altares y sotanos

Inelegibles, los candidatos a fiscal de Sinaloa

Cortesía/Río Doce/Ismael Bojórquez

Debe ocurrir en muchos países, no lo sabemos —el mundo es muy grande, aunque para muchas cosas nos empeñemos en verlo como una pequeña aldea—que un servidor público sea probadamente ineficiente, incluso criminal, y la administración lo mantenga y hasta lo premie.

Nunca, Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Instituto de Nacional de Migración, fue castigado, ni siquiera relevado del cargo, después de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, el 23 de marzo de 2023. No hubo responsables por la muerte de 26 personas en la Línea 12 del metro y la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue protegida por el presidente AMLO: ahora será presidenta de la república. El otro probable responsable, Marcelo Ebrard, será secretario de Economía en la próxima administración.

En Sinaloa renuncia la fiscal, Sara Bruna Quiñónez, en medio del peor escándalo en que se haya visto envuelta la Fiscalía Estatal en su historia, y tres de sus subalternos, dos de ellos directamente involucrados en las labores forenses para determinar pistas y dictámenes en torno al crimen de Héctor Melesio Cuen Ojeda, se inscriben en la convocatoria para relevarla.

No solo no renunciaron a sus cargos —por lealtad a su jefa, humildad, por reconocimiento de sus culpas, que arrastraron a la fiscal hacia la ignominia —, sino que, por el contrario, se sienten con merecimientos para suplirla. De verdad se necesita poca vergüenza, o mucha ambición para ello. O tal vez estén convencidos que el mundo es así, que aquí todo se vale y no pasa nada.

Pero en el proceso de selección del nuevo o nueva fiscal están atravesadas tres instituciones: el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que lanza la convocatoria, inscribe y selecciona a cinco aspirantes, el gobernador del estado, que de los cinco elige a tres y el Congreso del Estado, que de los tres elige a quien será el o la fiscal.

Si después de esos filtros y con los antecedentes que tenemos es elegido uno de los que ahora son parte de la fiscalía que anda en la boca del mundo —incluso en la del Mayo Zambada— por el desparpajo con que hicieron la investigación sobre el caso Cuen, evidenciado por la FGR, entonces se tendrá que llegar a la conclusión de que esas pifias periciales, esa burda, absurda investigación, no fue por desconocimiento de los protocolos, sino porque quisieron premeditadamente enturbiar cómo y dónde ocurrió el crimen (y si esto fue así, la pregunta sería por qué motivos). Y que, si uno de ellos es elegido, de lo que se trata ahora es de limpiar, hasta donde se pueda, el estercolero que Sara Bruna dejó al renunciar, haya estado directamente involucrada o no en esas periciales.

El gobierno estatal requiere, como siempre ha ocurrido, una fiscalía a modo —la autonomía es un mal chiste—, pero aún más en el contexto que estamos viviendo de un conflicto entre el gobierno del estado y los directivos de la UAS, donde está metido también el congreso y que derivó, ya se ha visto, en el asesinato de Cuen.

El gobierno estatal necesita, por medio de la fiscalía, dar seguimiento a los juicios que se han entablado en contra de una decena de funcionarios rosalinos, que, se supone después de la muerte de Cuen, van a terminar negociando. Y para ello necesita estar dando línea a la fiscalía. No hay que olvidar que está en marcha la reforma a la Ley Orgánica de la UAS y en este proceso se atraviesan muchas variables y actores. Y entre estos ya se introdujeron, por obra de no sabemos quién, los narcos. Según el Mayo, él y Joaquín Guzmán López iban a interceder entre el gobernador y Cuen para resolver el conflicto. Rubén Rocha ya dijo que no tiene porqué arreglar problemas con la intermediación de ellos, pero ellos, por lo que se ha visto, están interesados en meterse al asunto.

Y se me hace muy infantil pensar que, si se meten, sería solo por la amistad, como dijo el Mayo en su carta al referirse a Cuen. O porque quieren y les conviene que Sinaloa esté en paz. El presupuesto de la UAS es descomunal, alrededor de 6 mil millones de pesos anuales. Y no creo que ellos lo ignoren. Son hombres de negocios.

Bola y cadena
TAMBIÉN EN ESO DEBIERAN PENSAR quienes están apurados ahora por reformar la ley orgánica de la UAS para volver al esquema de elección directa de directores y rector, aunque se hable del voto paritario. Volver a lo que la UAS vivió hasta hace casi dos décadas es un profundo y peligroso retroceso. Ya veo al narco financiando campañas y secuestrando candidatos. ¿O alguien lo duda?

Sentido contrario
ES MUY OBVIA LA PRISA QUE HA mostrado el congreso estatal para reformar la ley orgánica, como si una vez aprobada solo baste hacer elecciones para quitarle la UAS a quienes ahora detentan el poder. Están haciendo un mal cálculo. Ahora, sin Melesio Cuen, los directivos siguen teniendo las estructuras en las escuelas y unidades y se van a acuerpar para evitar ser desplazados. No es tan fácil quitarle a un cochi la mazorca si ya la tiene en el hocico.

Humo negro
SI EL TRIBUNAL ELECTORAL no cambia la decisión del INE, Morena se convertirá en una aplastante mayoría constitucional y podrá hacer lo que quiera con el país. Por lo pronto ya está en camino de desaparecer siete organismos autónomos, entre ellos el de Transparencia. Nos vemos en Nicaragua.

Artículo publicado el 25 de agosto de 2024 en la edición 1126 del semanario Ríodoce.

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Medio independiente de Aguascalientes.

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