Alcaldes y policías, en las manos del narco

Cortesía/Río Doce. Alfabeto Qwerty/Miguel Ángel Vega.

Un periodista de Sonora le dice a su público que no deben permitir que su ciudad se convierta en Culiacán. Las comparaciones son odiosas pero permiten una referencia rápida y directa. Ni siquiera podemos hacernos los ofendidos porque tampoco nosotros hubiéramos querido que Culiacán se convirtiera en este Culiacán.

Desde el cine estadounidense llevan décadas mostrando a ciudades de México —Juárez, Tijuana o Culiacán— como las muestras de la barbarie en que puede caer una sociedad: La violencia homicida, los cuerpos desembrados o colgando de puentes están en el patio trasero de Estados Unidos, repiten constantemente.

La bitácora de sucesos relacionados con la narcoviolencia en los últimos meses, en ciudades de Guerrero, Guanajuato, Chiapas o Sinaloa, muestra una continuidad que no responde a los cambios de gobiernos de cualquier nivel. Nos quedamos muy cortos si seguimos pensando que medimos las violenciass con el número de muertos y desaparecidos, con las capturas de figuras calificadas como relevantes en las organizaciones o con la movilización de las fuerzas federales.

Entre esa maraña de complejos elementos que componen la larga historia de violencia en México hay un eslabón frágil y ninguneado: los ayuntamientos. Con esa debilidad ancestral son la presa más fácil para que las organizaciones criminales se infiltren o hasta se apoderen de ellas.

Los ataques armados recientes a alcaldes en el país son otra muestra del abandono en que se encuentran a la hora de enfrentarse a los poderes reales en su región. La decapitación del alcalde de Chilpancingo, la capital de Guerrero, Alejandro Arcos, es la macabra evidencia del alcance del narco.

Con las evidencias hasta ahora, se puede concluir que Arcos quedó en medio de las disputas entre dos grupos criminales de la región, los Tlacos y los Ardillos, que pelean a sangre el dominio delictivo en el de por sí empobrecido municipio. No necesitaba más advertencia el edil de Guerrero, en menos de 15 días habían asesinado a su próximo encargado de la policía y a su secretario del Ayuntamiento.

La semana pasada otros tres presidentes municipales, de Guerrero y Chiapas, fueron agredidos. A dos de ellos los asesinaron y el otro logró salvarse, pero queda marcado.

Margen de error

(Pacto) El andamiaje constitucional desde que inició este país en la vida independiente, marcó un pacto federal que divide el poder. Otorga la mayoría de las facultades, un gobierno central y otras más a Estados y Municipios, ambos libres y soberanos.

En los hechos el pacto federal siempre ha sido desigual: hay un gobierno central que concentra casi todo el poder porque además concentra casi todos los recursos. Después las entidades federales y municipios intentan obtener una parte de ese presupuesto, pero siempre dependiendo de la federación en una relación donde 8 de cada 10 pesos de su recurso llegan de las arcas centrales.

Es claro con todos estos sucesos —los recientes y los históricos— que el arreglo político con el modelo constitucional del federalismo, no garantiza a muchos municipios una sobrevivencia dentro del marco pleno del estado de derecho.

Los alcaldes, en el mejor de los casos, están todos los días jugándose la vida ante cualquier amenaza desde las organizaciones criminales o desde el cacique del narco que se sienta el dueño el territorio.

En otros casos es todavía peor, porque hay evidencias claras de que es en las administraciones municipales donde el narco ha logrado insertarse, y dominar desde esa posición de superioridad en poder.

No tenemos hasta ahora un reconocimiento para enfrentar la situación. Ni desde los gobiernos estatales ni del federal.

Primera cita

(Cadena) Ninguna fortaleza institucional puede afianzarse con la débil situación de los Ayuntamientos. El frágil eslabón de la cadena termina rompiéndose, y Estados y Federación nunca podrán realmente fortalecerse, aunque en los hechos y hasta en la Constitución se sigan apropiando de facultades.

Siempre que se habla de seguridad y por tanto de las corporaciones de estados y municipios, la conclusión es la misma: son débiles, sin preparación adecuada, infiltradas por la organización en turno. El diagnóstico es por demás conocido.

Cíclicamente desarman a las corporaciones. Periódicamente surge una nueva evaluación de control y confianza, que si resulta muy complicada y son muchos quienes no la acreditan, termina el gobierno central por reducir la dificultad. Ni evaluaciones ni desarmes han dado resultados hasta ahora.

Mirilla

(SOS) Los ayuntamientos son también el primer eslabón de la cadena. El ciudadano acude a la autoridad municipal como la más cercana. Es ahí donde está la convivencia cotidiana y todos los problemas de cualquier ciudad o comunidad: los servicios públicos como la recolección de basura o el alumbrado, el tráfico, la seguridad pública.

Desde el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum no se ve una política encaminada a fortalecer a los municipios —más allá quizá de la intervención en materia de seguridad. No se entiende aún, que el gran socavón que podría debilitar más al poder central está precisamente en los ayuntamientos.

El gran boquete solo se ve en materia de seguridad pública. El modelo policial actual tiene a los agentes municipales tan débiles como los propios alcaldes. Además que los coloca en la primera línea de fuego contra las organizaciones criminales, y simplemente no pueden.

No hay, desde los municipios, ninguna propuesta novedosa que reoriente la acción de seguridad para enfrentar los problemas comunes de la comunidad, la tranquilidad de los vecindarios, la civilidad en las calles, y no la lucha contra el narco (PUNTO)

Artículo publicado el 27 de octubre de 2024 en la edición 1135 del semanario Ríodoce.