas…

Río Doce.- También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llegó con los desplazados de Sinaloa con las manos vacías. Peor aún, repitió lo que otros han dicho: no son autoridad, no tienen competencia, carecen de facultades, que van a exigirle al Estado lo que ellos mismos llevan dos años y medio pidiendo.

Aun así deben repetir la historia que ya le contaron a familiares, al Gobernador Mario López Valdez (Malova), al Presidente Peña Nieto vía carta y abordado en una gira, a Alcaldes —de la pasada y la presente administración—, a Refugees International, a Derechos Humanos estatal, a periodistas nacionales e internacionales, a Secretarios de Estado… es la misma historia durante dos años y medio que parece una oración, un rezo. Se cita de memoria, casi sin sentirlo ya. Ahora a Victoria Santillana Andraca, Jefa de la Unidad Técnica de la Quinta visitaduría de la CNDH.

El equipo de la CNDH en visita relámpago a Sinaloa. El primer día intentó una incursión a la sierra, para visitar las comunidades en la confluencia de los municipios de Sinaloa, Mocorito y Badiraguato y conocer en sitio lo que ha venido pasando en los altos. Fueron obligados a desistir. Un comando de la Policía Estatal Preventiva que los acompañaba, con 30 elementos, les advirtió que no había seguridad. De Sinaloa de Leyva se regresaron sin siquiera acercarse al problema.

PLÁTICA:

—¿Ya se habrá calmado allá arriba?
—N’ombre que se va a calmar, está pior.

En el día dos el equipo de la CNDH programó una reunión con desplazados para escuchar testimonios. Están casi la mitad de las 287 familias que según el padrón de los desplazados se asentaron en Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Guasave y Ahome. Hay de todas las edades, principalmente mujeres, y se reúnen en la casa de quien ha dado la cara al movimiento, Esperanza Hernández, originaria de Ocurahui, Sinaloa de Leyva. La cooperación no alcanza más que para agua, unas sillas y un micrófono con falso contacto a la bocina.

Y a repetir la historia: “Desde el día 8 de febrero de 2012 se denunciaron los hechos por medio de documento enviado a las autoridades municipales y estatales. Y de ese tiempo a la fecha se han hecho toda clase de diligencias a nuestros gobiernos incluyendo tiempo después al gobierno federal. Siempre sin tener una respuesta. Esto es lo más doloroso y desesperante para las familias, saber que estamos solos…”

“Denunciamos también ante ustedes que los militares han participado en el saqueo de las comunidades pues los han visto pasar con los vehículos en los cuales se transportan llenos de muebles como lavadoras, tinacos, cilindros, plantas solares, etc. Así como también han cometido abusos contra civiles. Y que con el pretexto de buscar a los grupos armados suben a la sierra y a los que maltratan y atropellan es a las personas de bien que como no tienen delito se quedan y son los que sufren las consecuencias.”

“Que se investigue a los gobiernos municipal y estatal si se han designado presupuestos o programas de ayuda para las familias desplazadas por la violencia. Y de ser así pedimos su intervención para que esas ayudan lleguen realmente a las familias desplazadas.”

REUNIÓN. Programación de testimonios.

PLÁTICA:

—Ellos vienen a darse cuenta como están las cosas. Y ellos van a exigir al Gobierno por nosotros.
—(Silencio)

El documento entregado a la CNDH está respaldado con las firmas de familias desplazadas, toca el tema de la invasión de viviendas promovida desde el anuncio del director del Infonavit, Alejadro Murat, sobre la reasignación de casas a familias desplazadas por la violencia. Y también sobre un conflicto agrario anterior a la huida de familias pero ahora agravado:

“Que se nos ayude para que cualquier acción relacionada con el Ejido San José de los Hornos no proceda. Como es cambio de mesa directiva o cualquier decisión que tenga que ver con el ejido hasta que la situación de los ejidatarios que se encuentran fuera de sus comunidades se regularice”.

Por último, pide seguridad para el retorno de las familias con la intervención no del ejército mexicano ni de ninguna policía estatal, sino de la Marina instalando bases “por tiempo indefinido en Sierrita de Germán, Los Laureles y San José de los Hornos que son los puntos de acceso a todas las comunidades.”

PLÁTICA:

—No solucionan nada. Tres años y no hay solución al problema. Puras vueltas. No le hayo rumbo. No ayudan en nada.
—Es que todo lleva un proceso. Está muy difícil también para ellos.

—Lo están orillando a uno a agarrar para ese lado. El gobierno sin ayudarnos nos está orillando.

La jefa de la Unidad Técnica de la CNDH, Victoria Santillana, acompañada de solo dos funcionarios más, parece llevar prisa en concluir la reunión de apenas hora y media, más otra hora que ocupó para escuchar algunos casos especiales que terminaron por ser en realidad generales. Brevemente explica a los desplazados:

“Entonces, el trabajo de la Comisión consiste en exigirle a la autoridad que determine cómo va a atender este tipo de necesidades. Particularmente dependiendo de qué es lo que ustedes quieren. Es muy importante que ustedes determinen, tomen una decisión sobre si ustedes quieren regresar, que es lo que entiendo lo que la mayoría quiere, o quienes quisieran quedarse acá. O qué familias quisieran quedarse acá.”

