Se acabó la fiesta
La pesadilla del gobernador Mario López Valdez empezó el domingo por la tarde, cuando le avisaron que en un video subido en el sitio web de Ríodoce, aparecía su escolta Frank Armenta Espinoza acusándolo de estar coludido con el narcotráfico.
Armenta Espinoza había sido levantado por un comando la tarde del miércoles 4 de junio, cuando llegaba a su casa ubicada en el poblado Callejones de Guasavito, municipio de Guasave.
El agente, adscrito a la Policía Estatal Preventiva y asignado a la escolta del gobernador, se encontraba de vacaciones.
La Procuraduría General de Justicia del Estado y el propio gobernador expresaron su preocupación por el destino del policía, y durante varios días hablaron de operativos “por mar y tierra” para localizarlo.
Pero no lo encontraron. Fue 18 días después de su secuestro, el 22 de junio por la tarde, cuando llegó a la página web de este semanario un correo a través de la bandeja S.O.S, donde se anexa un link que soporta un video.
“Por favor —dice el mensaje— revisen este enlace, aquí se revela información muy importante, vean el video”.
El propósito acusatorio del video es evidente. Desde su aparición en escena, Armenta Espinoza afirma que, junto con el gobernador asistió, al inicio de su gestión, a una “reunión de trabajo” en Quilá, donde también estuvieron Ismael Zambada García, el Mayo y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Armenta afirma que en esa reunión se habló de la necesidad de formar un grupo para la seguridad del mismo crimen organizado, que este a su vez necesitaba el control absoluto del Estado y que para eso nombraron a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuytoño, a pesar de que había tenido en su contra órdenes de aprehensión.
Acusa en el video que Chuytoño a su vez nombró a Jesús Carrasco Ruiz como jefe de la Policía de Ahome para que combatiera a las células contrarias al cártel de Sinaloa, todo esto con el apoyo del comandante Gerardo Amarillas, quien relevó a Carrasco la semana antepasada, en el marco de la visita al municipio de Ahome, del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.
Entre apariciones en escena del escolta, donde explica los contenidos, audios y resúmenes textuales, transcurren casi 55 minutos del video.
Ahí se expone un audio donde hablan el procurador Marco Antonio Higuera Gómez y el gobernador, y este le ordena —después del ataque a Carrasco el 9 de mayo, por la carretera Internacional México 15—, que, “buscando provocar un enfrentamiento y un conflicto, se lleven amarrados a unos 20 policías de Guasave a la declaración… amarrados ¿eh?”.
—Sí señor —le responde el procurador.
—Quiero que te lleves a todos, esto es un mensaje para toda la Policía —diceMalova.
En dicho enfrentamiento murieron dos policías y tres delincuentes y fueron asegurados varios vehículos blindados —entre ellos un camión de 15 toneladas—, pistolas, fusiles AK-47 y Barret.
También hubo detenidos, pero ni estos ni las armas y vehículos asegurados fueron presentados oficialmente y solo se registró aquello que los periodistas lograron pepenar en el lugar de los hechos.
En una conversación entre Malova y el jefe de la Policía Ministerial, Aguilar Íñiguez, la misma mañana en que ocurrió el ataque a Carrasco, se escucha cuando el gobernador le ordena al policía que no entregue al Ejército las camionetas blindadas que se aseguraron durante la emboscada y la persecución de los sicarios.
Hay otra plática, entre el jefe de la Policía Ministerial y el procurador, donde este le ordena que le dé a Carrasco uno de los rifles Barret que fue asegurado en la misma balacera.
Se anexa otra comunicación, presuntamente entre Carrasco y un narcomenudista, donde el jefe policiaco le pide que le pague por adelantado su cuota porque va a salir de viaje y que le ayude a buscar a otros “puchadores” para que se pongan a su servicio.
