La acusación contra un sacerdote peruano prueba lo poco que la Iglesia Católica ha aprendido de la crisis de abuso sexual.
Rodolfo Soriano-NúñezLunes, 16 Septiembre, 2024
Los obispos de América Latina podrían aprender de la decisión de sus colegas de Francia de abrir sus archivos sobre Abbé Pierre para esclarecer el alcance de sus casos de abuso sexual.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Ésta es una historia que demuestra cuán global es la crisis de abusos sexuales del clero que socava a la Iglesia Católica. Sus protagonistas son mujeres, sacerdotes y obispos peruanos, pero involucra a un cardenal nacido en los Estados Unidos a quien el papa Francisco promovió a una posición clave en Roma.
El cardenal es Robert Francis Prevost, originalmente un monje agustino, nacido en Chicago en 1955, se convirtió en el líder mundial de su orden, una de las más antiguas de su iglesia, en 2001 y permaneció como tal durante doce años.
El papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo en 2014, y permaneció allí hasta 2023, cuando Jorge Mario Bergoglio lo llevó a Roma como prefecto del Dicasterio de los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
Ambos cargos habían sido ocupados, hasta entonces, por el cardenal canadiense Marc Armand Ouellet. Aunque Ouellet ya estaba a punto de salir de la Curia debido a su edad, al final de su mandato, una mujer canadiense acusó a Ouellet de agredirla cuando era arzobispo de Quebec en la primera década de este siglo.
Ouellet es uno de 80 clérigos católicos incluidos en una demanda colectiva contra la arquidiócesis de Quebec, por lo que, aunque Roma lo absolvió y él ha amenazado con demandar a la mujer que lo nombró, el problema es más complejo.
En lo que respecta a América Latina, el nombramiento de Prevost fue aclamado como una mejora. Tenía experiencia pastoral real en América Latina, una especie de novedad para la comisión que estaba a punto de dirigir.
Creada en 1958, en el apogeo de la Guerra Fría, la Comisión ha sido dirigida mayormente por cardenales ajenos a Latinoamérica. El mandato más largo, 14 años (1984-98), pertenece a Bernard Gantin, un clérigo de Benín, África, que, hasta entonces, tenía poca o ninguna experiencia real en América Latina.
Después de él, con trece años en el cargo, está Ouellet (2010-23). El tercero corresponde al cardenal italiano Giovanni Battista Re, que estuvo entre 2000 y 2010. La Comisión ha estado dirigida por un latinoamericano sólo entre 1998 y 2000, cuando Juan Pablo II nombró al cardenal brasileño Lucas Moreira Neves, quien murió en el cargo.
En ese sentido, aunque se podrían plantear muchas objeciones al nombramiento de Prevost antes del último escándalo, no era la mejor opción posible, ya que hay muchos obispos latinoamericanos que podrían dirigir esa comisión, pero ciertamente no era la peor opción posible.
El episodio que da origen a esta historia ocurrió a principios de este siglo, en Chiclayo, una ciudad de la costa peruana, hogar de aproximadamente 600 mil habitantes, a 680 kilómetros al norte de Lima, la capital de ese país, como se puede ver en el mapa que aparece después de este párrafo.
Prevost llevó a Chiclayo parte del conocimiento de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos para enfrentar el abuso sexual del clero. Fidel Purisaca Vigil, un sacerdote de esa diócesis y responsable de las comunicaciones, adaptó los materiales y políticas desarrollados por los obispos de Estados Unidos desde los primeros años de este siglo.
En el recuadro que sigue a este párrafo, puede encontrar un manual publicado por la diócesis de Chiclayo durante el mandato de Prevost, editado por Purisaca Vigil.
El manual sobre el cuidado del menor editado por Purisaca Vigil.
El manual se puede descargar aquí.
No está claro si la adaptación ha sido fiel a la práctica en la mayoría de las diócesis católicas en los Estados Unidos, pero en comparación con América Latina, donde las muchas sugerencias, llamados, advertencias e incluso “órdenes” del papa Francisco con respecto a la crisis de abuso sexual del clero han sido desestimadas, el trabajo realizado por Prevost y Purisaca Vigil no puede descartarse fácilmente.
Esta serie ha argumentado anteriormente que la clave para entender las diferencias en cómo el catolicismo aborda el abuso sexual del clero en los Estados Unidos y Canadá en comparación con América Latina tiene que ver con el entorno institucional más amplio del sistema de justicia en los distintos países.