Y aquí, con todo y las fallas de un cable flojo del micrófono a la bocina les dijo otra vez lo que no quisieran oír: “Lo cierto es que la Comisión Nacional no los puede defender de las consecuencias de que hagan esto (regresar a sus comunidades).”

“Entiendo también perfectamente que todo depende de si allá hay seguridad o no, que por el momento entiendo no hay, yo lo veo, que eso es la preocupación que ustedes tienen y fue lo que los hizo venir hasta acá. Y conocemos perfectamente y para eso venimos también, para ver el estado de vulnerabilidad en que se encuentran y poder así exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones.”

La CNDH sí dejó finalmente algo al grupo de desplazados, doce hojas impresas con los teléfonos de la defensoría de oficio que sacaron de la página de internet del gobierno estatal. Y el círculo del mismo argumento:

“Para poder ejercer nuestras facultades, les pedimos que confíen en que vamos a exigírselo a las autoridades encargadas de resolver este problema y ustedes dedíquense a identificar cuál es el destino que les gustaría que su vida tuviera: regresar a sus comunidades que tuvieron que abandonar por motivo de la violencia o bien quedarse.”

PLÁTICA FINAL:

—Eso pensamos todos, que se compongan las cosas para volver.
—Qué chulada fuera oiga.

INVASIONES. “Que nos reasignen las casas abandonadas”.

La ocupación de una casa

Es mediodía y hace tres días que el calor es ya oficialmente de verano. La casa en Las Fincas, un abandonado fraccionamiento de Guamúchil, es una de las casi 100 que tienen invadidas o apartadas los desplazados y está tan caliente en su interior como en la intemperie.

No son ni 15 metros cuadrados de construcción, cuatro paredes en realidad con un hueco para la cocina y otro para el baño.

Esto es un palacio, comparado donde estábamos, dice la mujer.

Ella y sus familiares suman 15, y se aprietan como sardinas en la noche para mal dormir, tirando en el suelo colchonetas. Va a ser la hora de la comida y en el patio arde una hornilla. El humo no se queda en la casa, no hay ventanas ni puertas lo que entra sale fácilmente. No hay agua ni energía eléctrica, cuando ellos llegaron se habían robado la tubería y el cableado.

Hace 15 días llegaron aquí, al fraccionamiento Las Fincas, luego de buscar por la ciudad de Guamúchil casas abandonadas. En algunas encontraban recibos viejos o requerimientos de pago, pero conforme pasaban los días empezaron a darse cuenta que cuando volvían alguien más ya tenía ocupada la casa. Temiendo quedarse otra vez en la calle, empezaron a ocupar las que se pudiera. Lo mismo pasó en Culiacán, en Guasave, en Mazatlán.

PLÁTICA 1.

Es una arrebatinga por las casas. Ya agarraron las mejores. Y lueguito las empezaron a quitar.

Hoy, ninguna autoridad sabe cuántas casas han sido invadidas en Sinaloa en los últimos 24 días, después del 5 de junio en que el Director Nacional del Infonavit hizo el anuncio de reasignación de 9 mil viviendas a grupos vulnerables, entre ellos los desplazados de la sierra por violencia.

A casi un mes, el Infonavit o la Secretaría de Desarrollo Social y Humano no han dado a conocer los destalles de operación y reglas para el programa que se anunció como Jornada Estatal de Vivienda para ofrecer casas en renta a familias desplazadas.

La gente de la sierra que llegó a Guamúchil hace dos años y medio empezó a correr la voz del anuncio, llevó expedientes al Infonavit y los entregaron a la delegación pidiendo ser tomados en cuenta para el programa, pero de las reglas y requisitos nadie supo nada.

Es el propio movimiento de Desplazados quien se ha encargado de integrar expedientes con lo que piensan que les solicitarán: identificaciones de las familias, ubicación de la vivienda –incluyendo fotos de ellas-, comprobantes de que se trata de desplazados de la sierra, entre otros papeles.
Hasta el momento hay ya 60 expedientes de este tipo, y el mismo número de casas invadidas o ubicadas.

PLÁTICA 2:

Ahora con la invasión de casas tampoco es solución. No hay ningún papel de respaldo.

Otras familias de desplazados de la sierra por violencia no se han atrevido a ocupar las viviendas, pero sí han ubicado alguna de ellas, se han dedicado a limpiarlas y a tratar de mantenerlas en condiciones habitables. Colocan afuera de ellas una cartulina o un papel con la leyenda “Apartada”, pensando que con ellos serán respetadas las casas por otros que están en las mismas, buscando una vivienda abandonada.