En otro audio se supone que el comandante Carrasco platica con un “tirador” de droga al que le pide información sobre un tal Chito y un Rey, a los cuales quiere localizar “para chingármelos”.
En una conversación con el comandante de la Policía de El Carrizo, José Ángel Castro Flores, este le dice a Carrasco que robaron a un hombre y que a otro lo mataron y lo echaron al monte. Y en otro de los diálogos, quien se presume es el comandante de El Carrizo, este reconoce que ha matado ya a 51 personas.
Hay otra charla, presuntamente entre Gerardo Amarillas, sustituto de Carrasco desde el 19 de junio, y alguien que se identifica como el Pay, este le llama para coordinarse y le pide al comandante que le dé un sobrenombre para identificarlo y el comandante le dice que le ponga Amarillo.
También el grupo de gatilleros del cártel de Sinaloa, autodenominado Los Ántrax, que opera en Culiacán, aparecen en escena, pues se anexa una conversación donde supuestamente Héctor Ochoa Polanco, jefe de la Policía Municipal de Culiacán, recibe una llamada de un tal Monky Ántrax, quien le pide al policía apoyo para un detenido en un punto de revisión.
El 6 de mayo pasado renunció el secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Carlos Ontiveros Salas, después de que la Policía detuvo a un grupo de gatilleros y que horas después fueron liberados sin su consentimiento a instancias de un jefe policiaco.
Uno de los gatilleros, según fuentes de Ríodoce, era el Monky. Antes de renunciar, Ontiveros y dos altos jefes policiacos, entre ellos el subdirector de la Policía, Raúl Hernández Hipólito, tuvieron que esconderse en otro estado durante dos semanas, ante las amenazas de muerte recibidas.
Al final del video, Armenta Espinoza dice que hace estas revelaciones “para que el Gobierno federal mire lo que está pasando en Sinaloa y actúe”.
Y hace responsable al gobernador por lo que le pueda pasar a él y a su familia por revelar esta información.
Desconcierto en el tercer piso
La publicación del video provocó un shock en el Gobierno estatal. La misma tarde del domingo el Gabinete de Seguridad, asesores y funcionarios del área de Comunicación, se reunieron para analizar el problema e improvisaron un paquete de medidas para minimizar los daños. Pero no pudieron evitar que el fuego mediático se expandiera.
La misma tarde del domingo, los portales de SinEmbargo.mx y de la revistaProceso publicaron la noticia y agregaron el video. Hicieron lo mismo otros medios de los estados. En realidad, el plan de contingencia mediática solo les funcionó en Sinaloa, sobre todo en noticieros de radio y El Debate, el diario de mayor circulación, pues en ninguno de esos espacios se publicó la nota del video, aunque presurosos reprodujeron el posicionamiento del Gobierno ante tal “agresión”.
A la media noche del domingo, el Gobierno envió a las redacciones un comunicado con ocho puntos.
En el documento, “el Gobierno del Estado hace un llamado a la sociedad sinaloense a no dejarse engañar por quienes desde la ilegalidad y el clandestinaje, pretenden confundir a la ciudadanía, con la producción de materiales sacados de contexto para tratar de generar descrédito a las acciones que este gobierno, a través de su Gabinete de Seguridad, ha emprendido en contra de los grupos delictivos que hoy no encuentran impunidad a sus actos ilegales”.
Afirma que los grupos delictivos, cuando ven afectados sus intereses recurren a este tipo de mecanismos y estrategias para confundir a la opinión pública, con el objetivo de desprestigiar autoridades y jefes policiacos de los tres niveles de Gobierno, como ya se tienen antecedentes en los estados de Veracruz, Coahuila y Tamaulipas.
Agrega que es evidente que el escolta fue torturado “y obligado a actuar de manera lastimosa para preservar su vida”, que “los grupos delictivos incurren en la intervención de llamadas telefónicas manipulando y editando conversaciones” y que el propósito de ellos es amedrentar a las autoridades.