Investigaciones
Ése fue el argumento subyacente de un texto sobre las diferencias entre la diócesis mexicana de Ciudad Juárez, Chihuahua, y la diócesis estadounidense de El Paso, Texas, vinculado antes de este párrafo.
Investigaciones
También fue la idea principal en los textos dedicados a lo que ha sucedido en las diócesis de California en los Estados Unidos, vinculado arriba de este párrafo, y lo que ocurren en las diócesis de los estados de Baja California y Baja California Sur en México, cuyo enlace se encuentra después de este párrafo.
Investigaciones
En ese sentido, las víctimas en los países latinoamericanos se enfrentan a exigencias abrumadoras en lo que se refiere a la carga de la prueba. Ello sin olvidar el tema de la prescripción de los delitos que se ha eliminado para los de tipo sexual en México y Chile, pero permanece en el resto de los países de la región.
Al mismo tiempo, los fiscales nacionales y de los estados o departamentos en América Latina carecen de muchas de las herramientas que tienen los fiscales de distrito en Estados Unidos para obligar a los obispos a una mayor transparencia.
El caso más evidente de las diferencias en ese sentido proviene de los estados de California y Nueva York, en los Estados Unidos, donde los legisladores abrieron las “ventanas retrospectivas” para permitir que las víctimas cuyos casos ya habían prescrito buscaran alguna justicia en los tribunales civiles. Algo así nunca ha ocurrido al sur del Río Bravo.
No es de extrañar que las víctimas en este caso expresen su enojo con la diócesis de Chiclayo y las autoridades por lo que perciben como encubrimiento para proteger al sacerdote protagonista de este caso, Eleuterio Vázquez Gonzáles.
No es que Vázquez Gonzáles tenga un historial intachable. El problema principal es que Chiclayo, como otras diócesis en Perú y América Latina, no cuenta con mecanismos para que sus fieles sepan cuál es la situación real de un sacerdote.
En esta serie, Los Ángeles Press ha demostrado cómo una de las arquidiócesis más grandes de América Latina, la de Ciudad de México, carece de un sitio web capaz de proporcionar información actualizada de sus sacerdotes.
El cardenal Carlos Aguiar Retes, primado de México, está muy preocupado, como la mayoría de los obispos latinoamericanos, por los “falsos sacerdotes”, por lo que existe una manera de saber si una persona que se presenta como sacerdote en Ciudad de México está registrada como tal, pero hasta ahí llega su sitio web.
Ése fue un elemento clave de la serie sobre Sergio González Guerrero, un sacerdote mexicano arrestado a principios de este año, que se desarrolló en tres textos. En el primero se utilizó ese sistema para identificar a ese sacerdote en Ciudad de México, está vinculado después de este párrafo.
México violento
Hasta donde Los Ángeles Press ha podido verificar, sólo un puñado de diócesis en América Latina tienen sitios web funcionales que permiten rastrear los cambios y posibles despidos de sacerdotes. En Chile, la capital Santiago tiene un sitio web donde es posible rastrear nombramientos. En México, sólo la diócesis de Saltillo, en el estado de Coahuila, ofrece ese tipo de información.
A menudo, al publicar los artículos de esta serie, su autor se ve obligado a rastrear en las páginas de Facebook de diócesis, seminarios y parroquias el paradero de sacerdotes que enfrentan acusaciones creíbles de abuso sexual de clérigos.
Aunque es útil, no es óptimo, ya que es casi imposible averiguar cuándo o por qué hay cambios en la vida profesional de los sacerdotes católicos y cuáles son las razones detrás de esos cambios.
Algunas diócesis son muy activas al publicar fotografías celebratorias de sus obispos o sacerdotes con cargo, pero la información real es difícil de encontrar.
Ése es el caso de Vázquez Gonzáles en Chiclayo. Aunque la diócesis cuenta con un sitio web donde se pueden encontrar los nombramientos actuales de sacerdotes, no es posible rastrear los cambios para cada sacerdote. Al menos no es fácil.
A pesar de las afirmaciones hechas por la diócesis de Chiclayo en un comunicado de cuatro páginas que aparece como imagen antes de este párrafo y que también se puede descargar aquí, es claro que Vázquez Gonzáles está en algún tipo de problema.
