Sinaloa está ocupada por funcionarios mafiosos, sostiene abogado

Río Doce.- Édgar Higuera Beltrán, hijo del procurador general de justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, utiliza la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PGJE) como agencia de cobranza para sus litigios personales, denunciaron algunos afectados de la empresa Industrializadora de Alimentos de Los Mochis.

Y peor aún, los afectados denunciaron que la operación “comercial” de la PGJE y de la Policía Ministerial del Estado se promueve por el director general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, según alarde de los patrones de Édgar Higuera.

El vulgar tráfico de influencias de Higuera Gómez y de Vargas Landeros en favor del hijo del primero y de su contratante, Edna Patricia Villa Ruiz, afecta a los socios de la empresa Industrializadora de Alimentos de Los Mochis, fundada en el año 2003.

Y es que uno de ellos, Jesús Enrique Villa Medina y su abogado, Olegario Lim Villa, el 14 y 15 de noviembre pisaron la cárcel acusados de cohecho, delito que no cometieron, pero que se les armó en forma oculta, según afirma Lim Villa.

Para integrar la averiguación previa CLN/DAP/89/2013/AP que originó el proceso penal 391/2013 utilizaron a María Consuelo Sarmiento Guerrero, agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Robo de Vehículos, a sus auxiliares, Manuel Antonio Cota González y Agripino Flores Sánchez y a las escribientes, Isabel Armenta Bojórquez y Karina Urías Beltrán.

Estos afirmaron que los ahora procesados y liberados bajo fianza, el 20 de septiembre ofrecieron dinero para la devolución de una camioneta de la empresa retenida por transitar con placas de otra unidad, también de la empresa, y a las cuales se les habían cambiado las láminas por errores de los trabajadores, ya que ambas son similares y se les hizo el canje de matrícula al mismo tiempo. “Las revolvieron”, reconoció Lim Villa.

Estando detenido Jesús Enrique Villa Medina en la Agencia Especializada contra el Narcomenudeo y no en los separos de la Policía Ministerial, Édgar Higuera Beltrán y su cliente Edna Patricia Villa Ruiz, amenazan a su contraparte en otros litigios de que será procesado por un fraude de 10 millones de pesos y que para evitarlo le exigen firmar documentos en favor de ella.

Lim Villa sospecha que lo que Jesús Enrique firmó fue un acta de asamblea en donde le otorgan poderes amplios a Villa Ruiz. Y es que ella, en mayo del año 2012 fue cesada como administradora de la industrializadora por un faltante en cuentas por 1.4 millones de pesos.

A raíz de la separación, Villa Ruiz acudió con Gerardo Vargas Landeros y pidió consejo. Este le indica que contrate los servicios de Higuera Gómez, comenzando el tráfico de influencias.

Con las instituciones a su servicio y mando, cuenta Lim, en junio del 2012, Édgar Higuera, Edna Patricia Villa Ruiz y Alfredo Salazar Hermosillo, pareja de esta, flanqueados por siete patrullas comandadas por el comandante Gerardo Amarillas Gastélum, hoy director de la Policía Municipal, intentan tomar por la fuerza la fábrica Industrializadora en la colonia Miguel Hidalgo, pero fracasan debido a la defensa de los abogados. El grupo de policías huye del lugar cuando llega un notario. Pillados en la tranza, el grupo de Edna Patricia se dirige a las oficinas de venta para tomarla por la fuerza, pero son de nueva cuenta rebotados en el atropello.

“Desde entonces se desató la ‘cacería de brujas’ en contra de Jesús Enrique Villa Medina, Jesús Alberto Robles Domínguez, Manuel Alberto González Mares y mía”, denuncia Lim Villa.

Tan lo es así que sin causa justificada, el Departamento de Averiguaciones Previas de la zona norte retoma la averiguación 348/2012 por fraude procesal en contra de Olegario Lim Villa y nueve trabajadores. Esta habría sido sustraída de la Agencia Tercera del Ministerio Público del Fuero Común en forma secreta y radica en la Dirección de Averiguaciones Previas por “orden de arriba”. La jugada fue detectada y mediante amparos se obligó a que la sacaran a la luz. La querella concluye con el perdón a los acusados.

Las arremetidas continuaron en el mismo Departamento de Averiguaciones Previas. Eso porque se integra la querella 347/2012 por despojo en contra de Olegario Lim Villa. Esta habría sido presentada en la Agencia Especializada en contra del Comercio, pero también es sustraída por “orden de arriba”.

Y mientras las averiguaciones previas en su contra avanzan a paso acelerados, las presentadas en contra de Edna Patricia Villa Ruiz tienen el freno de mano impuesto.

En Sinaloa, denuncia Lim Villa, el tráfico de influencias y la utilización de las instituciones para fines privados de interés de la familia Higuera Gómez es una realidad que se promueve desde la Secretaría General de Gobierno, desde Gerardo Vargas Landeros.

Sinaloa bronco

El abogado, Martín López Félix, único en levantar la voz de juristas no cooptados por el secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, asegura que el “gobierno del cambio” es en realidad una mafia de funcionarios que han tomado las instituciones como apéndices de sus despachos o empresas.

Las instituciones de buena fe como en anteriores sexenios fue la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el gobernador Mario López Valdez y su secretario, Gerardo Vargas Landeros, cambiaron a ser entes de represión y de terror institucional.

“La prueba viviente es el procurador Marco Antonio Higuera Gómez, que faculta a la Policía Ministerial para realizar levantones para que su hijo, Édgar Higuera Gómez, pueda cobrar honorarios”, afirma

El caso Lim es prueba, consideró. Como también lo son el asunto del abogado fiscalista y asesor de senadores y diputados federales, Luis Puente, procesado en Sinaloa para obligarlo a dar sus acciones de la Compañía Azucarera de Los Mochis a sus socios, Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo De la Vega Valladolid.

Y la impunidad de estos por la estafa de obreros y rentadores. Los mineros de El Potrero de Cancio, presos por pedir sus regalías, es otro caso negro en la historia de la justicia en Sinaloa a la que también se suman los comuneros de Picachos y su abogada.

Sumados a esos casos de burdo abuso de poder, todos los levantones, centenares de desapariciones forzadas y las denuncias de asesinatos de Estado son manchas rojas que Mario López Valdez y Gerardo Vargas Landeros no podrán despercudir de su historia de políticos y fama pública de personas, afirmó.

“En Sinaloa hay un ultraje grosero del derecho por funcionarios mafiosos que también han comprado a profesionales del derecho colegiados para convertirlos en títeres, achichincles y comparsas de alcoba para sepultar las voces críticas o discordantes”, criticó.