Y que “pretenden, además, lastimar la coordinación y la confianza que como nunca ha entablado esta administración estatal con los tres niveles de Gobierno, el Ejército y la Marina en la lucha contra la delincuencia organizada”.
Las autoridades de Procuración de Justicia —añaden en otro de los puntos— siempre han actuado conforme a la ley, poniendo a disposición del Ministerio Público que corresponda, los elementos de prueba que se aseguran en los distintos hechos delictivos”.
Ríodoce solicitó a la Procuraduría de Justicia los oficios a través de los cuales puso a disposición de la PGR las armas, cargadores, pertrechos y vehículos asegurados en el ataque del 9 de mayo contra el comandante Carrasco, pero la información fue negada “porque forma parte de una averiguación”, a pesar de que, casi siempre, hacen lo contrario.
En una conferencia de prensa ofrecida el lunes, en el marco de una misa celebrada por el Día del Agricultor, el gobernador López Valdez reconoció que es su voz la que aparece en los audios del video, pero que las conversaciones fueron “tergiversadas”.
“Cada día hablo en diversos lugares y digo infinidad de cosas y con la tecnología que hay, manipularon las palabras y armaron el mensaje”, explicó.
Cuestionado sobre sus presuntas reuniones con el Chapo Guzmán y con elMayo Zambada, Malova negó conocerlos y menos favorecer al cártel de Sinaloa en su lucha contra el crimen organizado.
Y agregó: “Hasta donde sé, no creo que ese señor ocupe protección mía ni de nadie, además mi compromiso es con las familias sinaloenses”.
El martes 25, la Procuraduría General de Justicia del Estado presentó denuncia por espionaje y otros delitos ante la PGR, en contra de quien resulte responsable.
Otra parte del paquete de contingencia del Gobierno estatal fue buscar el apoyo de los partidos, el Congreso y el sector empresarial. El martes 25 aparecieron en los diarios locales tres desplegados. Uno estaba firmado por todos los partidos políticos, el otro por las cámaras empresariales y confederaciones agrícolas y uno más por los 18 alcaldes. Todos con el mismo discurso.
Dicen los alcaldes: “Las autoridades municipales de Sinaloa refrendamos nuestro total apoyo al C. gobernador Mario López Valdez por su política de seguridad y decidido compromiso por reducir la incidencia delictiva, que sin duda ha permitido contrarrestar en forma sustancial hechos delictivos de alto impacto en Sinaloa”, dice el comunicado firmado por los 18 presidentes municipales.
Por su parte, las organizaciones del sector privado exponen en otro pronunciamiento que “reconocemos en la persona del gobernador del Estado el esfuerzo que realiza para lograr la estabilidad que la población sinaloense demanda”. Firman las cámaras de la Construcción, de Vivienda, de la Industria de la Transformación, de Restauranteros, de Comercio y las asociaciones de agricultores del río Culiacán, de Hoteles y Moteles, Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, Mujeres Empresarias, la Caades y la Fecanaco.
En un tercer posicionamiento, los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, Nueva Alianza, del Trabajo y Sinaloense, exponen que “deseamos expresar a la sociedad nuestro respaldo unánime a las políticas públicas, acciones, programas y operativos de seguridad pública que se han venido desarrollando desde el Gobierno del Estado en coordinación con el Ejército mexicano, Marina Armada de México y las corporaciones federales”.
Ese mismo día, las fracciones del PRI, PAN y PRD expresaron su apoyo a Malova, mientras la única voz discordante fue la del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Nueva Alianza, quien condenó el caos administrativo, la gran corrupción que impera en el estado y pidió que el video fuera analizado por una empresa extranjera, fuera de todo interés local, para establecer si las conversaciones expuestas ahí fueron o no manipuladas.
