La Policía dispara, luego investiga; las víctimas: niños, soldados, peones…

Reportaje/foto: Río Doce

De no haber sido porque el gobernador Mario López Valdez vio desobedecida la orden de “no disparar más a ciegas contra la gente” —instrucción que dio a las policías después de que el 18 de marzo agentes municipales de Mazatlán asesinaron a dos militares— la muerte del trabajador de la construcción Alonso Rivas Barrón, ocasionada por elementos ministeriales, habría quedado fuera de la lista de inocentes atacados por los cuerpos de seguridad.

Ante la evidencia de que efectivos de la Policía Ministerial del Estado dispararon sin motivo alguno contra el peón y su patrón, el procurador Marco Antonio Higuera Gómez se vio obligado a ofrecer una inusual conferencia de prensa para aceptar que los disparos se efectuaron con rifles de asalto tipo Fal, utilizados por la PME.

No había otra salida. Testigos de la agresión y el acompañante de la víctima, quien resultó ileso, identificaron plenamente a los policías e incluso oyeron claramente cuando estos reconocieron que “se trató de un error, nos confundimos”. Ya era tarde, el otro bando de la muerte, el oficial, había cobrado una vida más.

Los agentes de la Ministerial, comisionados a una investigación en el sector sur de Culiacán, en el área ubicada entre el fraccionamiento La Primavera y la colonia 22 de diciembre, abrieron fuego contra la camioneta Nissan, placas UB 39657, al oscurecer del lunes 22 de abril. Luego sabrían que habían matado a un humilde trabajador de la construcción.

Así nomás, sin presentirlo y sin la posibilidad de gritar “¡no disparen! ¡no disparen! —como lo han hecho otros inocentes abatidos por policías— Rivas Barrón sintió el plomo atravesarle el costado derecho y si acaso tuvo tiempo para decirle a su patrón que estaba herido. Ahí mismo entró en agonía y veinte minutos después falleció en la clínica del Seguro Social de Cañadas.

Los deudos se movilizaron para denunciar. La recomendación que les llegó de la Procuraduría de “esperar el resultado de las investigaciones” no los intimidó. Entre el coraje y el dolor, emergió la prioridad: acusar a los ministeriales de convertir a Rivas Barrón en otra víctima de elementos de corporaciones de seguridad estatales y municipales que primero descargan sus armas y luego investigan.

La presión ejercida por la familia hizo eco en el tercer piso de Palacio de Gobierno. Al confirmarse que fue desacatada la orden de investigar antes de disparar, práctica policial que en Sinaloa ha derivado en el trágico saldo de niños, militares y civiles muertos o heridos, desde el despacho del gobernador se instruyó al procurador a esclarecer la nueva afrenta para el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Cambio de destino

Ese lunes Alonso Rivas Barrón no salió de su casa para que lo mataran. Abrió la semana, como siempre, buscando el sustento. Quería regresar a su hogar con 200 pesos en la bolsa, pero volvió convertido en tragedia dentro de un ataúd.

Ya estaba cerca de la casa donde lo esperaban sus dos hijos, de 5 y 7 años de edad. Venía cansado, con ganas de que lo recibieran. De pronto, de la nada, como una maldición agazapada, le llegó el final en la forma más absurda posible.

Operador de la maquinaria para la construcción que su jefe rentaba, hablaba con su jefe de lo que harían al día siguiente: se levantarían temprano para atender otra obra. En eso las detonaciones. No les dieron importancia en una ciudad de gatilleros hasta que sintió un líquido caliente recorrer el abdomen.

“Estoy herido”, se quejó. Su patrón no le creyó, pensó que bromeaba. Instantes después vio una patrulla de la Ministerial y de reojo miró que Alonso sangraba. A continuación perdió el conocimiento. Se estaba muriendo.

Gritos, miedo y confusión. Entre las siluetas policiacas se oyeron voces de “¡nos equivocamos!, no son ellos”. Aceleró la Nissan sin tener cierto el rumbo. En el trayecto pensó que el IMSS de Cañadas era el que le quedaba más cerca. La muerte rondaba, terca, hasta que los médicos del Seguro le dijeron que Alonso Rivas había dejado de vivir.

El miércoles, día del sepelio, la colonia 22 de diciembre despertó indignada. “Si los policías dejan pasar a las camionetas de los mañosos, hasta les abren paso, por qué dispararon contra un vehículo que ni es de lujo y a leguas se ve que es de gente de trabajo”, decían unos.

La Procuraduría se hizo cargo de los gastos funerarios y luego enviará, según ofreció a la familia, trabajadores sociales para ver en qué pueden apoyar a los niños y a la viuda.

Así cambio el destino de Alonso Rivas. Trabajaba para sacar adelante a sus pequeños y verlos crecer, nunca para que el Gobierno ofreciera sobre su féretro resarcir los daños ocasionados por la estupidez policiaca.

