Marisela Morales y Osvaldo Jiménez Juárez, ambos acusados en la fabricación del caso Wallace, quedaron fuera de la lista de candidatos tras controversias sobre su nombramiento.

Por Antonio Rosales

Marisela Morales Ibáñez, procuradora general de la República durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, obtuvo pase directo a la boleta para la elección del Poder Judicial, tras el proceso de sorteo realizado el pasado jueves 30 de enero por el Senado de México, que contó con la presencia exclusiva del oficialismo (Morena) y la ausencia casi total de los partidos de oposición, los cuales se manifestaron en contra del proceso. Sin embargo, después del proceso de insaculación del 2 de febrero, Morales Ibáñez quedó fuera de la última lista publicada por el Comité Ejecutivo, tras las controversias generadas por su pase directo a la boleta.

El procedimiento del 30 de enero, que tuvo una duración de siete horas y fue llevado a cabo por la Mesa Directiva del Senado, determinó, mediante un “sorteo por tómbola”, las candidaturas a jueces de distrito, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por primera vez serán elegidos mediante voto popular el próximo 1 de junio, tras la Reforma Judicial de 2024.

En el caso de la elección de candidaturas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que no hubo suficientes perfiles idóneos, nueve mujeres y doce hombres pasaron de manera directa y automática a las boletas electorales. Los seleccionados fueron: Ana María Ibarra Olguín, Dora Alicia Martínez Valero, Jazmín Bonilla García, Ludgarda Madrigal Valdez, Magda Zulema Moris Gutiérrez, Marisela Morales Ibáñez, Olivia Aguirre Bonilla, Paula María García Villegas Sánchez Cordero (hija de la exministra Olga Sánchez Cordero), Rosa Elena González Tirado, Edgar Corzo, Guillermo López Andrés, Sergio Molina Martínez, Ángel García Guerra, Carlos Enrique Mariscal, Jaime García González, César Olmedo, Ulises de la Fuente, Mauricio Ricardo Tortolero Serrano, Jaime Allier Campuzano, Ricardo Sodi Cuéllar y Ricardo Garduño.

Marisela Morales y el caso Wallace

El 29 de noviembre de 2024, Los Ángeles Press reportó que tres aspirantes a las elecciones del Poder Judicial estaban vinculados al caso Wallace: Marisela Morales Ibáñez, Abraham Pedraza Rodríguez y Osvaldo Jiménez Juárez. Morales Ibáñez fue la única de los tres relacionados que logró pasar a la boleta como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Investigaciones

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De acuerdo con la información oficial publicada, Pedraza Rodríguez y Jiménez Juárez no pasaron los procesos de selección. Aunque ambos aspirantes aparecieron en la primera lista de aspirantes publicada por el Comité Ejecutivo, no aparecieron en la lista de aspirantes seleccionados por el Poder Legislativo mexicano, ni tampoco en la segunda lista del Comité Ejecutivo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre pasado. Tampoco fueron mencionados ni seleccionados durante el sorteo mediante tómbola realizado el 30 de enero, ni en el proceso de insaculación.

Marisela Morales Ibáñez habría estado indirectamente relacionada con el caso Wallace, al haber sido funcionaria titular responsable primero de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y posteriormente, como Procuradora General de la República, durante la fabricación del caso Wallace. Al igual que otros funcionarios de seguridad de la época como Eduardo Medina Mora, Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, su cercanía con María Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace”, fue de conocimiento público. En abril de 2011, Isabel Miranda solicitó al Senado acelerar y ratificar el nombramiento de Morales Ibáñez como procuradora, de acuerdo con una publicación del diario La Razón.

Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de Isabel Miranda y secretario de Estudio y Cuenta de la actual ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, incurrió en falsedad de declaraciones al declararse como “sobrino” de Isabel Miranda y “primo” de Hugo Alberto Wallace Miranda, cuando en realidad es su cuñado y tío, respectivamente. Además, habría respaldado la versión de Isabel Miranda mediante sus declaraciones judiciales. Hasta la fecha, jamás ha sido investigado ni llamado a declarar por la posible falsedad de las mismas.

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Con el fin de forzarlos a declaraciones autoinculpatorias en el caso Wallace, y de acuerdo con los testimonios de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, así como los resultados positivos en tortura del Protocolo de Estambul, Quevedo Cruz y Tagle Dobin habrían sido violentados física, psicológica y sexualmente por Osvaldo Jiménez Juárez, quien entonces se desempeñaba como agente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. En 2021, Jiménez Juárez se desempeñó como Fiscal Territorial de la Alcaldía Xochimilco en Ciudad de México, con apariciones ocasionales como asesor jurídico en el programa televisivo A quien corresponda del conductor Jorge Garralda, en TV Azteca. En los últimos años, se desempeñó como Coordinador General de Combate al Secuestro en la Fiscalía del Estado de México, hasta que fue retirado de sus funciones el 19 de diciembre pasado.

El llamado caso Wallace, basado en el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, mantiene en prisión a Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, Jacobo Tagle Dobin y George Khoury Layón, y en arresto domiciliario y con brazalete electrónico a Brenda Quevedo Cruz, quien obtuvo dicha medida cautelar en junio de 2024. De acuerdo con las investigaciones periodísticas de Guadalupe Lizárraga, así como las declaraciones y evidencias presentadas por abogados, periodistas, activistas, familiares y los propios inculpados, el caso habría sido inventado y se sostiene mediante siembra de pruebas y declaraciones forzadas por tortura.

Otros escándalos en la carrera de Marisela Morales

Durante su gestión en la SIEDO y como procuradora, Marisela Morales se vio envuelta en diversas acusaciones relacionadas con el abuso de la figura de testigos protegidos, así como cuestionamientos sobre su manejo de la llamada Operación Limpieza (conocida mediáticamente como “El Michoacanazo”), el Operativo Rápido y Furioso, y una denuncia desestimada en 2024, interpuesta por Javier Herrera Valles, excomisario general de la Procuraduría General de la República, por manipulación de la figura de testigos protegidos.

Este proceso de selección para el Poder Judicial, marcado por controversias y figuras vinculadas a violaciones graves de derechos humanos, pone en evidencia las tensiones entre la transparencia, la justicia y la política en México.