Malova y los militares
Sabe si será casualidad o no, pero Mario López Valdez y el general Moisés Melo García llegaron al poder en Sinaloa casi al mismo tiempo. Moisés Melo asumió como jefe de la Novena Zona Militar el 5 de diciembre de 2010 y Malova protestó para la gubernatura el 31 de diciembre del mismo año.
Melo García llegó de la 16 Zona Militar en Guanajuato, pero antes estuvo al frente de la Décima Zona en Durango. De ahí traía dos famas: una, que no se preocupaba mucho por el respeto a los derechos humanos en las operaciones de las tropas a su mando. La otra, como contraparte, es que le encantaban las relaciones públicas.
Así que se conocieron recién sentaditos en sus respectivas sillas. Y lograron, como suele decir Malova por doquier, niveles de coordinación que no se habían registrado en Sinaloa entre el Gobierno estatal y las fuerzas castrenses.
No pasó mucho tiempo para que la fama de general “duro”, de Melo García, se validara en Sinaloa. El 14 de febrero de 2011, una jovencita, Leslie Abigail, de 17 años de edad, recibió un tiro de G3 en la cabeza, cuando soldados que realizaban un rondín por el fraccionamiento Nakayama dispararon contra una camioneta que al parecer no obedeció una orden de “alto”. Viajaban tres parejas, casi todos menores de edad. La joven fue trasladada por los mismos militares al hospital del ISSSTE y después al Hospital Militar de la Ciudad de México, donde fue intervenida. Sobrevivió.
Cada mes, los mandos militares de la Tercera Región y de la Novena Zona se reúnen con el Gabinete de Seguridad del Gobierno estatal y con los alcaldes de los municipios más acosados por la violencia, para definir líneas de acción, aunque en los últimos meses el Ejército prefirió andar solo en los operativos.
Esto fue motivado por el asesinato de dos militares por parte de la Policía Municipal de Mazatlán, durante una persecución, la madrugada del lunes 18 de marzo. La Policía dijo que se había tratado de un enfrentamiento, pero luego se estableció que les habían dado alcance y que, al tenerlos rodeados, simplemente los ejecutaron.
El jefe de la Policía, Marco Antonio Medrano, fue destituido y siete policías fueron detenidos.
La relación personal de Malova con el general pareció no modificarse, pues fueron muchas las veces que los dos coincidieron en eventos, ya sea de carácter civil o militar. Pero las columnas de vigilancia se separaron. Por un lado las policías, por el otro los militares. Y solo confluyen en los enfrentamientos, de unos o de otros, con la delincuencia organizada.
Una de las conversaciones que expone el video, es entre el general Melo y el gobernador. Ahí hablan de los apoyos que el Ejército le está brindado a las policías estatales y municipales en distintos puntos del estado. Es una charla informal, coloquial, donde la “Señora Licha” —esposa del general— le manda saludos al gobernador. “Páseme a mi generala para saludarla”, le dice Malova.
Entrevistado respecto al video, el general Moisés Melo García se deslindó del problema: “No tengo nada que opinar al respecto, no es problema mío, es de ellos”, señaló cuando Ríodoce le solicitó una entrevista.
—¿Nada, aunque en el video se escucha su voz? —se le cuestionó.
—Nada, no tengo nada qué opinar de eso —respondió.
En una conversación entre el gobernador y el jefe de la Policía Ministerial, Malovale ordena a Chuytoño que no entregue al Ejército las camionetas blindadas aseguradas, “para usarlas nosotros”.
Pero el general dijo que no es su problema.
Días antes del la publicación del video, el general había dicho que el Ejército mexicano coadyuva de manera coordinada con las autoridades estatales y con la PGR para dar con la localización del escolta del gobernador.
Dijo que pronto habría información del caso, que existían avances: “ojalá y pronto se localice a esta persona y sobre todo con vida”.
¿Quién tiene a Frank?
Desde el primer posicionamiento del Gobierno estatal este da por descontado que el video y el secuestro del escolta es obra de “los grupos delictivos que hoy no encuentran impunidad a sus actos ilegales”.
