El oscuro desempeño de la ex fiscal de Sinaloa

Cortesía/Río Doce.

Sara Bruna Quiñonez entró a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como la “jueza de hierro” y salió por la puerta trasera exhibida por irregularidades y omisiones en la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Quiñonez Estrada llegó en noviembre de 2021 a la FGE tras una simulación de la renuncia voluntaria de Juan José Ríos Estavillo y a su paso dejó casos sin resolver y se vio envuelta en polémicas por la contratación de un asesor de imagen, clases de yoga, nombrar director de periciales a un locutor de radio y reclamar a la sociedad y medios no colaborar para esclarecer homicidios.

El viernes renunció a la FGE horas después de que la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del homicidio del ex rector de la UAS y reveló que había negligencias en la investigación que inició la Fiscalía local.

Desde que se abrió la indagatoria, Quiñonez Estrada dio a conocer que la línea de investigación era el intento de robo de la camioneta en una gasolinera y en una carta Ismael el Mayo Zambada señaló que a Cuen Ojeda lo asesinaron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a él lo secuestró Joaquín Guzmán López para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a autoridades de ese país.

La Fiscal fundaba su teoría en la declaración del testigo Fausto Corrales, quien narró que cuando llegaron a la gasolinera de La Presita arribaron dos hombres en una motocicleta y uno de ellos se acercó a la camioneta e intentó despojar el vehículo, pero Cuen Ojeda se opuso y le dispararon.

El lunes 12 de agosto, Quiñonez Estrada dio a conocer que la FGR atraería la investigación y una vez más sostuvo que la hipótesis era el intento de robo y difundió el video del momento en el que le disparan al ex alcalde de Culiacán.

Tras analizar el video y la carpeta de investigación la FGR encontró irregularidades, omisiones y contradicciones.

La FGR señala que en la necropsia no se establecieron de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo, y que el cuerpo tenía un fuerte hematoma en la cabeza y recibió cuatro disparos.

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Detalla que en el video de la gasolinera sólo se escucha un disparo y los tres empleados del negocio no refieren haberlos escuchado, y no se identifica con precisión la fisonomía de los ocupantes de la camioneta.

Del trabajo pericial menciona que no hay establecida una mecánica de hechos del evento, no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo y que, habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes, ni determinaciones al respecto.

La FGR establece que tampoco se cumplieron por parte de todas las autoridades involucradas las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios.

Sobre la cremación, Quiñonez Estrada había manifestado que la familia fue notificada que no podían hacerlo y aun así lo hicieron.

Al día siguiente de que la FGR exhibió a la Fiscalía local, esta presentó su “renuncia voluntaria” al Congreso del Estado.

Quiñonez Estrada publicó un mensaje en X en el que señalaba que dejaba la FGE para no entrar en controversias que puedan afectar la investigación.

“Segura de que se hicieron las cosas bien durante mi gestión y para no entrar en controversias que puedan afectar carpeta de investigación alguna me retiro del cargo”, publicó.

El gobernador Rubén Rocha Moya reveló que él le “aconsejó” que dejara la Fiscalía.

Mencionó que en una llamada de menos de cinco minutos le sugirió que renunciara, pero solo fue un consejo como compañeros de equipo porque como gobernador no puede pedirle que renuncie.

“Quise verlo de manera más armónica, hablé con ella temprano, se lo aconsejé”, expresó.

Manifestó que la FGR determinará si Quiñonez Estrada es investigada por las irregularidades en la carpeta de investigación.

Sara Bruna llegó a la FGE en 2021 en sustitución de Juan José Ríos Estavillo, quien dejó la Fiscalía en un proceso en el que simularon que presentó su renuncia voluntaria, pero se fue porque el entonces gobernador electo Rubén Rocha Moya le pidió que renunciara.

Cuando se convirtió en Fiscal, Quiñonez Estrada se acababa de retirar del Poder Judicial del Estado.

Fue conocida como la “jueza de hierro” a partir de que empezó a llevar los casos de corrupción de los ex funcionarios del gobierno de Mario López Valdez.

Como jueza, Quiñonez Estrada recriminaba en las audiencias a los fiscales que no hicieran las cosas de la manera correcta, exhibía sus irregularidades, reprochaba que entre la FGE y los acusados pretendían hacer acuerdos que consideraba inmorales para evitar el juicio y acusaba a los ministerios públicos actuar maliciosamente para retirar delitos.