Es posible afirmarlo porque no figura como activo en el registro de sacerdotes de la diócesis, y porque su huella digital es, a diferencia de las de otros sacerdotes de esa y otras diócesis de Perú y América Latina, difícil de rastrear.
Cuando Vázquez González se llevaba bien con su diócesis, antes de que se hicieran públicas las acusaciones, en 2018 o 2019, era posible encontrar referencias a él en el perfil de Facebook de la diócesis.
Aquí hay un dato relevante. Solía ser una especie de celebridad local en Eten, una comunidad en la diócesis de Chiclayo. Antes de las acusaciones en su contra, era párroco de un santuario notorio, hogar de una devoción local que logró obtener un reconocimiento pontificio. Era citado y mencionado con frecuencia.
Durante la pandemia fue elogiado por sus superiores diocesanos y los medios locales por su capacidad para establecer una cocina local para alimentar a personas durante la urgencia. Incluso antes de su llegada a Eten es posible encontrar pistas de la carrera de Vázquez González.
Como lo demuestra la publicación de otra parroquia de la misma diócesis de Chiclayo, el ahora obispo emérito Jesús Moliné Labarte nombró a Eleuterio Vázquez Gonzáles como párroco de San Martín de Porres en 2007.
Solía ser mencionado en el perfil de Facebook de la diócesis por su cumpleaños, como lo muestra la imagen que antecede a este párrafo lo prueba. Incluso después de que lo peor de la pandemia ya había pasado, Vázquez Gonzáles recibió felicitaciones de cumpleaños en los mensajes del perfil de Facebook, como prueban las tres felicitaciones recogidas en la imagen que sigue a este párrafo.
Hasta que no las recibió. Como prueba la imagen anterior, en febrero de 2023 sus felicitaciones de cumpleaños no lo reconocen como jefe de una parroquia, como sí lo hicieron las felicitaciones de 2019, 2020 y 2022. Y eso que en febrero de 2024 no se mencionó su cumpleaños en el perfil de Facebook de la diócesis.
Ésa es una pregunta difícil de responder porque, en su mayoría, las diócesis de América Latina casi nunca responden a las solicitudes de comentarios sobre estos temas. Presas de la idea de que cualquier persona que haga periodismo sobre estos temas es un enemigo peligroso, nos quedamos a nuestra suerte tratando de averiguar el paradero de los sacerdotes nombrados en este tipo de acusaciones.
Hay que agradecer a los obispos peruanos, o al menos al actual obispo de Chiclayo, Edinson Edgardo Farfán Córdova, por publicar el nombre completo del sacerdote acusado en este caso.
Hubiera sido delirante intentar censurar su nombre, pero como demuestra la historia publicada hace un mes sobre un sacerdote ecuatoriano, cuyo enlace se incluye después de este párrafo, los obispos de América Latina todavía creen que pueden lograr algo escondiéndose detrás del uso de iniciales cuando tratan con sacerdotes nombrados en estos casos.
Investigaciones
Por lo tanto, es evidente que existen lagunas en la forma en que la diócesis de Chiclayo está abordando este tema. Es imposible en este momento estar de acuerdo con la afirmación de las víctimas de que el cardenal Prevost está protegiendo activamente a Vázquez Gonzáles, pero en otros casos similares, las operaciones de encubrimiento se disfrazan de manera más creativa.
En ocasiones, los sacerdotes son designados para tareas increíbles, como en el caso del obispo auxiliar mexicano de Culiacán, Sinaloa, y actual secretario general de la Conferencia de Obispos Católicos de Honduras, Emigdio Duarte Figueroa, quien fue “enviado a estudiar a Tierra Santa” cuando algo le salió mal en la primera década de este siglo, y -de la nada- renunció tres años después de consagrado obispo.
Así que sí. Es posible que el cardenal Prevost esté protegiendo de alguna manera a Vázquez Gonzáles o, podría ser que esté haciendo lo que casi todos los obispos de América Latina hacen en casos como este: pretender que no pasa nada, mientras se aferran a los beneficios derivados de la prescripción.
Para que quede claro. Creo plenamente en las denuncias realizadas por al menos tres mujeres sobre acoso y ataques sexuales por parte de Vázquez Gonzáles como sacerdote en la diócesis de Chiclayo, mientras prestaba algún tipo de servicio a a Juventud Católica de Chiclayo.
