Desdén por víctimas en fuga
Paúl Mercado/Río Doce
Desplazados por violencia: todos lo saben, todos lo ignoran…

Desde el gobernador del estado, Mario López Valdez, pasando por su secretario de Desarrollo Humano, regidores, diputados locales, federales, autoridades municipales, alcaldes, la titular de la Sedesol federal, e incluso hasta el secretario de la Defensa Nacional, todos saben que en Sinaloa el problema de los desplazados por razones de violencia es real, crudo, pero nada o poco ha sido la respuesta.

El problema de los desplazados en Sinaloa, como en el país, no es exclusivamente motivado por la violencia, pero ha sido esta razón lo que ha mediatizado el fenómeno, mismo que no termina por encontrar eco en los escritorios de los que gobiernan y menos ha inspirado una política pública para atenderlo.

El recordatorio más reciente que se le hizo a las autoridades “competentes” sobre este asunto fue vía recomendación general emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a manera de informe especial sobre los desplazamientos de personas en Sinaloa, pero la respuesta ha sido la misma: indiferencia.

“Hasta el momento no se ha recibido respuesta ni del titular del Poder Ejecutivo ni de los 18 presidentes municipales, a quienes va dirigida la recomendación”, reveló Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH, quien aclaró que aunque no están obligados por ley a responder la recomendación, por hábito se les solicitó que informen sobre las medidas y acciones que lleven a cabo y remitan constancias que lo acrediten.

El ombudsman sinaloense deja en claro que los gobiernos sí atienden el problema mediante un plan de soluciones inmediatas que atiende situaciones que se les van reportando, pero hasta el momento se carece de un proyecto que los encare de manera integral. “Lo que se busca es generar una política preventiva, pero es algo que todavía no encontramos en ninguna instancia”.

Que se sepa

El fenómeno de los desplazados es algo que siempre ha ocurrido, por diferentes causas, como la falta de oportunidades y problemas familiares, pero a partir de la guerra entre los cárteles de las drogas y del Gobierno contra ellos, la violencia ha disparado el número de víctimas, sobre todo en regiones que como Sinaloa son focos de disputas por las plazas entre grupos de narcotraficantes.

Por esa razón fue que el gobernador Mario López Valdez, aunque ha minimizado el asunto, aprovechó la reunión con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, previo a su participación en la XXIX Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario del 20 de diciembre del 2012, para plantearle el tema de los desplazados y buscar cómo protegerlos.

Cinco meses atrás, en julio de ese mismo año, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) entregó un estudio al gobernador Malova, donde se le advertía que los desplazados por violencia podrían rondar la cifra de las 16 mil familias en 11 municipios.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), que dirige Juan Ernesto Millán Pietsch, respondió con un estudio que arrojó la existencia de 3 mil desplazados por esa causa, pero los datos de la Secretaría de Seguridad Pública y los de los ayuntamientos no coincidían, lo que planteó la necesidad de realizar un censo. Todavía no se sabe con exactitud cuántas personas se ven afectadas por este fenómeno.

Pero no solo la Sedena, el Gobierno del Estado y la Sedeshu ya estaban enterados del problema. El mismo estudio se envió al Congreso del Estado y personalmente se dirigió a la diputada local Rosa Elena Millán Bueno, entonces presidenta de la Mesa Directiva. A partir de eso, desde la perspectiva parlamentaria los desplazados no han pasado de un posicionamiento.

En el documento de la CEDH denominado Informe Especial Sobre los Desplazamientos Internos de Personas en Sinaloa, y que se entregó el pasado mes de marzo al titular del Poder Ejecutivo, se consigna como contexto un hecho que ratifica que las autoridades están plenamente enteradas del fenómeno. Se trata de la denuncia que un poblador de Ocorahui, municipio de Sinaloa, presentó ante la Comisión, donde expone que la falta de apoyos por parte de las autoridades municipales estaría violentando sus derechos y el de varias familias afectadas. La queja quedó radicada bajo el expediente de investigación número CEDH/V/VZE/002/2012.

Al ser requerida la autoridad municipal, admitió estar enterada de los hechos y procedió a brindar ayuda vía Sistema DIF municipal con la entrega de despensas y cobertores. Además informaron que se dio aviso al Gobierno estatal. Los apoyos, aunque sí fluyeron, no llegaron a todos.

Otra forma de enterar a la autoridad de que este problema estaba creciendo, fue a partir de que la CEDH detectó vía reportes periodísticos que un número cada vez mayor de personas abandonaban sus comunidades ante la violencia que prevalecía en ellas.

Caso concreto y motivante fue la grave situación de violencia que se vivía y todavía se padece en la región de Choix, Guasave y Sinaloa, donde grupos antagónicos del crimen organizado mantienen una férrea lucha por la plaza.

“Particularmente un incidente ocurrido entre Choix y El Fuerte, donde hasta quema de viviendas hubo. Ahí fue donde decidimos que la Comisión no podía pronunciarse nada más, por lo que decidimos hacer la recomendación general”, precisó Ríos Estavillo.

