Guerra incierta e inédita en Sinaloa

Autoridades temen que la violencia de las facciones del Cártel de Sinaloa se expanda a otras regiones del país.

Cortesía/Los Ángeles Press.

La violencia en Sinaloa ha sido permanente en las últimas dos décadas debido a las guerras territoriales, pero últimamente se ha agudizado esta violencia hasta  alcanzar un punto crítico que no pueden controlar las autoridades mexicanas. Una situación generada, especialmente, después del arresto de El Mayo Zambada a principios de este año, y por lo que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador responsabiliza a Estados Unidos.

En esta semana, se informaron casos en los que miembros del cártel en la zona han colocado sombreros en los cadáveres, un mensaje que podría simbolizar una referencia a la “Mayiza”, facción del Cártel de Sinaloa leal a Ismael El Mayo. Mientras que la reacción de Los Chapitos podría impactar los estados de Chihuahua y Sonora, donde operan cotidianamente.

Sin embargo, el deterioro de la seguridad en Sinaloa que se ha intensificado en estos días se asocia con la publicación de una carta desde la prisión de Nueva York de la supuesta autoría del exsecretario de seguridad pública, Genaro García Luna, en la que vincula al presidente López Obrador con el Cártel de Sinaloa, delitos por los que él mismo ha sido enjuiciado en EEUU al usar su cargo público durante el gobierno de Felipe Calderón para conspirar y traficar narcóticos hacia este país. La reacción de López Obrador fue negar las acusaciones y, al mismo tiempo, acusar a EEUU de ser parcialmente responsable de la violencia en la región, por la detención de Ismael Zambada a espaldas de México.

En este contexto, las autoridades de seguridad y el ejército en México han elevado su nivel de alerta, pero han declarado públicamente su incompetencia para enfrentar a los grupos delictivos, ya que las guerras territoriales entre dos facciones del Cártel de Sinaloa amenazan con extenderse a otras regiones del país, particularmente en Chihuahua y Sonora, ambos estados con intensa interacción con la frontera sur de Estados Unidos.

El Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jauregui, informó a los medios que se están monitoreando permanentemente las carreteras entre ambos estados, aunque rechazó que un reciente episodio de violencia estuviera directamente relacionado con los enfrentamientos que comenzaron el 9 de septiembre entre la facción de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, y la de Ismael El Mayo Zambada, llamada “Mayiza”.

Un reciente informe detalló que una confrontación entre un grupo criminal y una célula del cártel en Chihuahua dejó ocho muertos. Un pasajero de un autobús atrapado en el fuego cruzado resultó herido, pero sobrevivió, y tres vehículos fueron incendiados. Todas las víctimas pertenecían a grupos criminales.

Jauregui comentó a la prensa que “no son repercusiones de lo que está pasando en Sinaloa”, y añadió que “no es la primera vez que tenemos una confrontación entre estos grupos”. No obstante, estarán en alerta.

El aumento de los enfrentamientos ha resultado en 31 muertes y 37 personas desaparecidas. Los medios locales informan sobre cuerpos abandonados en las calles como aparentes mensajes a la facción opuesta. Recientemente se encontraron cinco cuerpos cerca de un parque acuático en Culiacán, todos posicionados contra una pared, adornados con sombreros grandes y otros más pequeños.

La interpretación del significado de los sombreros es incierta, pero el periodista especializado Loan Grillo explicó que podrían hacer referencia a la “Mayiza”. No está claro si las víctimas eran de esta facción o si los asesinos dejaron los sombreros como burla, un tipo de ambigüedad común en la guerra de cárteles en escalada. Días antes, se descubrió una cabeza decapitada en una caja de pizza en una calle de Culiacán, posiblemente como referencia a los Chapitos.

La violencia ha incrementado el número de asesinatos y secuestros, generando miedo entre los residentes. Negocios y escuelas en Culiacán, que tiene una población de un millón de habitantes, han permanecido cerrados por más de una semana tras el estallido de la violencia, marcando un nivel de interrupción sin precedentes en una región acostumbrada a la agitación relacionada con cárteles. El impacto económico ha sido significativo, con muchos residentes incapaces de trabajar, lo que alimenta aún más la ansiedad colectiva.

Los reporteros locales de crimen, que han cubierto la violencia de cárteles durante años, describen la situación actual como más intensa y aterradora que en guerras anteriores.