Ése es un rasgo que Vázquez Gonzáles comparte con el sacerdote brasileño de la diócesis de Coari, protagonista de una de las entregas previas de esta serie, Paulo Araújo.
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Las víctimas eran niñas menores de edad y, como suele suceder, Vázquez Gonzáles había desarrollado una relación muy cercana con los padres de al menos una de las víctimas. Ella cuenta que su madre preparaba un pastel de cumpleaños y que ella se encargaba de entregárselo al sacerdote.
Está disponible este texto con testimonios de las víctimas de Vázquez Gonzáles.
Ante estas acusaciones es necesario rastrear la trayectoria de Vázquez González como párroco, incluso antes de sus días en San Martín de Porres, para tratar de encontrar otras víctimas potenciales.
Las historias de muchos otros casos registrados prueban que los sacerdotes no comienzan de repente a atacar a los fieles bajo su cuidado. Como lo prueban las historias consideradas en el texto vinculado después de este párrafo, los depredadores siguen un patrón de desarrollo que los obliga a dejar algún rastro, algún recuerdo de ataques anteriores.
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El principal problema en Chiclayo, en todo el Perú y América Latina es la falta de voluntad de los obispos para ser transparentes, abrir sus archivos, sus registros y permitir revisiones exhaustivas de cada uno de estos casos.
Ésa es otra diferencia clave entre lo que sucede con los abusos sexuales del clero en América Latina y lo que se puede encontrar en los Estados Unidos, donde las instituciones políticas y judiciales obligan a los obispos a cambiar su comportamiento y ser más transparentes y responsables.
Y no sólo en Estados Unidos. Hace unas semanas, esta serie abordó el caso de Abbé Pierre, sacerdote, héroe nacional de la Resistencia Francesa a la Alemania nazi y fundador de Emaús, una organización no gubernamental global que ayuda a personas sin hogar.
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El jueves 12 de septiembre, la Conferencia de Obispos de Francia anunció su decisión de abrir los archivos sobre Pierre. El anuncio se hizo a través de lo que solía ser Twitter, como muestra la publicación después de este párrafo:
AICA, la agencia de noticias del episcopado argentino publicó esta breve nota, disponible aquí sobre la decisión de los obispos franceses en el caso de Abbé Pierre.
Ése es el tipo de comportamiento institucional que es desconocido en los países de habla hispana y portuguesa en América Latina.
En México, sólo unas pocas personas han tenido acceso a partes de los archivos relacionados con Marcial Maciel, muchos otros casos de abuso sexual del legionarios de Cristo y la actitud despectiva de los obispos en México, Estados Unidos, España, Italia, el Vaticano y otros países.
Algo similar puede decirse de Fernando Karadima y Renato Poblete en Chile, como en muchos otros casos donde los obispos y superiores de las órdenes religiosas se apegan a reglas establecidas para proteger a los depredadores que, no es de extrañar, terminan por morderles las orillas de las sotanas.
Luego está la cuestión del tiempo. Aunque no esposible cuestionar la legitimidad de Cuarto Poder, el medio peruano que volvió a poner de relieve este tema con su más reciente reportaje disponible en Facebook en el recuadro después de este párrafo o aquí, incluso en ese aspecto hay que decir que el caso está ahí, a la vista, al menos desde diciembre de 2023.
En ese entonces, Radio Programas de Perú, publicó esta nota.
Es en ese sentido que resulta difícil entender por qué, de repente, este caso de una diócesis bastante rural del norte de Perú recibe la atención que atrae de los medios de comunicación que, en su mayoría, descartan la posibilidad de dar voz a las víctimas de abuso sexual del clero, mucho menos a las víctimas en América Latina, y menos aun cuando dichas víctimas son, como aquí, mujeres que no dan una oportunidad más para que los medios jueguen con la idea del abuso sexual del clero en relación con la existencia misma de sacerdotes homosexuales.
Para las víctimas, es claro que la atención es bienvenida, dadas la actitud despectiva de la jerarquía católica en Roma y en otros lugares como de los gobiernos nacionales de la región, demasiado ocupados con otros asuntos para prestar atención a lo que ven con miedo sobre la posible reacción negativa para las coaliciones gobernantes en cada país, afectadas por casos de abuso sexual.
