Río Doce.- Asesinatos, desaparecidos, facebook, volantes, mensajes…

Los enfrentamientos entre la Policía local y La Mochomera, célula armada por el cártel Beltrán Leyva para el control de la zona norte de la entidad, se recrudecieron al ser asesinados seis civiles y privadas de la libertad al menos once personas. La guerra entre ambos grupos se extendió al volanteo de panfletos por ambas partes.

En esa pugna armada, La Mochomera se adjudicó el triple asesinato de Carlos Alberto Figueroa, Joab Ibarra Ibarra y de Juan Manuel López Ortiz, muertos todos en un tiroteo sobre la carretera Internacional tramo Bachoco-Los Mochis. “Eran parte de la avanzada del Chapo, pero fueron delatados por policías de confianza de Jesús Carrasco, anotó en su cuenta de Facebook el Dos Letras. La cuenta ya fue bloqueada.

Antes de ser inutilizada, en la misma cuenta, La Mochomera anunció que seis personas más fueron asesinadas por esas mismas causas. Sobre los cuerpos dejó una cartulina amarilla señalando la causa de la múltiple ejecución. Momentos después, media docena de cuerpos fueron arrojados desde una camioneta blanca en movimiento en la zona industrial de Concheros, a unos siete kilómetros al sur de esta ciudad, pero la cartulina había desaparecido tras que policías confirmaron el hallazgo. En el transcurso de los días, tres de los seis muertos fueron identificados como los taxistas José Rosario Gámez Salazar y José Antonio Ramírez Gámez, así como Óscar Fabián López García, y del resto se ignoraban datos.

Con estas muertes, las privaciones de la libertad no cesaron, sino que continuaron. En ellas cayeron líderes transportistas, sus hijos, camioneros, mecánicos, empresarios, agricultores, entre otras personas. Solo un reducido grupo de ellos ha sido dejado en libertad, pero del paradero del resto no hay datos. Se cree están retenidos en alguna casa de seguridad, en el monte o ya sepultados en tumbas clandestinas.

La disputa del territorio de la ciudad subió al cielo. Y es que desde avionetas, volando en la penumbra del amanecer, se lanzaron volantes. En una hoja de color blanco se acusa al director de la Policía Municipal, Jesús Carrasco Ruiz, de ser un director de levantones y desapariciones forzadas; de distribuidor de drogas ya que tiene sus propios tiradores, estar al mando del Chapo Guzmán, que clona patrullas para delinquir “como tu querido amigo el Cholo Iván.

En otro panfleto se acusa al gobernador Mario López Valdez de ser “el gobernador de la corrupción”, y se asegura que pronto la espada de la justicia caerá sobre él.

Tras lanzarse los volantes, la Policía Municipal fue desplegada para recogerlos, lo que hizo con eficiencia pues llegó al exceso de amenazar a los civiles con detenciones si conservaban un documento.

Por los panfletos, el gobernador López Valdez ofreció que denunciaría los hechos ante la Procuraduría General de la República para que se investigue origen y autoría. Hasta ahora no se conocen avances de esa pesquisa.

Tras los días de terror vividos en el norte de la entidad, el alcalde Zenén Aarón Xóchihua Enciso reconoció que la disputa por las actividades delictivas en Ahome y sus alrededores habían disparado las alertas, y estas obligaban al replanteamiento de las operaciones. Dijo que recurriría al Gobierno del Estado para reforzar las operaciones en contra de la inseguridad. Y el gobernador Mario López Valdez respondió al llamado del alcalde. Pidió una reunión emergente del Gabinete de Seguridad, juntándose en el despacho de la Presidencia Municipal, en donde bromeó con mandos militares, navales y policiales: “Uff, si esta oficina hablara”. No fue a los únicos que convocó, pues también citó a los presidentes de organismos intermedios para hacer “bola grande” a los acontecimientos que empañaban los resultados de la administración.

López Valdez no detalló las operaciones a realizar como respuesta a los embates de los grupos delictivos, pero reitero que “Ahome no estará solo, y que no entregarían los espacios ganados a la delincuencia”.

Por separado y por encomienda del propio gobernador, el procurador general de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, salió al paso de los hechos, pero se negó a dar detalles de lo que sabían ocurría en Sinaloa, y en especial en el norte de la entidad, así como también omitió detallar las acciones de respuesta, que dijo, estarían realizando instituciones locales y federales en los siguientes días, y que ahora se resumen como más patrullaje y más retenes.

