ADN/LVD.- Los enfrentamientos en el Estado mexicano de Michoacán se cobraron ayer nuevas víctimas civiles, miembros de los grupos de autodefensa levantados en armas en febrero del año pasado contra el narco, que lleva años imponiendo su ley sin que el Ejecutivo local lo pueda controlar. Dos personas, según el Gobierno de Enrique Peña Nieto, o cuatro, según los paramilitares, murieron el lunes a manos de los soldados que iban a desarmar a los integrantes de estos grupos de autodefensa.

En esa región de la Tierra Caliente, al oeste de la capital de México, se vive con miedo a la espera de ver quién puede más. Si el Ejército nacional desplegado por el presidente, los grupos de civiles armados hasta los dientes cansados de la inacción oficial, o el cartel de Los Caballeros Templarios, que igualmente pertrechados para la guerra se enfrentan a quien se ponga por delante, incendiando inmuebles municipales, coches o edificios, bloqueando carreteras y secuestrando.

Para hacer frente a este conflicto que se está yendo de las manos, el secretario de Gobernación (ministro de Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, firmaron el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad, para aplicar la «tolerancia cero» con la delincuencia, los grupos justicieros y las autoridades estatales y municipales.

El ministro admitió que la intervención de la autoridad federal se da ante la «insuficiencia para que las autoridades de Michoacán hagan frente a la crisis en la entidad». Precisamente, la incapacidad de Vallejo para mantener el orden y la paz perdidos favorecieron el crecimiento de la ‘policía ciudadana’ que se encargó de la seguridad ante los desmanes de los ‘caballeros’.

Osorio pidió a los paramilitares que entreguen sus armas o, si les gusta tanto la milicia, se incorporen a las filas regulares. Desde que se conformaron, y aunque según el ministro están fuera de la ley aunque los toleran, los «grupos comunitarios», como también se hacen llamar, han avanzado en 28 municipios y al menos 70 comunidades.

«El Gobierno decidió medio apoyar a las autodefensas para que no haya una guerra civil en Michoacán (…). Está tratando de evitar un enfrentamiento directo y resguardar a los pueblos, porque si no puede venir una ofensiva brutal de los narcos», dijo Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Comparado a Ciudad Juárez

Líderes de los grupos de autodefensa afirmaron que seguirán luchando contra el crimen organizado hasta ver a los grandes criminales tras las rejas. «En ese entonces nos sentaremos a platicar con el Gobierno (.) seguiremos ayudando al pueblo a liberarse de los criminales». En un comunicado, agregaron que «no somos un simple grupo de personas con armas, somos pueblo, somos miles, somos un concejo de autodefensas unidas de Michoacán, formado por empresarios, campesinos, presidentes municipales, regidores, huerteros, limoneros, estudiantes, padres de familia… Somos un pueblo unido y todos participamos».

Sin embargo, no todo son notas y palabras. Ayer, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de dos civiles cuando los militares comenzaron el desarme. «Algunos civiles se opusieron y se armó la balacera (tiroteo)». Una violencia que el vacío de poder y la impunidad han permitido convirtiendo a este «estado en uno de los más violentos del país y que lo equiparan a Ciudad Juárez, donde se vive, mal y con miedo».

Peña Nieto celebró haber sacado en un año sus reformas, pero la tarea pendiente es poner coto a las muertes relacionadas con el crimen organizado.