Un aspecto de este caso es cómo los medios conservadores estadounidenses utilizan a las víctimas de abuso sexual del clero como peones en su propio juego contra el papa Francisco. Si hubiera un interés legítimo en la crisis de abusos sexuales del clero, hay muchas diócesis que enfrentan numerosas acusaciones que merecerían el tiempo y el esfuerzo que se han puesto estos días en Chiclayo.
Hay que tener en cuenta también que hace menos de un mes, Roma emitió una “sanción” bastante ineficaz contra Luis Fernando Figari, el jefe del llamado Sodalicio de Vida Cristiana, una especie de “orden” religiosa a la que esta serie dedicó una historia completa vinculada después de este párrafo.
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Aunque la sentencia contra Figari no significa casi nada, da credibilidad a las muchas acusaciones presentadas contra Figari, así como contra los cardenales, obispos y sacerdotes que fomentaron el crecimiento de esa orden en Perú, Estados Unidos, Chile, Brasil y otros países. Algunos de los detalles están en el texto antes mencionado.
Es casi imposible pasar por alto el hecho que este caso de Chiclayo es “descubierto” por medios de comunicación en inglés que rara vez publicarían historias sobre la crisis de abusos sexuales del clero en América Latina.
Una vez más, las acusaciones de abusos sexuales del clero son reales. Si los obispos peruanos fueran sabios, seguirían el ejemplo de sus colegas franceses y abrirían los expedientes de Vázquez González y otros depredadores que rondan por sus parroquias. Mantener en el limbo que he descrito a sacerdotes sospechosos como Eleuterio Vázquez González obliga a personas como el autor de estas líneas a buscar en los rincones más oscuros de Internet, pero no es una solución sensata al problema real.
Prevost está haciendo lo que la gran mayoría de los obispos peruanos y latinoamericanos hacen con las acusaciones de abusos sexuales del clero que llegan a través de los canales internos de su iglesia, lo que supone poco o nada.
Ése fue su error durante su mandato y seguro que es el error del actual obispo Farfán Córdova. El nuevo obispo reabrió el caso pero se aferra a los beneficios de la prescripción del delito.
Lo que es peor, mantiene los registros de Vázquez Gonzáles bajo siete candados, mientras le permite celebrar misas ocasionalmente y realizar otras actividades sacerdotales, como afirman tanto Radio Programas de Perú como Cuarto Poder en sus reportes sobre este caso.
Lo que sale de ese lío es lo que estamos presenciando ahora. El limbo en el que reside Vázquez Gonzáles no es suficiente. Obliga a las víctimas de abuso sexual del clero a plantear todo tipo de preguntas sobre por qué a sacerdotes como Vázquez Gonzáles se les permite regresar, aunque sea temporalmente, a ejercer funciones sacerdotales, mientras permite el tipo de campañas que los medios de comunicación de extrema derecha católicos estadounidenses lanzaron con este caso contra Prevost y papa Francisco.
México violento
Ése fue el núcleo de la historia enlazada arriba sobre una mujer víctima de la diócesis mexicana de Atlacomulco que ve, en el pequeño pueblo donde vive, cómo el sacerdote que la atacó repetidamente cuando era menor de edad, regresa al ministerio. El caso se detalla en los textos enlazados antes y después de este párrafo.
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Algo similar se puede decir de muchos casos de otros países latinoamericanos donde los obispos se aferran a interpretaciones puntillosas ya sea de las leyes civiles o de sus reglas internas como Iglesia Católica Romana que crean la tensión con las víctimas de abuso sexual del clero que, además de su propio dolor, tienen que lidiar con la actitud de muchos sacerdotes y obispos que asumen que todos deben seguir las reglas de su Iglesia.
Ése es el caso del sacerdote ecuatoriano Franklin Germán Cadena Puratambi, cuya historia ya estaba enlazada antes, pero está disponible aquí también, quien no ha sido despojado de las órdenes religiosas porque abusó de un niño menor de edad bajo su cuidado antes de ser ordenado sacerdote.
Lo que es aún peor es que los mismos obispos de la Iglesia Católica en realidad no están dispuestos a seguir esas reglas. Los lectores que estén interesados en revisar un informe preliminar sobre cómo las conferencias nacionales de obispos católicos romanos en cada país latinoamericano han respondido a la reforma del papa Francisco de 2019 pueden leer la historia vinculada abajo, publicada originalmente el 21 de abril de este año.
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Los Ángeles Press publicó, unas semanas antes, una historia más específica sobre México, que está vinculada después de este párrafo. Ambas son útiles para comprender mejor el enfoque de Prevost sobre el abuso sexual del clero en su antigua diócesis.