Lo que vio la CEDH, como lo había visto la CDDHS y ya lo sabían los ayuntamientos de los municipios afectados, es que Sinaloa ya vivía un desplazamiento en regiones del sur de Sinaloa, en el centro, particularmente Badiraguato, y de manera más intensa en el norte, entre Choix, El Fuerte y Sinaloa.

Pese a la falta de respuesta a la recomendación número 10, el defensor de los derechos humanos acota que sí se ha visto voluntad oficial por ir atendiendo los problemas que plantea el fenómeno, incluso alcaldes como los de Culiacán y Mazatlán impulsaron en su momento programas de empleo temporal, pero el resto no tiene la capacidad para hacerlo.

Tal es el caso de Concordia, cuyo alcalde lamentó que el Estado no disponga de políticas públicas para atender el fenómeno, y que en consecuencia dejen solos a los municipios en este problema.

Coincidentemente, el presidente de la CEDH confirma que ese es el nivel de la respuesta, a través de despensas, cobijas, etcétera, pero no hay una política de fondo.

—Supongo que la Comisión tenía una expectativa de respuesta respecto de esta recomendación —se le comenta a Ríos Estavillo.

—Sigue existiendo la expectativa, sobre todo de atención mínima. Hay voluntad en el Gobierno, yo sí puedo decir que en el Poder Ejecutivo encontramos voluntad. Pero no ha sido suficiente.

Incluso el tema se ha puesto sobre la mesa de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, quien el 7 de febrero recibió al gobernador Malova y al titular de la Sedeshu, dejando en claro a través de las redes sociales que entre otros temas se “consideraron soluciones a los desplazados”.

Sin embargo, la Sedesol no cuenta con un programa oficial dirigido especialmente a este sector, y solo ha hecho anuncios de que algunos apoyos se canalizarán vía Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Otra instancia enterada del problema es el Congreso federal, pues la diputada Francisca Corrales hizo saber que se estaba viendo que en la cruzada SinHambre se incluyera a Mazatlán y Concordia, precisamente por padecer desplazamientos por la violencia.

La legisladora priista dejó en claro que no había una solución ni un programa estructurado al respecto.

Previo a la primera visita del presidente de la República a Sinaloa, el gobernador se reunió con el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, al que le planteó el problema de los desplazados y concretamente la falta de vivienda. Todo quedó en una segunda reunión para definir acciones de apoyo.

Todos estos encuentros del mandatario estatal con autoridades federales, planteando el problema de manera superficial, habla de la falta de seriedad del Gobierno del Estado pues no cuenta con un plan o una idea clara para atacarlo.

El 2 de mayo en Mazatlán, reporteros lo cuestionaron y le hicieron ver que estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS criticaban la falta de estrategia para atender el asunto y les respondió: “El tema de los desplazados es un tema vigente y es un tema en las conferencias de prensa; he contestado lo mismo, que vamos a implementar nuestros operativos en la parte de conflicto”.

Pero el desdén no tiene límite. El 9 de mayo, tras poner en marcha la campaña estatal contra el dengue, también en Mazatlán, le insistieron en el tema y dijo que estaba por dispersarse el programa Cadena, pero que no sabía quiénes serían los beneficiarios: “Vienen recursos y vamos a poder hacer acciones para atender a todos los sinaloenses. Si los desplazados son sinaloenses también recibirán apoyo de estos recursos”.

Historia sin fin

Para el presidente de la CEDH el de la migración es un problema que va a continuar, que no tiene fin, de ahí la relevancia de que se coordinen todas las instancias de Gobierno involucradas en el tema y diseñen políticas públicas que lo atiendan.

“Queremos ir más allá de la entrega de despensas y cobijas. Nos preocupa por ejemplo, que la misma premura que se ha dado para resolver de inmediato ciertos problemas ha llevado a la falta de operatividad en la construcción de políticas públicas para resolver el problema”, destacó.

Para Ríos Estavillo la clave está en saber de qué se trata con exactitud, de ahí la importancia de generar información precisa.

—¿Qué es lo ideal que debe hacerse?

—Que se conozca el problema. No vamos a poder resolver un problema si no lo conocemos. Y sobre todo multidisciplinariamente. No existe, no se encuentra un trabajo de vinculación entre diversas áreas responsables del tema.

—¿Por lo que se observa esto va a seguir?

—Sí, por eso consideramos que para efecto de este estudio no fue propiamente la violencia lo que incidió a hacer la recomendación, aunque hay víctimas de la violencia, hay mucha gente víctima de falta de oportunidad productiva, del fenómeno de la sequía…

Para la CEDH, una acción concreta sería la creación de una instancia especial para atender a los desplazados, como ocurre con los adictos, etcétera, y estima que debe hacerse ya porque el fenómeno avanza y ya no se tiene la certeza de que se trate solo de mil 220 familias afectadas.

Mil 220

familias desplazadas en Sinaloa de al menos 11 de los 18 municipios.

Sinaloenses en fuga

Municipios Afectados*

Sinaloa 587

Mocorito 160

Badiraguato 140

Concordia 139

El Fuerte 65

Elota 64

Rosario 38

* Familias víctimas de violencia.