Río Doce.- El asesinato de Enrique el Gallo Mendívil Flores, ocurrido veinte días antes de que Mario López Valdez ganara el 4 de julio de 2010 la gubernatura de Sinaloa postulado por una alianza opositora al Partido Revolucionario Institucional, pudo haber sido una acción de la narcopolítica, según revelan las escasas investigaciones a tres años de distancia de la muerte del ex líder ganadero estatal.
Mendívil Flores, operador político del entonces candidato priista a la gubernatura, Jesús Vizcarra Calderón, y aspirante a una regiduría en la planilla de pretensos a la alcaldía de Culiacán que encabezaba Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue asesinado el 14 de junio de 2010, en pleno proceso electoral, mientras conducía su camioneta Toyota con placas VKP-1840, por la avenida Álvaro Obregón, cerca del parque Culiacán 87.
A diferencia del abandono en que dejó el caso la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO) la que tomó en sus manos el expediente dos semanas después de ese crimen de alto impacto, anexando una serie de elementos de contexto y declaraciones de personas vinculadas a la víctima.
En las indagatorias se asienta que Enrique Mendívil había recibido advertencias en dos ocasiones para que retirara su apoyo y el del sector ganadero a Jesús Vizcarra Calderón, pero en ambas amenazas reiteró su lealtad al candidato del PRI a la gubernatura. La primera habría ocurrido a inicios de marzo y la segunda a principios de junio, ambas en 2010, tratándose de llamadas telefónicas que lo emplazaban “a que se bajara del equipo de campaña de Vizcarra”.
Pero anteriormente, el primero de diciembre de 2008, libró el ataque de un grupo armado dirigido en su contra, en la colonia Guadalupe, de Culiacán, muriendo ahí su chofer Ignacio León Pérez. Desde entonces Mendívil se movilizaba en vehículos blindados.
Otra versión obtenida por la Procuraduría General de la República indica que Enrique Mendívil fue portador de varias amenazas dirigidas a Jesús Vizcarra Calderón, la primera para que declinara a la postulación del PRI para gobernador y las otras instándolo a que disminuyera el nivel de intensidad del proselitismo ya como candidato.
La investigación, ordenada por quien en esos momentos ocupaba la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, inició a raíz de la solicitud que hicieron senadores, diputados federales y funcionarios estatales y municipales de Sinaloa, cuyos nombres mantuvo bajo reserva la fiscalía federal.
En septiembre de 2012 el archivo sobre el caso Mendívil Flores fue cerrado por la SIEDO sin establecerse por órdenes de quién y por cuáles motivos lo asesinaron dos sujetos que desde una motocicleta le dispararon con armas AK-47 y R-15, esta última habilitada con un dispositivo especial para proyectiles calibre .40 que perforaron el blindaje de la camioneta.
Piezas que embonan
En las fichas elaboradas por los servicios de espionaje del Gobierno de Sinaloa durante el gobierno de Juan Millán Lizárraga se había incluido el nombre de Enrique Mendívil Flores, señalado por tener relaciones con el narcotráfico. Junto a otros personajes de la política, como son los casos de Óscar Félix Ochoa y Sergio Torres Félix, actualmente candidatos a diputado por el distrito 14 y a presidente municipal de Culiacán, en ese orden, tenían un expediente negro cada uno.
Del Gallo Mendívil se mencionaba en las fichas elaboradas por el Gobierno estatal la riqueza súbita traducida en propiedades, casas, vehículos de lujo, cuentas bancarias y gran poder político que acumuló con base al dinero.
Mediante una investigación periodística de Ríodoce se estableció que, en una sola operación constatada en el Registro Público de la Propiedad, en marzo de 1988 compró un terreno de 23 hectáreas en El Tamarindo, sindicatura de Culiacancito, con un costo de 23 millones de pesos. “Se le vincula con grupos de narcotraficantes de la sindicatura de Eldorado”, dice la cédula de inteligencia local.
De Óscar Félix, la información clasificada por el Gobierno del Estado destaca que “ha sido vinculado al narcotraficante Javier Torres” y anexa un comentario: “Es cuñado de Javier Félix Torres, alias el JT”.
En lo que corresponde a Sergio Torres Félix, en las mismas fichas también se le adjudica un parentesco con Javier Torres, el JT.
Sobre la autoría de estas fichas, Joel Hernández Niño, quien fuera director de Gobierno en la administración de Jesús Aguilar Padilla, culpó a su antecesor en el cargo, Luis Pérez Hernández, de haberlas elaborado.
Pérez Hernández, jefe del área de espionaje durante el sexenio de Juan Millán Lizárraga, acabó siendo uno de los principales operadores políticos en la campaña electoral que llevó a Mario López Valdez al Gobierno de Sinaloa. A este personaje ligado en todo momento con la intriga palaciega se le responsabiliza de los atentados con artefactos explosivos de fabricación casera lanzados en Culiacán contra la sede del Partido Acción Nacional, el 12 de junio de 2010, y una semana después, el 18 de junio, en las oficinas del Partido de la Revolución Democrática.