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De la escritura de ambas historias me queda claro que, aunque algunas diócesis tienen un gran fondo de recursos a su disposición, casi siempre es el caso de las arquidiócesis, un título que se suele conceder a los distritos más grandes y poblados en la estructura interna de la Iglesia Católica, a veces los mejores diseños vienen de las diócesis más pequeñas, mientras que las grandes arquidiócesis, como sería el caso de Tijuana en México, siguen sin estar dispuestas a cumplir con este requisito del líder de su propia iglesia.
A diferencia de las diócesis con casos conocidos de abuso sexual del clero, como Ciudad Juárez en México o Galápagos en Ecuador, que no están dispuestas a establecer sus comisiones para prevenir el abuso sexual del clero, Chiclayo tiene una.
No es el mejor diseño posible para una comisión de este tipo, ya que está muy sesgado hacia los psicólogos, pero he visto comisiones en diócesis mexicanas integradas sólo por sacerdotes. En la de Chiclayo hay sólo dos sacerdotes.
En la diócesis de Veracruz, un puerto y ciudad en el corazón de la costa mexicana del Golfo de México, los nueve miembros de la comisión son sacerdotes locales. En la vecina arquidiócesis de Jalapa, la metrópolis de Veracruz, ocho de los nueve miembros de la comisión son clérigos.
En ese sentido, incluso si Prevost cometió errores en su antigua diócesis, y estoy seguro de que los cometió, no estaría dispuesto a utilizarlo como el peor caso en América Latina.
Una vez más, probablemente sería mejor mantener a los sacerdotes fuera de estos organismos. El documento emitido por la diócesis mientras Prevost todavía era obispo allí no es claro en cuanto a la autoridad real del organismo diocesano.
Para mí, sólo se creó con el propósito de escuchar a las víctimas potenciales y probablemente filtrarlas, pero incluso en eso, la diócesis de Chiclayo no es ni de lejos el peor ejemplo de lo que está sucediendo en América Latina con respecto a la crisis de abuso sexual del clero.
Cabe señalar, además, que si bien la cuestión clave es el bienestar de las víctimas de Vázquez Gonzáles, hay otras cuestiones en juego. En particular, el hecho de que no haya consecuencias para las diócesis que no estén dispuestas a cumplir con el artículo 2 de Vos Estis Lux Mundi, el decreto publicado por el papa Francisco en 2019.
Allí se lee de pluma del papa Bergoglio:
«§ 1. Teniendo en cuenta las indicaciones eventualmente adoptadas por las respectivas conferencias episcopales, por los sínodos de los obispos de las iglesias patriarcales y de las iglesias arzobispales mayores, o por los consejos de los jerarcas de las iglesias metropolitanas sui iuris, las diócesis o las eparquías, individual o conjuntamente, deben establecer, dentro de un año a partir de la entrada en vigor de las presentes normas, uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes, incluyendo eventualmente a través de la creación de un oficio eclesiástico específico. Las diócesis y las eparquías informen al representante pontificio sobre la institución de los sistemas a los que se refiere el presente parágrafo.» (Documento completo disponible aquí).
Así pues, el papa Francisco fijó un plazo de un año para crear estas comisiones pero, como suele suceder en la Iglesia, no se ha fijado algún castigo o sanción por incumplimiento. Incluso si se toma sólo el caso de México como ejemplo, sabemos por la tabla que aparece unos párrafos más arriba que sólo once de las 18 arquidiócesis o 44 de un total de 96 diócesis han creado sus comisiones o, como el decreto del papa las llaman, “sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes”.
Por no hablar, por supuesto, de la falta de voluntad de las conferencias nacionales de obispos católicos en América Latina para hacer lo que hicieron sus colegas franceses la semana pasada: abrir sus archivos para permitir una comprensión completa del verdadero alcance de la crisis de abusos sexuales del clero.
Todo lo que Prevost hizo mal en Chiclayo o está haciendo mal hoy en Roma, debe corregirse. Además, se le debería despedir si eso ayuda a resolver los problemas, pero hay que tener claro que hay cuestiones más importantes en juego.
Nota: Una primera versión de este texto presentó a la arquidiócesis mexicana de Jalapa como carente de comisión en una de las tablas. Ese y otros pequeños errores se han corregido
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