A nueve años de la muerte de Rodolfo Carrillo Fuentes, predomina el olvido.

Río Doce.- “Vamos a orar —dijo el padre de la iglesia San Francisco de Asís, de Navolato, por el descanso eterno de Rodolfo Carrillo Fuentes”. Mencionó a cinco personas más, cuyas familias o amigos debieron pagar, igual que los Carrillo, los 50 pesos que se cobran por la mención del oficiante.

Nadie de la familia estuvo ahí, no al menos en la misa vespertina, porque también se había pagado la misma cantidad por una mención igual en la misa de siete, que se da por la mañana.

Para Navolato es un día más. Ni algunos enterados recuerdan que ese miércoles se cumplen nueve años del asesinato del Niño de oro… Ni porque comieron de su mano. En la plaza principal, frente a la iglesia, una rocola infernal escupe “vergas” por doquier en la voz de Chenchito, que parece extasiarse mientras pasan niños y mujeres por ese quiosco en ebullición.

Empieza a oscurecer, y por las calles angostas se acrecienta el patrullaje de la Policía Estatal, todos los agentes con los rostros cubiertos. Por su fiereza aparente, cualquiera diría que podrían acabar con el hampa en una semana, pero terminan sus jornadas levantando borrachitos y extorsionando a conductores sin licencia.

“Son unos perros —dice un hombre que se topa con los reporteros— a mí me detuvieron hace días, venía de mi trabajo y no tenía identificación. Levantan a gente y se la llevan al río, allá la golpean, le sacan feria, pero nunca detienen a un “pesado”, puro malandrincillo, y si este se identifica lo sueltan de nuevo”.

En tres o cuatro lustros no ha cambiado mucho la ciudad y en este espejo debieran mirarse los que quieren formar nuevos municipios. Navolato no ha dejado de ser un pueblo con cinco o seis manzanas pavimentadas, harapiento en sus servicios, con una Policía que tuvo que rescatar el Gobierno estatal porque no tenía ni para uniformes.

Hay menos violencia que hace dos o tres años, cuando los muertos eran cosa de todos los días y todas las noches y donde el asesinato de policías alcanzó niveles escalofriantes.

Pero es un pueblo apagado.

“Allá, en ese saloncito, empezó la guerra que luego se iba a extender a todo México”. El hombre apunta con el índice hacia el salón de fiestas Alameda Palace, ubicado casi frente al Seguro Social.

Era Día del Estudiante, en mayo de 2003, y en el salón festejaba una rueda de jóvenes del Colegio de Bachilleres (Cobaes) liderados por Julio César Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes.

Al lugar llegó Sergio Castañeda Medina, un gatillero que entonces trabajaba para Jesús Ríos Félix, el Licenciado —detenido en agosto de 2005 por el Ejército—, hombre de confianza de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

Detuvo su vehículo frente al Alameda Palace y los muchachos le empezaron a tirar con botes de cerveza. Matón de fama, el Guacho o el Doce, como se le conoce en el bajo mundo, los amenazó con regresar.

Y lo hizo con refuerzos, pero el hijo de El Señor de los Cielos ya había pedido apoyo también.

Se armó una balacera que no arrojó ningún muerto pero sí varios heridos. A partir de ahí Julio César Carrillo empezó a manejarse con un perfil más bajo y meses después desapareció.

Pero el valle había empezado a encenderse con esa chispa. Navolato era un espacio donde habían convivido durante años las huestes de Joaquín Guzmán y las de los Carrillo Fuentes, con el predominio de estos. La Policía Municipal era manipulada por Rodolfo Carrillo, estuviera quien estuviera en la presidencia municipal, el PAN o el PRI. Él personalmente realizaba reuniones con agentes y comandantes donde les daba instrucciones. Igual poder tenía en la Policía Ministerial, absolutamente controlada por el clan de los Carrillo Fuentes.

Un mes después de ese enfrentamiento, elementos de la Policía Ministerial quisieron detener en Navolato a Rogelio García Martínez, el Kelín, pistolero del Chapo Guzmán, pero los enfrentó y murió. Meses después su hermano Guadalupe murió en circunstancias parecidas.

Estos hechos y otros de similar envergadura fueron relacionados con el encontronazo de los ánimos entre los pistoleros de Guzmán y los Carrillo a partir de la fiesta en el Alameda Palace, mismos que no se aplacarían hasta la fecha. La matanza siguió de ambos lados y en ella cayeron sicarios y policías.

El 15 de junio de 2004 fue asesinado el comandante de la Policía Ministerial, asignado a Navolato, Sidarta Alfredo Walkinshaw Salazar, después de que estuvo en una reunión de trabajo en las instalaciones de la corporación.

Pero el hecho culminante fue el asesinato de Rodolfo Carrillo aquel 11 de septiembre de 2004 en Plaza Cinépolis.

