La muerte de un infilltrado

Cortesía/Ríodoce/Andrés Villarreal.

Empezó como una osadía y terminó como una tragedia. El agente de la Fiscalía de Sinaloa, Luis Alberto N, detenido por elementos del Ejército en noviembre pasado en un automóvil robado después de huir e intentar sobornar a los agentes, fue privado de su libertad en presencia de su hija el 15 de enero y asesinado al día siguiente frente al Congreso del Estado.

El caso de Luis Alberto se aproxima a algunas de las aristas más complejas de la escalada de violencia que han provocado los grupos armados de Mayos y Chapitos en Culiacán.

Con dos meses de pugna, la noticia de la detención de Luis Alberto el 9 de noviembre llamaba a la sorpresa y la incredulidad. De tan patético parecía un invento. Según el parte informativo Luis Alberto estaba estacionado en el carril de circulación del Malecón de Culiacán en un automóvil Jeep, al notar la aproximación de un convoy militar emprendió la marcha y lo persiguieron. Tomó la avenida Álvaro Obregón al norte en sentido contrario a la circulación, desvió a la colonia Gabriel Leyva pero quedó en un callejón, bajó del auto e intento huir a pie. Ya detenido refieren que pidió a los agentes que lo ayudaran y ofreció dinero. Nada sirvió, el caso se ventiló y lo presentaron ante un juez.

No solo era robado el automóvil sino que además la propietaria era su cuñada. Habían cobrado el seguro por el robo y Luis Alberto continuaba con el vehículo con la mayor normalidad. Faltó a una elemental regla, se había quedado con la prueba del crimen.

Con el puesto de Coordinador de Análisis Táctico de la Unidad Modelo de Investigación —difícilmente puede encontrarse nombre del cargo con mayores pretensiones, “análisis táctico” y “unidad modelo”— Luis Alberto fue dado de baja del cargo, la Fiscalía no explicó mucho sobre el asunto. Lo claro es que llegó a un acuerdo con la aseguradora, que al final era la parte afectada, y cubrió el monto de un millón 300 mil pesos como reparación del daño. Resolvió el tema legal.

Un par de meses después Luis Alberto vuelve a ser noticia porque se denunció que había sido privado de su libertad cerca de su domicilio y en presencia de su hija a quien llevaba a la escuela. Un día después lo asesinan frente al Congreso del Estado en plena mañana, cuando la circulación de vehículos es fuerte en el bulevar Pedro Infante.

Apenas fue identificado, en las redes sociales empezaron a circular dos diferentes videos donde Luis Alberto aparecía con huellas de tortura y siendo interrogado. El terror reflejado en el rostro y en la voz. Habla y dice lo que le piden, ya no es dueño de sí.

Margen de error

(Mensajes) El crimen organizado tiene muy trabajada la modalidad de mandar mensajes a sus rivales o las autoridades en turno. Para eso se valen de todo. No es nuevo, solo que las redes sociales les ha facilitado esa modalidad. En apenas unos minutos se van compartiendo y se riega como la pólvora. No importa la veracidad, su propósito es el impacto. Las narco-mantas de antaño son rudimentarios mensajes frente a los alcances de un video en el celular.

Se trata de ventilar y exponer a quienes supuestamente apoyan a uno de los grupos del crimen. Si están con los otros se denuncia, si estás con nosotros se te protege.

Durante estos cuatro meses de la vorágine en que han tenido a un millón de habitantes de Culiacán, esos videos han circulado hasta dejar de ser sorpresa e irse convirtiendo en una normalidad. Pueden ser desconocidos quienes hablan o youtubers de fama incomprensible, puede tratarse solo de imágenes salvajes con sangre por todos lados. Se trata de sostener la sensación del terror y la espectacularidad de la violencia, a toda costa.

Primera cita

(Profundidad) No hay forma de conocer cuál es la profundidad de la filtración del narco en el poder público y privado. Va desde todos, como afirman facilonamente, hasta nadie, como se dice desde el gobierno en turno. Ni una ni otra son ciertas.

Las policías e instituciones de procuración de justicia son el área más proclive y necesaria para sus fines. Pero es lo mismo en el resto del organigrama de la actividad pública. Además están los negocios privados, ruta obligada para blanquear activos y legitimar fortunas. El tema es por demás complejo.

Están dos momentos de la historia reciente que ofrecen un poco de claridad. En 2004, el Chapo asesina a Rodolfo Carrillo. Prepara una emboscada en Cinépolis —precisamente donde esta misma semana ardieron en llamas un casino y un área de juegos infantiles. Y ahí aparece como escolta de Carrillo, un comandante de la Policía Ministerial, Pedro Pérez. Días después los mandos de la corporación renuncian en masa, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez a la cabeza.

Cuatro años después estallaría otra guerra. En 2008, y los años siguientes, el asesinato de policías se hizo frecuente. Igual las acusaciones sobre el nivel de penetración que tiene el narco en Sinaloa. No necesita tener en nómina a toda la fuerza policial, le basta con las piezas claves. Como en el propio juicio contra el Chapo lo confesó el hijo del Mayo Zambada, Vicentillo, al asegurar que su padre tenía bajo su mando al director de la policía, a Chuytoño.

Las dos oportunidades de profundizar en un entendimiento sobre la infiltración del narco en el poder público se desperdiciaron. Hoy estamos igual que hace 20 años.

Mirilla

(Confianza) Si desde el gobierno se piensa que basta con someter periódicamente a los agentes a las evaluaciones de control y confianza, se equivocan. Sin decir que no deberían ser los únicos sometidos a esas pruebas. Las evaluaciones también llevan casi 20 años, e igualmente sus resultados son casi intangibles.

La evaluación podrá ser válida en la etapa de ingreso, pero la permanencia requiere de otros mecanismos de seguimiento que no se tienen por ahora (PUNTO).

Artículo publicado el 19 de enero de 2025 en la edición 1147 del semanario Ríodoce.