La designación de carteles mexicanos como “terroristas” será en enero

De aprobarse la amenaza del presidente electo Donald Trump, permitiría que EU investigue desde EU a los grupos del narco y a políticos, empresarios y funcionarios con nexos

La intención de Donald Trump, de designar como terroristas a los cárteles mexicanos a partir de su toma de posesión en enero de 2025, no es nada nuevo. En 2019 lo intentó, pero no tuvo eco. Hoy la voz del próximo presidente del vecino país del norte viene más fuerte, aunque no lo suficiente como para afectar directamente a pistoleros o mulas que operan en el país, sino que se irá contra los grandes capos que son requeridos en EU, y por sus finanzas.

“Antes éramos crimen organizado, y ahora ya somos terroristas, pero es lo mismo. Y para nosotros no importa cómo se nos catalogue, la gente sigue, la guerra sigue, y nadie para eso”, dijo un elemento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entrevistado por este semanario.

El propio Ismael el Mayo Zambada se habría quejado con el periodista Diego Enrique Osorno, sobre esa nueva medida, la cual daría justificación a Estados Unidos “para ponerles una bomba”.

La realidad es que la propuesta de Trump daría herramientas a agencias de la DEA, FBI, ICE, ATF, entre otras, para realizar labores de inteligencia desde Estados Unidos sin necesidad de venir a México, y ese nivel de investigación no sólo se centraría en líderes de los diferentes cárteles de la droga que hay en el país, sino que alcanzaría a políticos, empresarios y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo a un académico y analista de seguridad consultado para este reportaje, alcanzar ese nivel de inteligencia bastaría con que una o dos de las personas infiltradas que hay en cualquiera de los estados mexicanos, incluyendo Sinaloa, reporte a un funcionario sobre sus posibles nexos con un cártel de la droga, para después buscarle elementos suficientes para acusarlo, no sólo por narcotráfico, sino también por terrorismo.

Fernando Vidal Romero León, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explicó que la propuesta de Trump puede traer implicaciones más fuertes en la forma de operar que tiene Estados Unidos en México, porque ya no se trata únicamente de los agentes que tiene en territorio mexicano, sino que desde su propio país podrá realizar labores de inteligencia para desarticular a los cárteles de las drogas, incluyendo, funcionarios públicos.

“Esto quiere decir que si Estados Unidos encuentra elementos o indicios de que alcaldes, diputados, o incluso gobernadores están involucrados con miembros del crimen organizado, puede solicitarle al gobierno mexicano que ejerza acciones penales contra ellos y eventualmente busque su extradición, dijo Romero León, quien además es codirector del Centro de Estudios sobre Seguridad Inteligencia y Gobernanza del ITAM.

Leonardo Silva, agente retirado de la DEA, y quien realizó varias operaciones encubiertas en el país, observó que la propuesta de Trump puede ser un arma de doble filo, porque aunque facilitaría a Estados Unidos trabajar desde su propio territorio para, no sólo investigar a narcotraficantes y gente que los apoya, congelar cuentas bancarias a operadores financieros, sino que puede provocar que los mismos narcotraficantes, incluso personas en general, puedan solicitar asilo político.

“Trump quiere prevenir la migración de México y Centroamérica, pero una medida como esa facilitaría la entrada para miles de migrantes, ya que ellos podrán argumentar que viven en un país donde hay grupos terroristas”, observó Silva, quien laboró en México como agente encubierto entre 2007 y 2015.

Al final, observó, no depende del presidente una decisión como esa, sino del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues sólo ellos pueden determinar a quiénes se designa como terroristas y a quienes no, aunque el sólo hecho de que esté la propuesta sobre la mesa, es presión para México, que deberá mostrar que está desarticulando a los cárteles.

Este último comentario coincide con un decomiso realizado en Sinaloa el 3 de diciembre pasado, cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el decomiso de fentanilo más grande de la historia, más de 1.1 toneladas de pastillas de esa droga sintética.

Desde entonces, García Harfuch ha visitado tres veces el estado y ha sostenido varias reuniones con su gabinete de seguridad y el gobernador de Sinaloa. No obstante, el número de muertos y desaparecidos siguen rebasando a los funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Silva observó que el señalamiento de Trump va a ejercer presión ante el gobierno de México, no sólo para que hagan decomisos, sino para busquen reducir la violencia y arrestar a algún líder del crimen organizado que esté operando en Sinaloa.

“Es presión para que México tome acción por su propia cuenta y que demuestre que están haciendo algo, porque lo que está pasando ahora en estados como Sinaloa, nunca se había visto, y es claro que van a tener que hacer algo fuerte para acabar con la violencia que impera en la región”, dijo Silva, entrevistado vía telefónica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su parte, no compaginó con la propuesta de Trump, al declarar en una de las conferencias “las mañaneras del pueblo”, que México no se subordinará ante Estados Unidos, aún con las amenazas de Trump, sino que se continuaría colaborando con las autoridades de EU, pero de manera respetuosa.

“Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar a ellos. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismo. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación. Y vamos a ir construyendo la paz”, afirmó Sheinbaum.

Gente de su gabinete observó a su vez que designar a los cárteles de la droga como terroristas sería un error estratégico de consecuencias impredecibles para ambos países, pues no se combate el crimen organizado con etiquetas, sino con cooperación y fortalecimiento institucional.

Aunque la postura de Trump, generaría una mayor injerencia de agentes de Estados Unidos en México, y en teoría podría reducir la violencia que existe en el país, el arma de doble filo se sentiría si se determina que gobernadores o alcaldes están involucrados con miembros del crimen organizado.

“Yo veo positiva la medida, porque sirve como un contrapeso hacia el gobierno mexicano, pero también podemos llegar a escenarios no muy virtuosos en donde el gobierno mexicano salva la cabeza de un implicado, y extiende la red de complicidad, pero en general veo que habría resultados a muy corto plazo, sobre todo en Sinaloa, donde las acciones que realiza el gobierno tienen toda la pinta que sucede por la presión que ejerce Estados Unidos”, dijo Romero León.

En la actualidad Estados Unidos tiene a 68 grupos o personas identificados como agrupaciones o individuos terroristas, incluyendo a Hamás, Al Qaeda, Isis. En Latinoamérica son considerados grupos terroristas el Ejército de Liberación Nacional colombiano, Sendero Luminoso, del Perú, así como las FARC y el grupo conocido como Segunda Marquetalia. Las primeras acciones de Estados Unidos contra estos grupos fueron desmantelar sus operaciones financieras y el origen de éstas.

Artículo publicado el 29 de diciembre de 2024 en la edición 1144 del semanario Ríodoce.