No hay, sin embargo, ningún elemento firme para concluir que lo tiene la triada Beltrán-Zetas-Carrillo Fuentes, que son los grupos golpeados por la administración malovista, como lo expresa Frank Armenta y como lo reconoce el propio gobernador. Tampoco nadie ha reivindicado el hecho.
Desde que inició la presente administración y la ola de ataques contra objetivos policiacos, los grupos han hecho alarde de su poderío y han demandado, a través de narcomensajes, en mantas y cartulinas, un trato igual.
Pero esta vez no ha sido así. Está la acusación abierta, detallada, de lo que consideran políticas criminales impulsadas desde el Gobierno estatal, pero no hay más autoría aparente del videofrankazo que el propio escolta que aparece a cuadro.
Pero hay razones de sobre para alimentar la percepción de que los autores provienen de ese grupo criminal.
Las agresiones contra el gobierno de Malova iniciaron casi con su administración, pues el primer ataque a las policías estatales ocurrió el 6 de marzo, cuando un grupo de sicarios asesinó a siete policías ministeriales durante el traslado de dos reos desde la ciudad de Los Mochis a Culiacán, en las inmediaciones de Guasave. Y siguió con crímenes de alto impacto, los llamados narcomensajes, a veces acompañados de cuerpos descuartizados que han arrojado en las mismas escalinatas del Palacio de Gobierno.
A partir de la detención de Giovanni Lizárraga Ontiveros, operador de los Beltrán Leyva en la zona norte, la madrugada del 15 de mayo de 2011, este grupo desató una guerra mediática sin precedentes en Sinaloa.
La mañana del lunes 30 de mayo de 2011, autoridades de cuatro municipios: Culiacán, Guasave, Ahome y Sinaloa, reportaron el hallazgo de al menos 19 narcomantas, todas con imputaciones directas al gobernador López Valdez sobre una presunta alianza con Joaquín el Chapo Guzmán.
Ninguno de los mensajes tenía la rúbrica de persona o grupo alguno, aunque las autoridades adelantaron que se trató del cártel de los Beltrán Leyva. Ese mismo lunes, por la noche, el cuerpo de un policía ministerial fue arrojado por el bulevar Pedro Infante, justo enfrente del edificio del Congreso del Estado.
Una de las dos mantas colocadas en Guasave, sobre los bulevares Juan Millán y 16 de Septiembre, en el cruce de la carretera México-15, al mismo tiempo que el gobernador realizaba un acto en esa ciudad, decía a la letra: “Malova ahora que fuiste a México le platicaste al presidente que fuiste a comer con el ChapoGuzmán el día 6 de septiembre del 2010 en 1 rancho de Kila, niegalo que te encargó que limpiaras la zona norte de Sinaloa para que se pudieran meter así como darle información (sic)”.
En la ciudad de Culiacán también aparecieron dos narcomantas. Uno de los mensajes decía textualmente: “General comandante de la Novena Zona, la guerra no es con ustedes, a ustedes se les respecta no así a los policías deMalova que están con el Chapo Guzmán ellos se esconden detrás de ustedes, quiero que sepa que Malova le trabaja al Chapo, investigue a los comandantes de la Policia Especial, que de especial no tienen nada (sic)”.
Esa vez Mario López Valdez desestimó el señalamiento de los mensajes y declaró que es la reacción propia de los grupos criminales debido a que el Estado los está combatiendo.
El 15 de julio de ese año, comandos de estos mismos grupos perpetraron dos ataques contra la Policía dejando como resultado once agentes muertos y cuatro lesionados. El primer ataque ocurrió en la ciudad de Los Mochis, donde un agente y un civil resultaron heridos. El segundo ocurrió en la carretera Internacional, justo en el entronque con la 19, que conduce a Estación Naranjo.