Estos atentados, de los cuales el PAN y PRD responsabilizaron al PRI y a su candidato Jesús Vizcarra Calderón, habrían sido planeados por Pérez Hernández y Juan Manuel Zarco Bernal, contratando a terceros para que los materializaran con el objetivo de culpar a los priistas y enrarecer el ambiente electoral, según las indagatorias.
Luis Pérez Hernández fue asesinado el 25 de enero de 2011, a poco más de tres semanas de iniciado el gobierno de López Valdez y Zarco Bernal desapareció de la escena pública luego de haber pretendido una subsecretaría de Seguridad Pública en el “gobierno del cambio”.
Justicia desentendida
Al día siguiente de que mataron a Jesús Mendívil Flores, la Procuraduría General de Justicia del Estado filtró la hipótesis del “ajuste de cuentas” como línea principal de investigación. El entonces subprocurador general, Rolando Bon López, hizo la declaración al señalar que ello derivaba de la forma de actuar de los sicarios y las armas utilizadas.
De inmediato tuvo que salir a corregirlo quien se desempeñaba como procurador general, Alfredo Higuera Bernal, para negar la existencia de evidencias que ligaran al ex dirigente ganadero con el crimen organizado.
En el trienio transcurrido desde que asesinaron a Enrique Mendívil la justicia ha estado de siesta. El estado de la investigación es casi el mismo en la PGJE que guardó el expediente prácticamente con los peritajes efectuados en la escena del crimen y desde ese punto no se ha movido un ápice.
Las mismas declaraciones de origen aportadas por testigos y familiares de la víctima conforman el expediente que luego, al presumirse delincuencia organizada, fue puesto en manos de la PGR. Posteriormente, el gobierno deMalova dejó ahí la investigación con el sello de “caso pendiente”.
En relación a la violenta muerte del ex líder ganadero y operador vizcarrista, a finales de junio de 2010, Manuel Clouthier Carrillo dio una conferencia de prensa como diputado federal panista, en la que dijo que Mendívil Flores era vínculo de Ismael el Mayo Zambada con el gobierno de Jesús Aguilar.
Al calor de aquella acusación que señalaba a Jesús Vizcarra de ser compadre delMayo Zambada, Clouthier se refirió a Mendívil Flores como “alguien que sabemos le hablaba ‘golpeado’ al gobernador Jesús Aguilar, igual que Vizcarra… Esto dibuja quiénes son o quiénes eran los que mandaban y quién era el empleado ahí”, agregó.
“Primero, en la época de Antonio Toledo Corro con Inés Calderón, era precisamente el vínculo entre Inés Calderón y el gobierno toledista, y hoy sabíamos también, que era entre otros, el vínculo del Mayo Zambada con el gobierno de Jesús Aguilar Padilla”.
Al cuestionársele a Clouthier con qué elementos de prueba contaba, respondió: “Esto es conocido. ‘Todo mundo’ lo sabía”.
Es lo que finalmente quedó ante la incapacidad mostrada por los órganos federal y estatal de procuración de justicia para esclarecer el crimen: la conjetura de que fue un asunto planeado y resuelto por la narcopolítica en Sinaloa.
VOTÓ EL TERROR
Campañistas de Jesús Vizcarra Calderón todavía se ponen nerviosos y ocultan la identidad cuando recuerdan que entre mayo y junio de 2010 se tendió sobre ellos un cerco de miedo para que ablandaran el proselitismo a favor del candidato del PRI a gobernador.
Antes de que mataran a Jesús Mendívil Flores, recuerdan, a partir de la primera semana de junio, cuando Vizcarra empezó a despuntar en las encuestas, a los dirigentes municipales del PRI, a los comités de base y a síndicos se les hicieron llamadas para notificarles que Vizcarra no era el que debía ganar la elección.
“A muchos de nosotros se nos atravesaron camionetas con gente armada que nos decía que andábamos muy engallados, que Vizcarra no era el bueno, que le bajáramos o nos atuviéramos a las consecuencias”, afirman.
“A inicios de julio, unos días antes de la votación, los activistas políticos de Vizcarra en Eldorado, Quilá y Costa Rica estaban paralizados por el terror. Llamaban y nos decían de amenazas y nosotros optamos por sacarlos de la campaña, para protegerlos. Era la locura pues les tocaban sus puertas en las madrugadas y les gritaban: o te pones quieto o te ponemos”.
En un momento de la campaña —dice uno de los operadores amenazados— el mismo Vizcarra ordenó que nadie se pusiera en riesgo por realizar proselitismo a su favor. “Ya se animaron contra el Gallo Mendívil, como quiera se atreven a atrasar a otros”, les expresó.
Al ser localizados y entrevistados para conocer la experiencia que vivieron en la intromisión que tuvo el crimen organizado en la elección local de 2010, aceptan que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y Jesús Aguilar Padilla, gobernador en aquel tiempo, tuvieron conocimiento de esta situación pero se declararon incapaces para enfrentar el problema.
Reacios a revelar más detalles, se plantan en el mismo miedo de hace tres años. “La elección fue hace tres años, pero el terror, que fue el que votó en 4 de julio de 2010, sigue aquí. Con otros nombres y otros intereses, pero el peligro no se ha ido”, advierten.
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