Mientras el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna cumple 38 años de prisión en EEUU, el gobierno mexicano ignora el sufrimiento de sus víctimas.
Cortesía/Los Ángeles Press/Guadalupe Lizárraga.
A lo largo de una década de investigaciones, Los Ángeles Press ha destapado la fabricación de culpables en México como una política de gobierno encabezada por Genaro García Luna. Su gestión como secretario de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón fue respaldada por una amplia estrategia mediática que aparentaba un firme combate al narcotráfico. Sin embargo, la reciente sentencia del juez Brian Cogan, del Tribunal Federal Este de Brooklyn, en Nueva York, evidencia que miles de personas encarceladas bajo su administración y que han demostrado su inocencia, fueron víctimas de esta simulación de eficiencia policial.
Este entramado de detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos injustos ha dejado huellas profundas en la justicia mexicana. No sólo ha arrasado con las vidas de personas que llevan más de dos décadas en prisión sin haber cometido delitos, sino que también ha consolidado una imagen distorsionada del combate al narcotráfico, justificando la militarización de la seguridad pública.
García Luna, desde sus inicios en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2001, empleó tácticas cuestionables, implicando a ciudadanos en delitos de secuestro que nunca cometieron. Realizaba redadas con arrestos masivos para simular el desmantelamiento de grupos delictivos como fue el “Michoacanazo”. Entrenó a supuestos activistas de derechos humanos para el acompañamiento de víctimas, como en el caso de Isabel Miranda Torres, “La señora Wallace”, quien aún mantiene en prisión a ocho personas a pesar de que han demostrado su inocencia. Investigaciones de Los Ángeles Press presentaron pruebas que fueron judicializadas al demostrar que estas personas no participaron en el supuesto secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Sin embargo, ha pasado más de una década de que se ha reconocido la fabricación de delitos y torturas y las víctimas aún persisten atrapadas en el laberinto carcelario.
Isabel Miranda de Wallace empezó su entrenamiento acompañando a las hermanas de Talía, Ernestina Sodi y Laura Zapata, víctimas de secuestro en septiembre de 2001, 28 días después de que García Luna asumiera la dirección de la AFI. Aunque no estaba directamente involucrada en el caso, Miranda se unió como representante de las víctimas. Posteriormente, se reveló que éstas habían sido secuestradas por agentes de la recién formada Agencia Federal, dirigida por García Luna, como parte de un experimento de entrenamiento. En ese mismo mes, en 2001, emergió otra figura como activista de víctimas: Eduardo Gallo y Tello, presentado después como un “héroe anónimo”.
Ese año, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) aportó documentación que evidenciaban el apoyo de García Luna a Gallo, quien recibió recursos técnicos, vehículos y un comando para llevar a cabo una venganza contra los secuestradores de su hija Paola Gallo, en Morelos. Gallo fue responsable de la ejecución de tres secuestradores, así como de la madre de uno de ellos, Petra Benítez, y de otro de sus hijos junto a su nieto de cuatro años.
Las víctimas de estos seis homicidios fueron dos jornaleros agrícolas, Antonio Barragán Carrasco y Guillermo Aguirre Bahena, quienes fueron acusados injustamente del secuestro y asesinato de Paola y de los secuestradores. Ambos fueron detenidos ilegalmente en San Quintín y Mexicali, torturados con la complicidad de la policía estatal y encarcelados sin fundamento. Barragán, además, fue torturado directamente por Eduardo Gallo dentro de la celda del penal de Atlacholoaya, Morelos. A pesar de contar con 108 pruebas en su favor y testimonios que los exoneran, así como el protocolo de Estambul positivo en tortura, Barragán lleva 23 años en prisión. Aguirre salió en libertad en 2023 tras compurgar 21 años de prisión.
Investigaciones
César Freyre Morales fue una de las ocho personas inculpadas por el falso caso Wallace que más eventos de tortura tuvo dentro de las prisiones federales de máxima seguridad. En estos eventos de tortura participó directamente Isabel Miranda Torres, a quien se le dio acceso discrecional a los penales por García Luna. Antes de Freyre, en julio de 2005, Miranda había incriminado a Jacobo Tagle Dobin y a George Khoury Layón. Tagle pudo esconderse por cinco años más y Khoury llegó a defenderse de las primeras detenciones arbitrarias hasta que quedó atrapado en septiembre de 2009, cuando fue torturado por dos policías de García Luna, el extinto Porfirio Sánchez Mendoza y el prófugo Rolando Mayorga Cordero. La detención de Khoury había sido pedida por Eduardo Margolis Sobol para quitarlo de la competencia restaurantera en Polanco, zona bajo pretendido control de Margolis.
En 2006, se dio la detención de Juana Hilda González Lomelín, quien sufrió abuso sexual por los agentes del Ministerio Público, Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Díaz, para que denunciara a quienes posaban con ella en una foto de una excursión. Así se dio la detención de los dos hermanos Castillo Cruz, Albert y Tony; y la de Jael Malagón Uscanga, quien no fue acusado directamente del secuestro de Hugo Alberto Wallace como el resto de los detenidos, pero fue inculpado falsamente por Miranda de otro caso.
