No se investigan crímenes en Sinaloa

Se refuerza la hipótesis de amasiato entre policías y delincuentes

Reportaje/foto: Río Doce

El asesinato a sangre fría —ocurrido a corta distancia del blindado Palacio Municipal de Gobierno— del ex subdirector operativo de la Policía Municipal en Ahome, Nicolás Galaviz Vázquez, la liberación de un joven con visibles huellas de tortura tras 13 días de cautiverio clandestino, y las seriales privaciones ilegales de la libertad de varias personas, jóvenes principalmente, reforzaron aquí la hipótesis de que las corporaciones policiales podrían confabularse con criminales para dejarlos operar abiertamente.

Y es que los comandos operaron con toda libertad, facilidades e impunidad. Tras reportarse los hechos, la Policía Municipal simuló búsqueda de los ofendidos y persecución de los responsables, mientras que la Policía Ministerial del Estado no movió a un solo elemento para las indagaciones de los hechos, exceptuando la toma de nota del caso. Por tal pasividad, ningún hecho ha sido indagado, mucho menos castigado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se encuentra totalmente despistada, o así lo aparenta estar, del origen de la ola violenta que terminó, en una de sus fases, con el asesinato del ex jefe de la Policía, aunque investigaciones no oficiales ubican a un grupo responsable: Los Morralitos, que pudieran ser una ramificación del combatido y debilitado, pero no aniquilado, clan de Los Mazatlecos, grupo leal a la triada Beltrán Leyva-Carrillo-Zetas.

Galaviz Vázquez, que gozaba de una pensión por enfermedad contraída por años de servicio como agente preventivo, fue asesinado a las 13:15 horas del miércoles 17 a sangre fría en una parada momentánea de camiones ubicada en la calle Guillermo Prieto, entre Tenochtitlán y Cuauhtémoc. El lugar se encontraba abarrotado de peatones y automovilistas, pues era la hora de salida de los trabajadores y de estudiantes del Colegio de Bachilleres 02.

El ex comandante preventivo se había estacionado en el lugar en una vagoneta Toyota modelo 2007, color blanco, propiedad de una constructora, en donde se contrató como mensajero. No se percató cuando dos sujetos descendieron a su espalda de un compacto blanco, lo rodearon, y a no menos de cinco metros de distancia abrieron fuego con dos pistolas calibre 9 milímetros. Los disparos fueron dirigidos a la cabeza y al tórax. De los 26 proyectiles disparados, 24 hicieron blanco. Una sola bala traspasó la carrocería. Como daño colateral del ataque, una joven estudiante resultó herida y otra, presa de la histeria.

Juan Francisco López Leal, subprocurador regional de Justicia, declaró que no había pistas de los dos asesinos, del origen del ataque, ni de quién lo había ordenado. Estaban despistados.

No era el único caso por el que la dependencia se encontraba atolondrada, pues tampoco sabía cómo el joven Luis Antonio Valencia Camacho, de 22 años de edad, y quien vive en el ejido Lousiana, la había librado, tras permanecer cautivo y bajo tortura durante 13 días.

El muchacho fue liberado el jueves 18 de abril en el dren Juárez, al poniente de la ciudad, sumamente debilitado por la golpiza y esposado, con los brazos en la espalda. Unos patrulleros lo descubrieron en su tambaleante caminata, lo interceptaron y trasladaron al hospital. Él había sido privado de la libertad el 5 de abril cuando transitaba en una motocicleta prestada sobre la calle Hermenegildo Galeana del fraccionamiento Álamos Country, por sujetos armados con fusiles, “empecherados” y encapuchados.

Otro caso por el que la PGJE se encuentra también desorientada es el asesinato del pescador Luis Isaías Ochoa Gaxiola, el Loco Bombas, de 30 años, y cuyo cuerpo inmovilizado con cinchos plásticos fue encontrado con disparos de arma de fuego flotando en el canal Sicae, el viernes 12 de abril, un día después de haber sido privado de la libertad en Las Grullas Margen Izquierda. Luis Isaías tuvo el mismo destino y trágico final que su cuñado, muerto dos años atrás, en similares circunstancias.

No es todo porque igualmente se encuentra aturdida la PGJE con el caso de Juan Quezada, el Maniaco, de 23 años de edad, a quien un comando se lo llevó de la colonia 12 de Octubre, así como en el asunto de un vendedor de carros que fuelevantado de la alameda Mochis-Topolobampo.

Por todos los casos de privación ilegal de la libertad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha recibido una sola queja. “Excepto por los medios de comunicación, nosotros no tenemos queja, denuncia o reporte de desapariciones”, afirmó María Aracely Sepúlveda Sauceda, visitadora de la zona norte.

Martín López Félix, presidente de la Asociación de Abogados Roberto Pérez Jacobo, consideró que la logística, estrategia y táctica de los perpetradores de asesinatos y levantones no habrían tenido éxito si la Policía hubiese actuado, “pero aquí hay una evidente confabulación entre ambos”.

Semana de levantones

— 3 denuncias indaga la PGJE.

— 6 reportes de levantones recibió la PM.

— 1 denuncia por ausencia investiga la PGE.

— 0 quejas recibió la CEDH.