Advertencia cumplida: Ramón Corrales lo dijo muchas veces: “me van a matar”.

Potrero de Cancio, Choix.-Ramón Corrales Vega, ex comisariado ejidal de esta comunidad y defensor de la mina Cuauhtémoc, despojada a los comuneros naturales por la chihuahuense María Hermila Márquez y la empresa de capital chino Paradoux Global Resources, fue asesinado a sangre fría y por la espalda. Siete meses antes, él y sus 17 compañeros ya temían por sus vidas.

Por principio estaban presos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en el ejido Felipe Ángeles, acusados de despojo agravado en agravio de Paradoux Global Resourcer.

Ramón era el único que estaba en libertad, gracias a que se mantenía a salto de mata, pues sabía que era buscado por policías ministeriales por un delito que no cometió, y había consigna gubernamental por atraparlo y silenciarlo.

Desde el encierro, el 12 de octubre del 2013, en carta escrita a mano acusaron “…que si algo nos pasara dentro del penal y fuera de él a los 15 internos o algunos de sus familiares, hacemos RESPONSABLES DIRECTOS A: JUAN SIGFRIDO MILLAN LIZÁRRAGA (ex gobernador); GERARDO VARGAS LANDEROS (secretario de gobierno); Marco Antonio Higuera Gómez (procurador de Justicia), RAUL PÉREZ MIRANDA (director de Gobierno) y al licenciado Juan Ignacio Bastidas Lomelí (juez penal del municipio de Choix, Sinaloa). …” Y la firman todos los internos, incluyendo Gervasio Osuna Contreras, considerado como la bujía del movimiento en contra de la minera, así como tres hermanos de Ramón: José Átalo, Julio y Leobardo, todos de apellido Corrales Vega.

Antes de ser asesinado, Ramón se había ocultado en su rancho, en Buyachapa, a unos cinco kilómetros sierra arriba de esta comunidad. Había llegado ahí 20 días atrás de ese fatídico 22 de mayo, escapando de la Policía Ministerial del Estado, que en dos ocasiones fue a su casa, en la colonia La Higuerita, para aprehenderlo. Ramón tenía pendiente de ejecución una orden de aprehensión por el mismo delito por el que sus hermanos y 12 de sus compañeros estaban presos, aunque él nunca estuvo en el bloqueo y jamás se pronunció a favor de él, pero resultó culpable del cargo por invención del entonces director de averiguaciones previas, Arturo Arellano y sus auxiliares, que manipularon las declaraciones para incriminar al líder ejidal. Por eso, porque sabía que era un objetivo a silenciar por el gobierno malovista, Ramón se ocultaba. Durante 20 días lo consiguió.

Hasta esa media mañana que salió a reparar el cerco del corral. Llevaba púas en su mano derecha. Se acuclilló para tomar el martillo, pero cayó de bruces. Su rostro pegado al suelo detuvo la caída completa de su cuerpo. Un certero disparo le perforó la nuca. La bala le llegó por la espalda y desde el monte, a unos 40 metros de distancia. Cuando su esposa María escuchó el disparo, y otros más, se crispó. Acompañada de algunos de sus cuñados y hermanos, llegó al corral y vio muerto a Ramón.

En las diligencias, los deudos dijeron no conocer los hechos, porque estos fueron clandestinos. Desde el monte le dispararon, narraron. Y cuando se habló de problemas que el fallecido tendría con alguien para desearle la muerte, los nombres brotaron: María Hermila Márquez, la que se apropió de la mina Cuauhtémoc y que Ramón defendía; los inversionistas chinos de Paradox Global Resources; el gobernador Mario López Valdez porque defendía a la mujer y al capital chino; el ex gobernador Juan Sigfrido Millán, a quien le atribuyen estar detrás de las tácticas para quedarse con la mina; Gerardo Vargas Landeros, secretario de Gobierno, porque nunca atendió la demanda social; Marco Antonio Higuera Gómez, procurador de Justicia, porque su despacho legal defiende a María Hermila Márquez y a la minera Paradoux Global Resourcer; Raúl Pérez Miranda, director de Gobierno estatal, porque engañó a los campesinos con artimañas para alargar el juicio, y el licenciado Juan Ignacio Bastidas Lomelí, juez penal del municipio de Choix, Sinaloa, porque manipuló el juicio penal para encarcelar a los campesinos. La familia de Ramón teme también por su vida y por eso no habla.