El Ejército le atribuyó la matanza a las células de Fausto Isidro Meza Flores, elChapo Isidro. Al día siguiente aparecieron narcomantas acusando que el Gobierno protegía al grupo del Chapo Guzmán. Malova lo volvió a negar.
Habría un ataque más directo. El 18 de enero de 2012, un par de gatilleros llegaron en motocicleta a una de las sucursales de la Ferretería Malova —propiedad del gobernador— en Mazatlán y dispararon contra dos empleados e intentaron incendiar el negocio. Uno de los trabajadores murió en el acto y el otro resultó herido con un impacto en la cabeza.
Días después aprehendieron a los presuntos responsables y estos declararon que el ataque había sido una reacción por la detención de seis presuntos secuestradores, entre ellos dos mujeres, que días antes habían sido detenidos.
“Lo único que sé —dijo esa vez Malova— es que es producto de las acciones que ha tenido el Gobierno de enfrentar a los delincuentes. Esto es por defender a Sinaloa y a sus familias, y aún con estos riesgos no renunciaré al rol que tengo como gobernador”.
Sin embargo, hasta el cierre de la edición, ningún
grupo de delincuentes se había adjudicado el secuestro del escolta ni la
autoría del video.
EL DESTINO DE TAVITO
Una de las conversaciones que expone el video es la que sostienen el comandante de la policía en El Carrizo y otra persona, al parecer funcionario del ámbito forense de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Sur.
Funcionario (F): Bueno compa, ¿qué hiciste?
José Ángel Castro Flores (JACF): Maté al Tavito.
F: Mataste al Tavito, guey.
JACF: Sí, maté al Tavito.
F: Ya te chingaste en el…
JACF: Afirma, comandante, afirma… promesas son promesas.
F: ¿Pues cuántos llevaas ya cabrón?
JACF: 37, más los de El Carrizo, siete más acá, son 43 y como unos ocho que llevo acá son como 51, llevo 51.
F: No tienes vergüenza, Dios te va a mandar al infierno.
JACF: Pues sí jefe, recuerde que el último leyó unos versículos, se despidió de Dios, llevaba unos pasajes el señor.
F: Mucho cuidado ahí.
JACF: Ándele pues jefe.
El Tavito fue asesinado a balazos el 22 de octubre del 2012 en una escuela del ejido Chihuahuita, al norte de Los Mochis. En realidad se llamaba Octavio González Rodríguez y vivía en el poblado en donde falleció.
De esa muerte, el comandante de la Policía Municipal de El Carrizo, José Ángel López Flores, se jacta de haberla prometido, en una llamada a un radio de un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que a su vez le reclama que también le prometió sepultarlo, para no trabajar en el caso. Incluso, el jefe de policía se burla de que este se despidió rezando unos versículos a Dios.
Según el reporte de entonces, particulares reportaron gente armada en el interior de una secundaria. Los agentes no encontraron a nadie, cuando revisaron las aulas, pues no había clases. Sin embargo, fue abierto un laboratorio, en donde estaba, presuntamente, ocultó su objetivo. Este pretendió atacarlos con una pistola calibre .22 y los policías repelieron la agresión, matándolo.
El Tavo, según la información del momento, se las debía a los policías, pues sabían que era el jefe de los narcomenudistas Los Mazatlecos, y por ello ejecutor del comandante Cipriano Solano López (23 abril 2012) y del ministerial Raúl Castelo Salomón (27 junio 2012), así como participantes del atentado en contra de agentes preventivos en la sindicatura de Higuera de Zaragoza (22 abril 2012) que dejó seis gendarmes lesionados.
Cuando fue localizado por la Policía, su clan delincuencial ya lo había abandonado. Estaba en desgracia y sin poder, ni armas, ni mando y sin dinero. Estaba solo. Estaba en el laboratorio, porque lo habían contratado para que realizara algunas reparaciones eléctricas.