Crímenes sin nombre

El caso de Alonso Rivas Barrón se suma a otras agresiones que policías de diferentes corporaciones estatales y municipales han perpetrado contra la población pacífica. De acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo que interviene en este hecho ocurrido el lunes de la semana pasada, a partir de 2011, cuando en Sinaloa se creó el llamado Grupo Élite para combatir al crimen organizado, se han disparado las quejas de atropellos policiacos contra personas que no tienen ninguna relación con actividades delictivas.

El 28 de febrero de 2012 la CEDH intervino en el caso del menor Luis Guillermo Márquez López, estudiante de bachillerato que murió cuando policías municipales de Culiacán le dispararon erróneamente durante un operativo para recapturar a seis internos que se fugaron del Centro de Internamiento para Menores.

El 6 de julio de 2012 agentes de la Policía Ministerial dispararon contra seis menores que eran trasladados en una camioneta a un entrenamiento deportivo en Estación Bamoa, Guasave. A pesar de que el conductor del vehículo obedeció la orden de hacer alto, los ministeriales abrieron fuego resultando heridos Adal Saúl Rubio López, de 14 años; Luis Alfonso Castillo Amezcua, de 13 años y Efraín Espero Bojórquez, de 17 años.

En Mazatlán, el 18 de marzo de 2013 murieron el cabo Ninive Fermín Ramírez y el teniente Mario Aquino Ramírez, al ser acribillados por elementos de la Policía Municipal en una supuesta persecución que luego la Tercera Región Militar calificaría como “ejecución” debido a que sus elementos estaban desarmados.

Este suceso puso en crisis la relación entre el Ejército y el Gobierno de Sinaloa, al grado que en las instalaciones castrenses se reunió de urgencia el Gabinete Estatal de Seguridad Pública, obligando el general Moisés Melo García, comandante de la Tercera Región Militar, a que el alcalde Alejandro Higuera entregara a los municipales para ser investigados y consignados.

A raíz de este hecho “que puede poner en riesgo la coordinación entre instituciones en materia de seguridad”, según reconoció el gobernador López Valdez, el mandatario ordenó a las policías estatales y municipales “no disparar a ciegas contra la gente” y realizar mayor trabajo de inteligencia antes de accionar las armas.

Pero no lo obedecieron. La muerte de Alonso Rivas evidencia el desacato.

“Errores” que matan

El 28 de febrero de 2012, elementos de la Policía Municipal de Culiacán asesinaron, por “error”, a Luis Guillermo Márquez López, de 15 años de edad, al confundirlo con uno de los seis menores que se fugaron ese día del Centro de Internamiento para Adolescentes.

Luis Guillermo se ubicaba, en compañía de varios amigos, en una de las calles del fraccionamiento Fuentes del Valle. Al ver que se acercaba un fuerte despliegue policiaco, todos corrieron. Una bala hizo impacto en la espalda del estudiante de primer año de preparatoria.

Los policías repitieron el procedimiento de primero disparar y después investigar. Dentro del operativo de búsqueda de los evadidos del CIPA recibieron una llamada de que algunos jóvenes corrían por las calles del sector mencionado y llegaron accionando sus armas, para dar muerte a uno de ellos.

A 14 meses de distancia la impunidad agrava el caso. A pesar de que las pruebas contenidas en el expediente 323/2012 del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal acusan a la agente María de Jesús Peñuelas Parra de haber disparado contra el menor, esta continúa libre evadiendo la orden de aprehensión emitida el 26 de febrero de 2013.

Según se consigna en el expediente judicial y en la recomendación 3/2013 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tanto la Policía de Culiacán como la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado transgredieron diversas disposiciones de orden jurídico estatal y nacional, violentando los derechos de la víctima.

Los integrantes de la DSPM negaron en principio los hechos e intentaron responsabilizar a policías estatales y federales que tomaron parte en el mismo operativo. Finalmente la indagatoria señaló a los preventivos como culpables e inculpó directamente a Peñuelas Parra, quien ha sido acusada de homicidio doloso por proyectil de arma de fuego.

A raíz de este caso, la CEDH emitió una recomendación en la cual ordena al alcalde Aarón Rivas Loaiza que “se lleven a cabo acciones inmediatas para que los elementos de esa Unidad Preventiva de Culiacán sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones, así como en el manejo y uso adecuado de las armas de fuego durante el ejercicio de sus funciones, esto a fin de respetar los derechos fundamentales de todo ser humano, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución”.

La CEDH recomienda a Aarón Rivas que “se repare el daño causado a Luis Guillermo Márquez López y a su familia conforme lo marca la ley” y que “de ser el caso se sirva girar instrucciones para efecto de otorgar una disculpa pública a la familia del menor por los hechos violatorios de derechos humanos en que incurrió personal de esa municipalidad”.

Sin embargo, a más de un año del crimen, el alcalde ha desobedecido el resolutivo de la CEDH.