Se estima que hay entre 14 y 17 personas migrantes detenidas. La Sedena suspendió a los responsables pero no es claro qué ocurrirá con ellos.
Cortesía/Los Ángeles Press/Argenis Esquipulas.
Respecto de los heridos hay personas de Egipto, Pakistán y Nepal. Entre los arrestados también hay migrantes procedentes de Cuba. Defensores de los derechos humanos señalan que no es un caso aislado.
Argenis Esquipulas
El 1 de octubre de 2024, un hecho trágico sacudió la región de Villa Comaltitlán, en Chiapas, cuando elementos del Ejército Mexicano dispararon contra un camión de redilas que transportaba a 28 personas migrantes de diversas nacionalidades.
El saldo del ataque fue de seis personas muertas y diez más heridas. El episodio generó conmoción y ha encendido el debate sobre el uso de la fuerza en operaciones de seguridad en la frontera de México con Guatemala.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el incidente ocurrió cerca de las nueve de la noche del martes, en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, cuando un camión de redilas, marca Ford y de color verde, con 28 personas a bordo, fue interceptado por militares.
Según los reportes de los superiores de los militares el vehículo no se detuvo en un retén militar lo que, de acuerdo con la versión de la propia Sedena, habría provocado una persecución que culminó con disparos por parte de los uniformados.
La versión inicial indicaba que los militares estaban en plena persecución de presuntos delincuentes, pero con el paso de las horas se confirmó que el camión transportaba a migrantes.
Entre ellos había personas de Egipto, Nepal, Pakistán y Cuba, entre otros. Los testimonios de los vecinos del poblado Saltillito, donde ocurrió el enfrentamiento, señalan que escucharon las detonaciones de armas de fuego y observaron la movilización de las fuerzas armadas en la zona.
Saltillito, se encuentra a mitad del camino entre Villa Comaltitlán y Huixtla, dos municipios en las cercanías de Tapachula, cercanos a la costa del Pacífico mexicano.
La cabecera de Villa Comaltitlán se encuentra 49 kms al norte de Tapachula, poco más de 60 kilómetros al norte de la frontera con Guatemala y está cerca de 180 kilómetros al sur de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, como se puede ver en el mapa que aparece después de este párrafo.
Entre las víctimas mortales se encuentran dos mujeres de nacionalidad árabe saudí, identificadas como Selvia Saad Salah Medel, de 18 años, y Neima Navil Farag Zakher, de 42 años.
Ambas murieron en el hospital general de Huixtla debido a la gravedad de sus heridas. Otros cuatro migrantes perdieron la vida en el lugar del ataque, aunque sus identidades no están confirmadas al momento de redactar estas líneas.
En cuanto a los heridos, el personal médico del hospital general de Huixtla atendió a ocho personas, todas con heridas de bala.
Entre los lesionados se encuentran tres ciudadanos de Egipto: Salas Melek Girgis, de 50 años, Salas Melek Garges, de 14 años, y Aya Abdelhadi Abdelazis Ibrahim Maymoon, de 30 años. Además, cuatro nepalíes resultaron heridos: Oli Kamal Nepali (21 años), Dinesh Kc P. (23 años), Subasta Khadka (28 años) y Shajan Regmi (24 años). También fue atendido un ciudadano pakistaní, Iqbal Mubasher, de 29 años.
La Secretaría de la Defensa Nacional publicó un comunicado en el que reconoce que el personal militar involucrado en el incidente ha sido separado temporalmente de sus funciones mientras investiga.
Según la versión oficial, los militares abrieron fuego tras una “sospecha razonable” de que el vehículo estaba involucrado en actividades ilícitas, ya que no se detuvo en un retén militar. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado esta explicación, señalando que el uso de la fuerza fue desproporcionado y que no se respetaron los protocolos de actuación.
Chiapas, se ha convertido en el último año en uno de los estados más golpeados por la violencia.
La frontera con Guatemala ha sido escenario de operativos que dicen frenar la migración y combatir a las organizaciones criminales que operan en la zona.
Sin embargo, no hay evidencia de que cumplan sus objetivos y han suscitado denuncias de violaciones a los derechos humanos, como en el caso ocurrido en Villa Comaltitlán.
Este incidente ocurre en un momento crítico, cuando la violencia y las confrontaciones entre militares, migrantes y grupos criminales han aumentado en la región. Los migrantes, quienes a menudo huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, se encuentran atrapados en medio de estas disputas, enfrentando situaciones de gran riesgo durante su travesía por México.
Habitantes de la comunidad de Lázaro Cárdenas, cercana al lugar del ataque, narraron cómo el camión con migrantes se volcó tras intentar evadir a los militares. “Escuchamos los disparos, pero los soldados acordonaron rápidamente la zona. No pudimos acercarnos para ver qué estaba pasando”, señaló uno de los vecinos.
Organizaciones no gubernamentales y colectivos de derechos humanos han condenado el ataque, exigiendo una investigación exhaustiva y justicia para las víctimas. “Este no es un caso aislado. Los migrantes en Chiapas están siendo víctimas de un doble abuso: por parte de los grupos criminales que controlan las rutas y, ahora, por las fuerzas del Estado que deberían protegerlos”, expresó un representante de Fronteras Humanitarias, una organización no gubernamental con presencia en la zona.
Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional han colaborado en la atención de los sobrevivientes y en el traslado de los heridos a hospitales. No obstante, se desconoce la situación legal de los 14 migrantes que también viajaban en el camión, ya que las autoridades no han proporcionado detalles sobre su nacionalidad o estado de salud.
Debe apuntarse, sin embargo, como se verá más adelante, que otras fuentes hablan de 17 personas migrantes detenidas por las autoridades mexicanas.
El caso ha escalado rápidamente, y se espera que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervengan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El ataque en Villa Comaltitlán es un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan los migrantes en su tránsito por México. En un país cuya seguridad ha sido militarizada desde 2006, al menos, este tipo de incidentes pone en duda la eficacia y el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
En un esfuerzo por fortalecer la cooperación internacional y garantizar la justicia, las autoridades mexicanas dicen haber establecido coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las embajadas correspondientes de diversos países.
Esta colaboración dice tener como objetivo una comunicación constante para el intercambio de información crucial en el desarrollo de investigaciones internacionales de alto perfil.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reiteró su compromiso de actuar dentro del estado de derecho. En el ámbito de sus competencias, Sedena asegura que su política se fundamenta en la cero impunidad, respondiendo con total disposición a los requerimientos emitidos por las autoridades civiles en aras de esclarecer los hechos bajo investigación.
La Sedena enfatizó que seguirá atenta a cualquier solicitud que surja de las autoridades judiciales y civiles, trabajando de manera conjunta para garantizar la legalidad en cada acción emprendida.
Este esfuerzo conjunto entre la SRE y la SEDENA refuerza el compromiso del gobierno mexicano de colaborar con la comunidad internacional para abordar problemas que trascienden fronteras, siempre en estricto respeto a los derechos humanos y las leyes nacionales e internacionales.
En la tarde del miércoles, el Colectivo Monitoreo de la Frontera Sur publicó un comunicado de tres páginas en el que condena los hechos y hace ver las inconsistencias en las versiones oficiales que han circulado desde que se supo de este hecho.
El colectivo hace ver el problema que plantean tanto la militarización de la seguridad como la estrategia de contención de la migración de la que participa el gobierno de México desde hace ya varios años, sin que se logren los objetivos declarados de las autoridades mexicanas.
El comunicado del Colectivo Monitoreo Frontera Sur plantea las siguientes exigencias:
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