Aquella tarde de perros

En septiembre del 2004, más de 15 sicarios armados con fusiles AK-47 y rifles FAL asesinaron a tres personas en el estacionamiento del Cinépolis. Uno de los acribillados era Rodolfo Carrillo Fuentes. Otra fue Giovana Quevedo Gastélum, su esposa. El tercero, un trabajador del estacionamiento donde ocurrió la balacera.

En el tiroteo fue herido uno de los guardaespaldas del traficante de drogas, quien resultó ser nada menos que el comandante de la Policía Ministerial del Estado (PME), Pedro Pérez López, a quien el entonces gobernador Juan S. Millán Lizárraga le tenía autorizada una licencia con goce de sueldo, y lo había calificado públicamente como un “comandante eficaz”, un “buen elemento” y un hombre exitoso que logró combatir al crimen organizado.

Minutos después del enfrentamiento se generó una intensa persecución de los sicarios por los poblados aledaños de Bacurimí, Bellavista, Culiacancito, El Tamarindo, El Pinole y El Rosal Enfermo, en donde luego de enfrentamientos, murieron cinco gatilleros y dos más fueron heridos y trasladados a un sanatorio en calidad de detenidos.

Al día siguiente se encontraron tres cadáveres más de los presuntos asesinos apilados en la caja de una camioneta blindada en el municipio de Navolato. Uno de los ejecutados era el ex comandante de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Sánchez Verdugo. Las víctimas, que traían portacargadores y una granada de fragmentación, estaban atadas de pies y manos, con huellas de tortura y con el tiro de gracia.

La investigación de la balacera fue atraída por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. Para hacerse cargo de las averiguaciones, llegó procedente de la Ciudad de México un grupo de diez elementos, entre agentes del Ministerio Público Federal (MFP) y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La respuesta de los sectores políticos y sociales de Sinaloa fue inmediata. Los dirigentes de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), partidos políticos y hasta la Iglesia, a través del obispo de Culiacán, exigieron al entonces gobernador Millán parar la violencia en el estado.

Los agricultores y empresarios pidieron desmantelar, sanear y hacer nuevos cuerpos policiacos de inteligencia y manifestaron que si las autoridades locales no podían hacer frente a este problema se tendría que pedir la participación del Ejército.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) se quejó públicamente de que sus recomendaciones y planteamientos para combatir la inseguridad no habían sido tomadas en cuenta por las instituciones responsables y criticó que el “Gobierno federal ni ve ni escucha a Sinaloa en materia de seguridad”.

En medio del escándalo renunciaron a sus cargos de director y subdirector de la PME Jesús Antonio Aguilar Íñiguez y Martiniano Vizcarra Burgos, respectivamente. Según sus declaraciones, para “no entorpecer” las pesquisas que la PGR realizaba sobre el caso. Pero la Procuraduría federal ya investigaba los presuntos nexos de estos hombres con el narcotráfico.

Entrevistado sobre el hecho, el entonces gobernador Millán Lizárraga dijo que “en todo el país está ocurriendo un reacomodo y se están recrudeciendo los enfrentamientos entre narcotraficantes, por lo que sin lugar a duda el crimen de Carrillo Fuentes tendrá sus secuelas”. Y tenía razón. Durante la semana siguiente asesinaron a 16 personas. Fue entonces que mil 200 elementos del Ejército Mexicano y Armada Nacional llegaron a la ciudad con la misión de fortalecer las medidas de prevención del delito.

Tras la muerte del Niño de oro se desataron venganzas, como el asesinato de Miguel Ángel Beltrán Lugo, el Ceja Güera, originario de La Mojonera, municipio de Sinaloa, durante un enfrentamiento entre internos en la prisión de máxima seguridad de La Palma; la de cinco presuntos gatilleros del cártel de Sinaloa, ejecutados con rifles AK-47 en una residencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas y el asesinato de Arturo Guzmán Loera, el Pollo, hermano menor del Chapo Guzmán, también dentro del penal de La Palma.

Por su parte, elementos de seguridad federal seguían investigando nexos con el narcotráfico de los ex jefes de la Policía sinaloense. Luego del cateo de 18 residencias de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, en Mazatlán, Escuinapa, Culiacán y Navolato, la PGR confirmó en un boletín la relación del jefe policiaco con la organización criminal dedicada al narcotráfico de los hermanos Carrillo Fuentes.

Se giraron órdenes de aprehensión en contra de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez y Martiniano Vizcarra Burgos, pero ya se habían ido. Imitando la actitud de sus jefes, 60 elementos de la PME renunciaron y huyeron antes de que el agua les llegara al cuello.

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A la vuelta de nueve años, la fuerza de los hermanos Carrillo Fuentes involucrados en el narcotráfico parece diezmada. El cártel de Sinaloa, con el apoyo del Ejército y de la Policía Federal, tomó la plaza de Juárez desde que gobernaba Felipe Calderón.

Su líder, Vicente Carrillo, parece haber perdido el control de las operaciones del cártel y entre los nombres que maneja la propia PGR como sucesores del Viceroy, está julio César Carrillo Leyva, hijo de El Señor de los Cielos.