Armeros de la FGR y SEDENA revenden las armas confiscadas: México en Estado de Sitio

El tráfico de armas azota a México desde hace dos décadas.

Cortesía/Los Ángeles Press/Despacho 14/El violento oficio de escribir/Alfredo Griz.

Alfredo Griz

Miles de armas entran por las fronteras norte y sur; SEDENA lo sabe, pero es incapaz de contener el tráfico de armas. FGR y el Ejército no pueden contra el tráfico de armas, pero se benefician de ello y se convierten en revendedores; muchas de las armas regresan a las calles gracias a sus armeros. Chiapas es un polvorín y una nueva ruta de armas, con alijos en la Península de Yucatán. Ametralladoras Barrett de 50 mm, lanzacohetes e incluso misiles tierra-aire han sido confiscados algunos por la SEDENA. México está en estado de sitio, un país sin ley.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) señala de forma alarmante que cada año ingresan al país más de 200,000 armas de todo tipo, utilizadas por los grupos del crimen organizado para delinquir, abatir a sus contrarios y defenderse de las pocas fuerzas federales que en verdad los combaten. La SEDENA afirma que sus estadísticas no mienten: entran 567 armas al día, aproximadamente 22 cada hora. El 70% de estas armas provienen de armerías estadounidenses y entran al territorio mexicano por la frontera norte, para después ser distribuidas en las diferentes regiones, dependiendo de la prioridad del crimen organizado.

El tráfico de armas es parte de la enorme e inédita ola de violencia que azota a México desde hace dos décadas, pero que se ha acrecentado en este sexenio. Este aumento de la violencia va de la mano con el incremento de la corrupción en todo el sistema político mexicano. 

Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cerca del 70% de los asesinatos en México se cometen con armas de fuego. De todos estos asesinatos, que oscilan entre 100 y 300 diarios, según el Observatorio Ciudadano y otras organizaciones, se utilizan en su mayoría armas construidas en Estados Unidos y, en menor porcentaje, armas patentadas en Europa. Estos datos corresponden al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Sin embargo, según la cancillería, “las víctimas de armas de fuego traficadas desde Estados Unidos se cuentan por miles”.

No se trata de culpar a quienes venden las armas o a su origen; las armas se usan porque hay demanda. Esta demanda busca proveedores, que tienen nexos con los gobiernos y los órganos de seguridad para pagar protección, la cual incluye también cuidar sus cargamentos de armas que entran al país. La frontera es permeable para enviar drogas a Estados Unidos y aún más porosa para permitir el tráfico de armas y el lavado de dinero en la zona fronteriza de México. Es decir, hay asesinatos porque hay armas (compradas en Estados Unidos), hay armas porque se exporta droga hacia el vecino país, se exporta droga porque es un gran negocio para los narcotraficantes, y hay narcotraficantes porque es un gran negocio para el sistema político y los órganos de seguridad de México. Ésa es la fórmula y la dinámica.

Hasta el día de hoy, el Gobierno de México no ha logrado contener este grave problema de violencia y tráfico de armas; al contrario, lo ha dejado crecer y ha promovido con sus acciones desde el Ejecutivo Federal que siga aumentando la escalada de violencia y la ola de corrupción en la república mexicana. 

“El problema es el número de armas que entran ilegalmente al país y la incapacidad del Estado para frenar el ingreso”, ha comentado infinidad de veces con creciente preocupación Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano. No está claro cuántas armas ilegales hay en México. Organismos como el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados estiman que son más de 15 millones. 

Sin embargo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que en la última década han entrado ilegalmente a México dos millones de armas. En este período, las autoridades han confiscado más de 193,000 armas, de las cuales más de la mitad salen de manera clandestina y se venden de nuevo al narcotráfico o bandas de delincuentes. Todas las armas confiscadas por la FGR y el Ejército van a parar a bodegas o armerías de la SEDENA, y de ahí, más del 50% retorna a las calles; es un negocio redondo y clandestino para muchos de los armeros del propio ejército.

De esos millones de armas ilegales en México, el 70% se compró en negocios ubicados en California, Arizona, Nuevo México y Texas, según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El otro 30% ingresa por la frontera sur, sobre todo por la frontera de Chiapas, y proviene de Suramérica y Centroamérica, así como del mercado chino, alemán y de fabricación israelí, siendo más socorridas las chinas por su bajo precio.

Autoridades mexicanas, estadounidenses y de Guatemala señalan que la forma más común de operación es el llamado “tráfico hormiga”, donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México. En la frontera norte, se trata de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes judiciales o problemas de estabilidad mental. Pero en la frontera sur es distinto; ahí se ingresan grandes lotes de armas, ya que Chiapas es un estado de México sumergido en la violencia, bajo el control del crimen organizado y clave para la producción y tráfico de fentanilo en el país, ya que los precursores están entrando por ahí y los laboratorios y cocinas de la letal droga se han trasladado a los estados sureños de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, lo que ha replanteado considerablemente el flujo de armas en la zona. Estos estados del sureste mexicano se están convirtiendo en grandes bodegas y alijos de armas procedentes de Suramérica, China y Alemania. Las armas también se envían por túneles construidos en ciudades fronterizas.

Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene que las rutas de tráfico de armas suelen ser las mismas que las del trasiego de drogas y dinero. 

¿Dónde cruzan las armas?

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) revela que la mayor parte del tráfico de armas se concentra en la frontera entre Tamaulipas y Texas. Esta área es escenario de una feroz confrontación entre los cárteles del Noroeste y del Golfo, quienes luchan por el control de las rutas de tráfico de dinero, armas, personas y drogas. Las ciudades de Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, así como McAllen y Reynosa, y Brownsville y Matamoros, son los principales puntos de tránsito de estos cargamentos. Además, se reporta tráfico significativo en las fronteras entre Chihuahua y Nuevo México, particularmente en la zona de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Otro punto crítico es la frontera entre Sonora y Arizona, donde el tráfico se realiza a través de rutas clandestinas en el desierto de Altar, y en las zonas entre California y Baja California, donde los envíos de armas frecuentemente pasan por las aduanas entre San Diego y Tijuana.

Según la ATF y la SEDENA, la mayoría de los cargamentos ilegales consisten en fusiles semiautomáticos, pistolas y municiones. Sin embargo, también se han detectado envíos alarmantes de armas de guerra. Las autoridades mexicanas han decomisado, en diversas ocasiones, cohetes antitanque M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL, fusiles Barrett calibre .50, así como subametralladoras y pistolas de última generación que incluyen balas trazadoras y capacidad para perforar blindajes medianos. En México, estas armas son conocidas como “matapolicías” debido a su capacidad para atravesar los chalecos antibalas. Además, se han asegurado bazucas, misiles tierra-aire y grandes cantidades de balas y granadas de alto calibre.

Estos datos, proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR), muestran que los principales grupos criminales involucrados en el tráfico de estas armas incluyen a los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, Jalisco Nueva Generación, Juárez y Los Caballeros Templarios. La FGR, a pesar de su papel en el enfrentamiento de la corrupción interna y la falta de resultados significativos, solo puede ofrecer cifras y datos alarmantes. El tráfico de armas sigue siendo uno de los temas más complejos en la relación entre México y Estados Unidos.

Por otro lado, es crucial reconocer la responsabilidad de Estados Unidos en este problema. La situación empeoró en 2004, cuando el presidente George Bush levantó la prohibición de la venta de fusiles de asalto y armas semiautomáticas. En México, el gobierno de Vicente Fox Quezada ya había vinculado el aumento de homicidios y violencia con la venta de armas en Estados Unidos, una problemática que ha persistido con sucesivos presidentes, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, según el especialista Weigend Vargas.

Vargas menciona estudios que indican un aumento en los homicidios cometidos con fusiles de asalto en municipios mexicanos cercanos a Arizona y Texas, una tendencia que no se observa en ciudades fronterizas con California, debido a que las regulaciones de armamento en estos estados son mucho más permisivas.

Francisco Rivas señala que las aduanas en México son extremadamente permeables y carecen de un control adecuado. Los gobiernos mexicanos han pedido a Estados Unidos un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas, pero han enfrentado resistencias. No obstante, el tiroteo en El Paso, Texas, el 3 de agosto, ha reavivado el debate público sobre el tema, con un creciente apoyo para restringir de nuevo la venta de armas de asalto y realizar revisiones más rigurosas de los antecedentes de los compradores. “Hay muchas conexiones allí”, afirma Vargas. “Las mismas regulaciones que reducirían la violencia en Estados Unidos también disminuirían el tráfico hacia México”.

Así, el tráfico de armas se manifiesta tanto en la frontera norte como en la sur, exacerbando la violencia interna y desestabilizando la paz social en México. Surgen muchas preguntas sin respuesta: ¿Por qué la SEDENA, a pesar de ser responsable de las armas, no actúa al respecto? ¿Por qué el Ejército permite que sus armeros vendan armas al crimen organizado? ¿Por qué, si se conocen las ubicaciones de los grupos delictivos, no se les detiene? ¿Cuándo se restaurará la paz en México? ¿Cuáles son los beneficios para la FGR y el Ejército Mexicano en el tráfico de armas? Estas preguntas permanecerán abiertas por mucho tiempo. Mientras tanto, la población de México se enfrenta a un entorno de constante inseguridad, deseando no ser víctima ni del crimen organizado ni de las propias autoridades. Vivimos en un estado de sitio y en un país sin ley.