Ministerios Públicos, en los lodazales de antaño

Alfredo López Reyna/Cortesía/Río Doce.

Mucho se ha escrito alrededor de la figura del Ministerio Público, por tratarse de una de las instituciones más emblemáticas del Estado. Muchas investigaciones se han realizado acerca de sus orígenes, funciones y diversas formas de concepción o tipos de estructura; sin embargo, otro tanto hace falta por escribirse, dada la trascendencia y naturaleza de este órgano responsable del ejercicio de la acción penal.

El momento actual, tanto en el fuero federal como en el fuero común, abona a sostener este punto de vista sobre el Ministerio Público, acerca del conjunto de situaciones problemáticas, dificultades que repercuten y alteran su funcionamiento. Vale decir, la descripción de una serie de complicaciones que se presentan en la institución; enfermedades o patologías, para usar el lenguaje de la medicina. Males, que originan ineficiencias de resultados, ponen en riesgo su desempeño y contravienen los fundamentos y principios teleológicos que lo sustentan y contradicen el discurso de la supuesta autonomía.

Por eso sostenemos que, aunque la institución guarde vigencia en nuestros días, no menos cierto es, que desde hace tiempo el Ministerio Público atraviesa por distintas problemáticas, de las cuales muchas son añejas; serias patologías que de un continuo generan dificultades, ocasionándole mayor esfuerzo para la realización de sus funciones que legalmente tiene encomendada y que datan de más de un siglo en su forma moderna, aunque sus orígenes se remontan en el tiempo.

Se pensó que el cambio de Procuraduría a Fiscalía, por decir de manera coloquial, generaría condiciones favorables para que el órgano perseguidor del delito recibiera la oxigenación que tanto requería, lamentablemente ese oxígeno no llegó a todos los rincones de la institución del Ministerio Público y a una década del cambio, la FGR navega en los mismos lodos que su antecesora la PGR, lo hiciera en sus 44 años de existencia. En los estados sucedió lo mismo con el cambio, sólo fue un remake, y la autonomía sólo quedó en el decreto de creación como letra muerta; así como el procedimiento de designación de su titular.

Así, el Ministerio Público ha extraviado los fundamentos que le dieron origen, sus principios axiológicos, para convertirse en otra institución diferente a los principios que profesa, por las inconsistencias y desviaciones que se presentan de manera constante y que son comentadas desde dentro por su personal desencantado en sus distintas áreas; por las víctimas del delito que recurren y reclaman justicia; demandantes del servicio que van en busca de su auxilio; así, como la opinión docta académica o por estudiosos que suelen cuestionar sus principios orgánicos, tanto como la propia naturaleza de órgano persecutor del delito, defensor de la ley y representante social.

La solo enunciación de un listado de “enfermedades” o “patologías” que padece la institución del Ministerio Público, es para llamar la atención, ya que son arraigados y graves problemas que demandan su pronta resolución, porque alteran el quehacer institucional en todas sus áreas y funciones. Dentro de estas “enfermedades” se pueden observar: Mal de Alzheimer, ateroesclerosis, artritis; etc.

Resulta conveniente el uso didáctico del lenguaje de la ciencia médica, la auscultación y el diagnóstico, como si se tratara de un ser humano; es decir, la descripción del conjunto de achaques y descontrol orgánico que constantemente se observa y son perceptibles a simple vista, amén de aquellos padecimientos deducidos por los efectos que produce la actuación institucional.

Se reconoce y concibe a la institución desde sus orígenes y naturaleza, como una de las mejores creaciones que el Estado ha dado a sus gobernados en tanto garante de paz y tranquilidad; como detentador del jus puniendi y el instrumento más eficaz de ejercicio de su poder coercitivo; sin embargo, elevar la voz para manifestar el daño que ocasiona y se ocasiona su desnaturalización, al convertirse en trinchera de apetitos político-ideológicos en el ejercicio del poder, constituye, por así decirlo, un mero acto de congruencia.   

Nada novedoso para muchos; pero seguramente a la postre, las debilidades y deficiencias que hoy se advierten, mañana ocasionarán mayúsculos problemas y diezmarán las capacidades de la institución, el costo de reparación del daño será más elevado o de mayores consecuencias para el Estado, al poner en crisis una de sus mejores creaciones, sobre todo, en un Estado Democrático y de Derecho.

Sin reserva, puedo afirmar que todo lo aquí desarrollado, no alcanza a decir lo último sobre el tema, como tampoco en cada una de sus partes, lo cual se reconoce de antemano; pero, tan cierto es lo anterior, como el despojo del autor de arrogancias y poses de dominio de conocimiento que maticen o encubran un ajeno interés, más allá de la contribución a un saber, para beneficio de una institución, cuya conveniencia social de su creación, no puede ser privatizada por meros propósitos sectarios o patrimonialistas.

Artículo publicado el 25 de agosto de 2024 en la edición 1126 del semanario Ríodoce.