El comandante de la Policía Municipal en El Carrizo, José Ángel Castro Flores, conocido por el apodo del Chuki, no fue localizado para conocer su opinión respecto de las dos grabaciones clandestinas realizadas a su radio, en conversaciones con su jefe de entonces, Jesús Carrasco Ruiz y de otros funcionarios de Servicios Periciales de la PGJE, a quien llama “maestro”.
En las grabaciones, el comandante habilitado, y veterano en las filas con 24 años de experiencia, se jacta de haber matado a 51 personas, y al último le había permitido rezar algunos versículos para encomendarse a Dios.
Según sus antecedentes de servicio, Castro Flores conformó el grupo de policías autodefinido como Los Compadres, ya desaparecido, pues unos terminaron siendo asesinados y los más despedidos.
Tras el arribo del mayor León Horacio Reyes, en el 2011, y actualmente procesado por delincuencia organizada en la modalidad de fomento de narcomenudeo a favor de Los Mazatlecos, el comandante fue removido a la comandancia de Higuera de Zaragoza, y de acuerdo con declaraciones ministeriales que obran en el toca 96/2012 del juicio de amparo 38/2012 promovido por Germán Carrillo Ochoa, coacusado con Reyes, “el cambio fue porque por ahí ingresaban las pangas cargadas con mariguana y otras drogas”.
El Chuki no fue investigado por esas imputaciones hechas en vía de declaración ministerial.
Por el contrario, fue removido de asignatura tras dos atentados en contra de policías. El 22 de abril del 2012, seis de sus compañeros fueron emboscados mientras cenaban y al día siguiente, Cipriano López Solano, entonces comandante en El Carrizo, fue privado de la libertad y decapitado.
Castro Flores fue enviado a esa zona, en donde aún permanece.
El alcalde de Ahome, Zenén Aarón Xóchihua Enciso, reconoció que el narcoescándalo que desató el video del escolta del gobernador, Mario López Valdez, Frank Armenta Espinoza debe ser investigado por autoridad competente.
Mientras tanto, Gerardo Amarillas Gastélum, recién designado director de la Policía Municipal en Ahome, no quiso responder a Ríodoce sobre la veracidad de la grabación clandestina de una llamada a su radio para alquilar sus servicios para el cártel de Sinaloa, y que fue difundida a través del portal del semanario. Solo dijo que tenía mucho trabajo.
El regidor de Ahome, Miguel Medina, reconoció que Sinaloa apesta y que la Política huele más.
Esto, dijo, porque el video puso en claro lo que ya muchos pensaban, pero que no se hablaba a cielo abierto, sino a hurtadillas: el narco contaminó gobiernos y a políticos.
“En lugar de que los políticos de uno o de otro partido firmaran desplegados avalando las acciones de Gobierno, debieron antes asustarse por lo denunciado en el video, forzado o no, y exigir una investigación de los señalados, de los involucrados, de todos. Y no una investigación local, sino federal, porque la autoridad local está involucrada en el narco”.
En plena sesión de Cabildo, celebrada este viernes, Medina reconoció el valor deRíodoce al dar a conocer el video en su portal.
Medina fue de los regidores ahomenses que frenó los excesos de los agentes de la Policía Municipal que escudados en el temor a represalias del crimen organizado se encapucharon y eliminaron las matrículas de las patrullas, para después, extorsionar, asaltar, y robar a transeúntes.
Incluso fue el único que sentó en un banquillo al intocable director de la policía, Jesús Carrasco Ruiz, para que dejara las prácticas abusivas en contra de la población civil, obligándolo a sacarse las capuchas a los policías y rotular de nuevo las patrullas.
El alcalde de Ahome, Zenén Aarón Xóchihua Enciso, reconoció que el video debe ser investigado por autoridad competente.
Y aunque respaldó a sus jefes de Policía, consideró sano y prudente un deslinde oficial de hechos, o la consignación por las probables implicaciones oficiales.
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