Jael Malagón, después de 18 años de estar en prisión sin sentencia, fue condenado a 70 años de cárcel sin una víctima que lo señalara, y haber sido torturado en prisión quedando parcialmente ciego. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo la administración de Rosario Piedra Ibarra, hasta la fecha no ha concluido los resultados de su protocolo de Estambul.
La detención de Jacobo Tagle se dio en 2010, bajo tortura con violencia sexual en el penal de Villa Aldama, Veracruz. Su pareja sentimental, en ese tiempo, Brenda Quevedo Cruz fue detenida en 2007 en Estados Unidos y deportada a México en 2009, bajo las mismas acusaciones pese a las advertencias del riesgo de su integridad. Brenda fue torturada poco después de su deportación en el penal de Santiaguito y en 2010, en Islas Marías. Ese mismo año, todos los inculpados fueron torturados previo al reconocimiento del gobierno de Felipe Calderón a Isabel Miranda con el premio nacional de derechos humanos.
García Luna, en su promoción política para el gobierno de Felipe Calderón creó espectáculos de “resultados” contra el crimen mediante montajes de detenciones. Así fue que fabricó el caso Wallace, la mayor distracción para encubrir su complicidad con el Cártel de Sinaloa. Los sobornos y la corrupción formaron parte de un plan que, en vez de desmantelar redes criminales, las fortalecía.
Al tiempo que fabricaban el caso Wallace en julio de 2005, se desplegaba la persecución de George Khoury Layón por órdenes de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario en tecnología de Inteligencia y proveedor del gobierno de la Ciudad de México en seguridad privada con el fuerte apoyo de Genaro García Luna, asignándole a Luis Cárdenas Palomino como su operador.
Desde el área de Secuestros del CISEN, que se convirtió en el principal pilar de la promoción política de García Luna, recibió el premio de administración pública INNOVA (noviembre, 2005) “por resolver secuestros en tiempo real” y, en diciembre de ese mismo año, operó la detención de Israel Vallarta Cisneros y Florence Cassez con el montaje televisivo de Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah.
Investigaciones
El 25 de febrero de 2012, Genaro García Luna, acompañado por su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, lideró otro operativo que resultó en detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos de personas inocentes que aún cumplen condenas por delitos que no cometieron.
Entre estas víctimas se encuentran Roberto Carlos Gómez Zúñiga, Armando Ernesto Salinas Gómez, Emmanuel Alejandro Moisés Vásquez Viera, Israel Gómez Zúñiga, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Gabriel Gómez Zúñiga, Carlos Gabriel Balandrín Gómez, Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez y Diego Romero Carral. Todos ellos sufrieron torturas físicas y psicológicas, con el fin de simular la resolución de un caso por parte de un grupo de agentes de la extinta Policía Federal, donde Cárdenas Palomino ocupaba el cargo de segundo al mando.
La principal torturadora de este grupo fue Blanca Alicia Bernal Castilla, una fiscal procesada en octubre de 2020 por la fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa. Los acusados, quienes estuvieron incomunicados y sometidos a más de 13 horas de tortura, fueron finalmente presentados ante el Ministerio Público de la Federación de la SEIDO, enfrentando acusaciones injustas de secuestro agravado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.
Sin orden judicial, primero, seis personas, incluido un menor de edad, fueron detenidas en el centro nocturno “Bar Minnesota” en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Posteriormente, otros dos de los inculpados fueron arrestados en su domicilio, en presencia de sus padres, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, mientras que otro fue aprehendido en su hogar frente a su esposa e hijos. Y uno más que fue detenido en la vía pública bajo el argumento de “estar de pinche chismoso”.
Tras su detención, fueron llevados a un lugar desconocido, donde se les sometió a una escenificación que distaba de la realidad, con el fin de ser exhibidos ante los medios de comunicación. Se argumentó que formaban parte de una banda de secuestradores y que habían sido capturados en el mismo lugar donde se halló a una persona sin vida. Todos quedaron procesados bajo la causa 44/2012 del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
Éstos son sólo algunos de los cientos de casos que han sido investigados por Los Ángeles Press.
Hoy, mientras Genaro García Luna cumple una condena de 38 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, conspiración y mentir a agentes federales, las víctimas de sus acciones en México continúan en el olvido.
A pesar de las declaraciones de su abogado sobre la posibilidad de apelar, se considera probable que Genaro García Luna decida colaborar con la Fiscalía de Estados Unidos. Esta opción podría allanar el camino hacia una reducción de su condena y una liberación anticipada. Con la pena impuesta, el exjefe policial podría salir de prisión pasados los 80 años. En cambio, muchas de sus víctimas en México no podrían salir ni a esa edad, como el caso de César Freyre, sentenciado a 131 años de cárcel o Jael Malagón sentenciado a más de 70 años.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se caracterizó por su cercanía a los grupos delictivos y su lema de “abrazos, no balazos”, no sólo no brindó el apoyo necesario a las víctimas de García Luna, sino que a pesar de contar con la facultad jurídica para indultarlas por los delitos fabricados y repararles el daño, replicó las prácticas del pasado, revictimizándolas e ignorándolas y reforzando una estrategia de militarización de la seguridad pública. Un enfoque, que ha sido continuado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La misma Sheinbaum celebró la sentencia de García Luna, pero guardó silencio sobre las víctimas que, hasta ahora, permanecen sin justicia.
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