La insistencia respecto de su no intervención en el arresto de Zambada y la repetida exigencia a Estados Unidos de que entregue información plantea dudas acerca de la relación entre los gobiernos de ambos países.
Los Ángeles Press
La actividad en Palacio Nacional este viernes 9 de agosto estuvo centrada en reiterar, una vez más, que Andrés Manuel López Obrador, su gobierno y allegados, no tuvieron que ver con el arresto de Ismael Zambada, líder de una de las organizaciones criminales más violentas a escala global.
¿Qué obliga al titular del Ejecutivo mexicano a insistir tantas veces como lo ha hecho en las últimas dos semanas en esa “inocencia” respecto del arresto? Esa es una pregunta que nadie de los asistentes a la actividad en Palacio Nacional se anima a formularle al tabasqueño.
Lo que es claro es que él no quiere dejar duda alguna de ello y ha hecho todo lo posible en las últimas dos semanas por regresar al tema una y otra vez. Y no es que él siempre esté dispuesto a responder cualquier pregunta que se le haga. Más bien todo lo contrario.
Es que, por razones que sólo él discierne, desea repetir una y otra vez que su gobierno, sus colaboradores, quienes dependen de él, no tuvieron que ver con lo que ocurrió entre las familias que controlan el así llamado Cartel de Sinaloa.
López Obrador ha insistido en el mismo argumento desde el primer día que se vio obligado a abordar el tema, el viernes 26 de julio, como se puede ver en el texto enlazado después de este párrafo.
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Desde entonces, lo ha abordado en los mismos términos, el 29 de julio, el 30 y el 31 de julio.
El primero de agosto lo volvió a hacer, como se puede ver en el texto enlazado después de este párrafo. Ese día era evidente que no había capacidad o disposición para ofrecer información.
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A pesar de ello, el martes de esta semana López Obrador volvió a machacar el tema. Hizo que su secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez abordara el tema en dos ocasiones en una misma actividad y en una de esas oportunidades incluso compartió el atril del Salón Tesorería de Palacio Nacional, mientras hacía todo lo posible por evidenciar con su lenguaje corporal, al alzar las manos, que ni él ni su gobierno tuvieron que ver.
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De ahí que resulte crecientemente difícil comprender por qué un presidente que se dice tan seguro de las bondades de su estrategia de seguridad a la que no pierde ocasión de alabar a pesar de sus números lamentables, haya insistido este viernes, una vez más, en reiterar que ni él ni sus colaboradores más cercanos tuvieron que ver con el arresto de Zambada.
La única opción que queda por explorar es considerar si lo que López Obrador trata de evidenciar es que no hay colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
En algún punto de la actividad, poco después de las ocho y media, López Obrador incluso parecía reprocharle a Estados Unidos el que no entregue información sobre el arresto.
Preguntó, “por ejemplo, ¿Qué pasó con el piloto? ¿Quién era? Y desde luego que saben de dónde salió el avión, y queremos saber más sobre la negociación, si fue un acuerdo o cómo llegó a declarar el abogado del señor Zambada de que lo habían detenido, entonces, saber bien todo esto, vamos a esperar…”
Lo absurdo de la situación es que tendría que ser el gobierno de México el que respondiera esas preguntas. El vuelo salió de México, no de Estados Unidos. Lo que es peor, el 26 de julio, cuando empezó esta tragicomedia, el gobierno de México se dijo seguro de tener la información acerca de la ruta que había seguido el vuelo.
Este viernes 9 de agosto, López Obrador evidenció aún más las contradicciones que marcan su comprensión de lo publico cuando dijo que “la vida pública debe ser cada vez más pública”, acaso sin advertir que Zambada no es servidor público y Estados Unidos no dispuso de recursos del erario mexicano. Aunque los crímenes que concretan organizaciones como el Cartel de Sinaloa sean de interés público, decisiones como la de entregarse al gobierno de Estados Unidos no lo es.
En todo caso, como lo hizo ver su secretaria de Seguridad en su más reciente participación en la actividad matutina en Palacio Nacional el 6 de agosto, ellos no estuvieron al tanto de las razones que llevaron a Zambada a entregarse. Rosa Icela Rodríguez, sin embargo, recurrió el pasado 6 de agosto a enumerar como en una catarata las instancias en que se colabora con el gobierno de Washington.
El propio López Obrador parecería decirlo también cada que ha tenido oportunidad de celebrar a Joe Biden, aunque también lo haga con Donald Trump que, además, le concedió el deseo de devolver a México, intocado, a quien fuera secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, a quien López Obrador incluso se ha dado la oportunidad de condecorar en una ceremonia pública.
En todo caso, queda la constancia de que, por sexta ocasión en dos semanas, la presidencia de la República insiste en que no tuvo nada que ver con el arresto de uno de los más peligrosos promotores de la violencia en México y otros países.
Queda constancia también de que, a pesar de la alegada buena relación y cooperación entre ambos gobiernos, hay un abismo profundo entre Ciudad de México y Washington, D.C. y la actitud del gobierno de México lejos de favorecer el que se confíe en sus dichos resulta sospechosa, pues todos los días elogia una estrategia que no rinde los frutos que ofrece.
Lejos de ocurrir alguna reducción en el número de homicidios, al cerrarse el ciclo de López Obrador como presidente, lo hace con el dudoso privilegio de que su gobierno sea el que más homicidios ha acumulado, como se puede ver en la gráfica de TResearch International de México que aparece después de este párrafo, correspondiente al día de ayer.
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