La “jueza de hierro” en las audiencias se mostraba molesta por los casos de corrupción y eran notorias sus diferencias con la entonces Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo Valenzuela, por su “extraña manera de atender la Ley”, decía la juzgadora.

En su paso por la FGE cometió pifias, dejó pendientes de resolver casos de alto impacto y se vio envuelta en polémicas.

En 2022 cometió su primera pifia en la investigación por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, cuando llevaron a proceso penal a la pareja del autor intelectual y la acusaron del delito de encubrimiento por favorecimiento por presuntamente ocultar evidencias.

La joven fue vinculada a proceso y quedó en prisión preventiva y un mes después fue puesta en libertad por un amparo en el que el juez de distrito señaló que a ella no podían sancionarla por el delito de encubrimiento porque es concubina de la persona a la que presuntamente encubrió.

El juez mencionó que antes de judicializar la investigación, la FGE pudo determinar que a la joven no la podían sancionar por ese delito porque aplica una excluyente del delito contemplada en el Código Penal y así evitar que se violaran sus derechos.

En la misma investigación la FGE identificó como homicidas a Jorge Ernesto Gómez Galván y Samuel Rodolfo Velarde y en varias ocasiones intentaron detenerlos, pero les dieron un “pitazo” de la misma fiscalía y lograron escapar.

Samuel Rodolfo fue detenido en diciembre de 2023 en una posada en el fraccionamiento Villa Bonita y Jorge Ernesto sigue prófugo.

Quiñonez Estrada también dejó sin resolver el homicidio del comandante de la Policía Municipal Juan Manuel Silva Alvarado, quien fue asesinado el 6 de agosto de 2022, unas horas después de haber asumido el cargo de subdirector de la corporación.

Otros crímenes que quedan impunes son el del bailarín Maximiliano Corrales, localizado muerto en el río Humaya el 21 de abril de 2023; y el de la madre buscadora Rosario Lilián Rodríguez, asesinada el 30 de agosto de 2022 en Elota, cuando regresaba de una misa para recordar a su hijo en el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Un caso más que queda sin concluir es la investigación del megafraude de Inverplux, que según las víctimas asciende a más de mil millones de pesos.

La ahora exfiscal nombró a Eladio García como fiscal especial para atender las más de 500 denuncias de personas que perdieron sus ahorros y el caso nunca fue resuelto.

Otras polémicas en las que se vio envuelta la exfuncionaria, fue la designación de Jorge Papachoris Corrales como director de Investigación Pericial, lo que provocó manifestaciones de los colectivos de búsqueda que se oponían al nombramiento debido a que no tenía experiencia forense, pues su trayectoria era como locutor de radio, conductor de certámenes de belleza y asesor de imagen.

En marzo de 2023, Papachoris Corrales fue removido del cargo y en mayo de ese año Ríodoce dio a conocer que antes de ser titular de periciales, la Fiscal lo contrató como su asesor de imagen y también tenía una instructora de yoga.

La función de Papachoris era hacer propuestas que mejoraran la presentación de la fiscal en todos sus ámbitos.

Como instructora de yoga contrató a Virginia Santoyo Morales, quien impartía las clases en las instalaciones de la Fiscalía, ya que según Quiñonez Estrada eran “una necesidad y debería ser una obligación velar por el bienestar de las personas”.

En mayo de 2023 levantó polémica cuando al cumplirse un año del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez acusó a los medios de comunicación y a la sociedad de no colaborar para detener a los responsables.

“La sociedad no coopera, no le interesa, solo le gusta leer por el morbo. La gente es muy buena para criticar, pero cuando ya se trata de cooperar, de aportar, dar datos, entonces sí ya se voltea para otro lado y ya no quiere cooperar. ¿Por qué ustedes (medios de comunicación) no cooperan? yo les diría: exijan a la federación, tiene más recursos”, reclamó.

Tras su salida de la FGE, el Vicefiscal General, Dámaso Castro Saavedra, quedará como encargado del despacho del Fiscal General.

Para elegir al nuevo titular de la FGE, el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado debe abrir una convocatoria pública para que se inscriban todos los interesados y una vez que comparezcan elegirán una quinteta de la que el gobernador seleccionará a tres personas y enviará la terna al Congreso, para que de ahí los diputados elijan al nuevo Fiscal.

Artículo publicado el 18 de agosto de 2024 en la edición 1125 del semanario Ríodoce.