Los desaparecidos, fuera de discurso de los 100 días

Cortesía/Ríodoce/Balbina Flores Martínez.

Pues como dijo la presidenta de México Claudia Sheinbaum, lo que no se nombra no existe y en ello coincido plenamente, siempre hay que nombrar las cosas y los hechos por su nombre.

Partiendo de esta frase voy a intentar retomar algunas situaciones que nos han indicado por dónde caminará este gobierno que, si bien algunos pasos son novedosos, otros son de continuidad y claro tampoco es de extrañarse. Me referiré concretamente al tema de derechos humanos con todo lo que esto significa para la sociedad, desapariciones, desplazamientos, justicia e impunidad.

Desde luego destaca hasta ahora en su gobierno el tema de los derechos sociales, que indudablemente buscan proteger derechos económicos, sociales y culturales; garantizar la igualdad entre mujeres, hombres, así como el avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, una luz importante, pero una cosa son las leyes ya publicadas y otra su aplicación. Así que aún estamos en veremos sobre el cómo funcionará su aplicación en las problemáticas reales y complejas, como son los derechos indígenas en contextos políticos y sociales difíciles, por mencionar uno, el caso Chiapas.

Sin dejar de reconocer estos primero pasos, hay que decir que hay áreas en las que el gobierno aún debe avanzar significativamente, por ejemplo, uno de ellos es el Compromiso 4 de los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum Pardo, que hace referencia a garantizar la libertad de expresión, reunión y respeto a los derechos humanos, lo cual, en su esencia, también implica la protección de quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión.

Algunos dirán que es mucho pedir que todo cambie en 100 días y que apenas empieza y que podemos esperar porque apenas inicia el gobierno, pero, entonces ¿por qué festejar con bombo y platillo 100 días?, bueno sus razones políticas tendrán.

Lo que es cierto es que, a 100 días del nuevo gobierno, aún no queda clara cuál será la estrategia política para atender los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, “que van desde homicidios, criminalización, campañas de desprestigio, desplazamiento forzado, acoso judicial, violencia digital”, como bien señala el espacio de Sociedad Civil que aglutina a diversas organizaciones.

Pero también falta mirar un gesto de mayor sensibilidad de la presidenta en el tema de las y los desaparecidos y sus familias en México, que por cierto ya en los primeros 100 días se reportan poco más de 4 mil casos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), lo que significa que el caso de familias que se encuentran en búsqueda de sus familiares también ha crecido.

Un dato que no debe pasar por alto la presidenta: México es un país de desaparecidos, donde su antecesor cerró su sexenio con más de 100 mil casos. Es de preocuparse que ni siquiera se menciona esta problemática, como si no existiera, y no se ve ahora ni una luz de cómo se atenderá este problema social. En los primeros tres meses, cuatro entidades concentraron mayores desapariciones: Estado de México (729), Ciudad de México (629) y Sinaloa (343), que en conjunto sumaron el 42 por ciento de las víctimas.

Seguramente dirá “la estrategia es ir al fondo de las causas”, lo cual está bien, pero un país con tantas familias que buscan a sus seres queridos prácticamente solas porque los presupuestos no fueron generosos con ellas para 2025 deja mucho que desear. Ellas y ellos merecen una política integral y humanista del gobierno.

La política de derechos humanos tiene signo de pesos y en el presupuesto de egresos aprobado para 2025, se observaron recortes preocupantes para este rubro; por ejemplo, la protección de personas defensoras y periodistas en referencia al Mecanismo de Protección Federal, sufrió para este año una reducción del 4.27 por ciento, pasando de 624.9 millones de pesos en 2024 a 598.4 millones de pesos en 2025.

En una situación parecida se encuentra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con un recorte del 3.6 por ciento, que afecta de manera directa la atención a víctimas de violencia. En este caso, destaca la disminución del presupuesto para el otorgamiento de recursos de ayuda, asistencia y reparación integral, que se ajusta a 658 millones de pesos, lejos de los 909 millones que la Suprema Corte de Justicia había determinado como mínimo. Solo por mencionar un tema, ya no hablamos de otros casos como salud, medio ambiente, justicia, entre otros.

Días de luces y sombras. Se verá en adelante cuáles prevalecerán, lo cierto es que la Presidenta a 100 días de su gobierno, tiene un largo camino por recorrer, donde tiene la oportunidad pero también el enorme reto de reencausar su política humanista y de derechos humanos, fortaleciendo la política de un estado garantista de los derechos humanos, mirando y reconociendo con enorme sensibilidad algunas de las problemáticas aquí planteadas y que merecen ser atendidas, sin ambigüedades, sin indiferencia y sin negación. Y coincido totalmente lo que no se nombra no existe.

Artículo publicado el 19 de enero de 2025 en la edición 1147 del semanario Ríodoce.