Ricardo Aguilar periodista del diario boliviano La Razón, y Claudia Benavente, directora de dicho periódico, se enfrentan a un proceso legal por haber difundido información que, según las autoridades, revelaría secretos de estado. El origen de la denuncia está en un reportaje publicado el 13 de abril de 2014 sobre un juicio instaurado en abril de 2013 ante el Tribunal Internacional de La Haya, por el estado boliviano frente a la República de Chile “para una negociación de buena fe” y por una salida soberana al Océano Pacífico.

El 22 de abril de 2014 la Procuraduría General del Estado solicitó a las autoridades judiciales que iniciarán un juicio contra Ricardo Aguilar por “espionaje” y contra Claudia Benavente por “complicidad”. El 7 de mayo pasado, el periodista recibió la orden judicial de revelar la identidad de sus fuentes informativas en un plazo de cinco días. El 9 de mayo el abogado de La Razón presentó dos recursos de excepción de incompetencia, uno contra el juez de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado, y otro contra el fiscal Facundo Coronel. Por estos recursos se aplazó la comparecencia de Ricardo Aguilar y de Claudia Benavente, pero no se eliminó la orden judicial de revelar la fuente informativa.

“Ordenar a Ricardo Aguilar que revele sus fuentes constituye una violación a la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925, que garantiza el secreto de fuentes”, señaló Camille Soulier, responsable para América de Reporteros sin Fronteras. “Exigimos que el procurador retire de inmediato su demanda, así como todos los cargos presentados contra los periodistas. El reportaje publicado por La Razón contiene información de interés general. Si bien el conflicto marítimo entre Bolivia y Chile es un tema delicado, acusar a los profesionales de la información de ‘espionaje’ en el marco de un proceso judicial fundamentado en el vago término de ‘secreto de Estado’ podría crear un peligroso precedente para los periodistas de investigación y tener un efecto disuasivo para sus fuentes”, agregó.

El tribunal debe tomar una decisión sobre los recursos de excepción de incompetencia el lunes 12 de mayo. Los periodistas indicaron que si de nuevo eran convocados a declarar se acogerían a su derecho al silencio.

Por su parte, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, dijo a la prensa que él sólo presentó una solicitud de investigación y no ordenó al periodista que revelara la identidad de sus fuentes –decisión que depende de los órganos judiciales competentes–. En un homenaje por el Día del Periodista Boliviano, celebrado el 10 de mayo de 2014, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, señaló que el objetivo del proceso contra La Razón era identificar a los funcionarios que habían proporcionado la información para que este tipo de hechos que atentarían contra el interés nacional no se repitan.

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