Cuando el conflicto con la mujer (María Hermila Márquez) estaba en su punto álgido, aparecieron papeles amenazantes en la casa con la leyenda “¿Saben por qué murió Porfirio Díaz?” Entonces nadie le tomó importancia y ninguno de la familia guardó una sola reproducción. Hoy saben que aquello era una amenaza de muerte, que fue cumplida en la vida de Ramón. Para la familia, el asesino es el gobernador, Mario López Valdez. Y tienen dos razones para pensarlo.

Una es que en las negociaciones su gente amenazó con levantarlo, y, dos, que siempre los engañó, incluso públicamente. Ramón siempre decía: “Será el Gobierno el responsable de lo que me pase”. Y terminó asesinado.

Amenaza cumplida.

La unidad

Habiendo sepultado a Ramón Corrales Vega, los ejidatarios que están libres por defender la mina Cuauhtémoc, acordaron no matar a su líder con el olvido y la renuncia a la lucha, sino mantenerlo vivo con cada día de protesta. En asamblea se reorganizaron. Replegaron fuerzas y acordaron no identificarse ante reporteros, mantener la secrecía de sus identidades, e incluso boicotear al diario de mayor circulación estatal por parcial contra su causa.

“Sólo una cosa, amigo, no mataron a Ramón, lo hicieron mártir.

Un gobierno asesino se lo llevó, pero nos dejó su causa. Ramón no ha muerto, vive en la lucha, y lucharemos”, coinciden hasta las mujeres, las ancianas y las niñas. En la sierra, prometen, se conocerá que Malova es un asesino.

Mientras Malova expresa el apoyo a empresarios mineros, asesinan a Ramón Corrales.
Mientras Malova expresa el apoyo a empresarios mineros, asesinan a Ramón Corrales.

El próximo

Asustado por ser el nuevo perseguido del “Gobierno del cambio”, Manuel Humberto Chan teme por su vida, pues policías ministeriales han allanado su casa en dos ocasiones, buscándolo; la primera por ser sospechoso de narcomenudista y la segunda para ajustarle cuentas por sus declaraciones públicas en contra de las instituciones estatales.

Y para salvar su vida, Chan agarró a sus hijas y puso tierra de por medio. Abandonó lo que él llama su casa, pero que no es más que un cuarto que lo mismo sirve de cocina, que de sala y recámara. Carece de todos los servicios, pero para él es suficiente porque no puede pagar renta por no tener trabajo. El empleo de jornalero, que es su fuerte, se acabó, y la recolecta de cartón y plástico ya no da más.

Y ahora, cazado por la ministerial, menos sale. Desde la clandestinidad a veces y en ocasiones con un amigo que le sirve de vocero, Manuel Humberto Chan expone que la presencia de los policías ministeriales ocurrió el martes de la semana antepasada y el miércoles pasado, en calle 4 y Paparaqui.

Los agentes no mostraron orden judicial para allanar la casa, pero la catearon. Para merecer tal hostigamiento y hasta la imputación policial de “vendedor de drogas”, Chan considera que fue porque denunció ante Río Doce que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa le fabrica delitos cometidos en contra de la integridad sexual de sus hijas, Yumiko Analí y Adelina Abigail, quienes a principios de marzo del 2014 se fugaron de su casa y fue él quien las encontró, tras encabezar investigaciones propias.

La denuncia y el hostigamiento son producto de que el padre de familia acusó que nadie lo ayudó en la búsqueda de sus hijas y que fueron precisamente los policías quienes se burlaron de la virginidad de sus niñas, aduciendo que “la virginidad de tus hijas no vale nada”.

Vía telefónica, Humberto Chan señala que él denunció en papel y le responden con armas, balas, patrullas y ministeriales engorilados, cuando debieron hacerlo con justicia y nada más. Chan considera que teme ser la siguiente víctima del “Gobierno del cambio”, después del asesinato de Ramón Corrales Vega, por exigir justicia pronta y expedita, como dice el librito.