El procurador negó que el Gobierno de Sinaloa esté favoreciendo a un grupo delictivo, y tácitamente reconoció conocer del volanteo de las imputaciones y de los mensajes a través de cuenta de Facebook, que dijo se han turnado a la Procuraduría General de la República para que con toda transparencia realice las investigaciones necesarias. “Los volantes y los mensajes de Facebook son analizados y se remiten a la Procuraduría General de la República para que hagan las investigaciones necesarias. El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de combatir a todos los delincuentes sin importar colores, líneas, grupos de cómo se denominen, el objetivo nuestro es restablecer la tranquilidad en todo el estado”.

En tanto, las cámaras de la Industria de la Transformación, de Hoteles y Moteles, de la Industria Restaurantera, de los agricultores privados y el Centro Empresarial, respaldaron la oferta del Gobierno del Estado de aumentar la presencia policial para frenar el avance de la delincuencia, aunque sin plazo perentorio.

Jorge López Valencia y José Luis Stone Aguilar, con el respaldo de Flavio Mexía y de Víctor Peña Villalobos, afirmaron que la población debe de tener confianza en los esfuerzos que la autoridad realice para frenar a la delincuencia “Aunque dos de cada tres personas sufrieron ya alguna afectación por la delincuencia.

Aunque la policía tomó las calles y los retenes militares se centraron en los límites de Ahome y Guasave, las operaciones de los grupos delictivos no sufrieron freno. Las privaciones de la libertad continuaron al orden del día, de la hora, del minuto. Y mientras los políticos pregonan acciones, la ciudad vive con miedo. Un miedo a los delincuentes, pero también a la Policía, que dicen, ahora son los mismos.

Recuadro:El cateo a la casa de seguridad

Los inquilinos habían llegado a la casa del fallecido marino mercante dos meses atrás. Por ser hombre de mar el constructor, en la fachada colocó un ancla de cantera. Esa era la señal de su casa, y también la que guió a los militares de la Base de Operaciones Mixtas Urbanas a saber de que se trataba de una casa de seguridad, a media mañana del martes 4 de junio, en la segunda sección del fraccionamiento Alameda.

Esa vivienda fue alquilada a la viuda por una pareja, pero sus reales moradores siempre fueron jóvenes, educados, nada groseros, alegres, pisteadores, que entraban y salían como si nada, saludando de palabra o con la mano, a veces, recuerdan vecinos.

Pero la tarde de ese martes, un piquete de soldados tomó por asalto el fraccionamiento. Se apostaron en azoteas, calles, tomaron el control y allanaron la casa. Los vecinos dicen que ya nada había en la vivienda marcada con el número 920 de la calle Rosa de Laurel, casi esquina con Ingenio Águila, porque desde temprano, todos los ocupantes habían salido apresuradamente, pero otras versiones señalan que los soldados se habrían llevado seis autos, media docena de detenidos y armas. Hasta ahora no hay un reporte del cateo, aunque la casa se encuentra abierta.

Había una razón para esa salida apresurada de los inquilinos, pues el convoy militar y municipal rastreaba la vivienda, habiendo recibido una llamada anónima de que en ella había gente encapuchada y armada y que había metido a la fuerza a un civil. Como seña, la casa tenía un ancla al frente.

Los militares iniciaron el reconocimiento del área y mientras se acercaban, dos unidades se les incorporaron a distancia. Eran vigías de los facinerosos que al verse descubiertos emprendieron la huida, y los policías la persecución.

Recorrieron varias calles, alejándose del objetivo, hasta que finalmente la corretiza concluyó con un choque entre una patrulla y una vagoneta, resultando todos los ocupantes lesionados e incendiándose las dos unidades. En la confusión, se presume la fuga de los inquilinos de la casa.

Horas después, en el callejón Tepic, frente al domicilio marcado con el número 316 de la colonia Insurgentes, la Policía encontró una unidad Nissan, tipo Tsuru, color blanco, con placas para circular VNF 9484 del estado de Sinaloa, que resultaron sobrepuestas. El vehículo señuelo fue robado el día 7 de mayo de 2013 en Escuinapa, Sinaloa.