Empiezan a aparecer, muertos, los 66 desaparecidos de Sinaloa, pero fueron más

No hay pruebas de que los siete cuerpos mutilados tengan que ver con los levantones de marzo, afirma la Fiscalía

Cortesía: Río Doce.

La Fiscalía General del Estado no ha establecido un vínculo entre las siete personas encontradas asesinadas y con las manos cercenadas con el levantón masivo de personas en marzo, porque las víctimas no tenían reporte de desaparición, pero no descarta que hubo personas privadas de la libertad por las que no presentaron denuncia.

El domingo 30 de junio siete cuerpos con las manos mutiladas fueron localizados en los municipios de Navolato y Elota.

Alrededor de las 15:40 horas encontraron los cadáveres de cuatro hombres en el poblado Los Arredondo, en la sindicatura de San Pedro, en Navolato.

Los cuerpos estaban encimados, tenían las manos amputadas, huellas de tortura y disparos.

Horas más tarde reportaron que había dos cadáveres de hombres y uno de mujer, en el poblado La Papalota, en el municipio de Elota.

Personal de la Fiscalía General del Estado y de las corporaciones policiales acudieron al lugar hasta el lunes por la mañana.

Los cuerpos estaban con las manos cercenadas, desnudos, emplayados de las piernas y con una soga atada al cuello.

Personal de la Fiscalía señaló que inicialmente presumían que entre las personas asesinadas podría haber dos familiares del agente de la Policía Investigadora del Estado, Ramón Alberto Báez Ochoa, señalado de liderar una banda de ladrones de domicilios, en mantas atribuidas a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y que fueron colocadas tras el levantón masivo.

Los cuerpos encontrados en Navolato fueron identificados como Jorge Alfredo y Baldomero, originarios de Imala; y los hermanos Elisandro y Félix, de la comunidad de San Javier, en Badiraguato.

Los cadáveres encontrados en Elota son los de Jesús Manuel, su esposa Manuela y su hijo Edgar Arturo, con domicilio en la colonia Rubén Jaramillo.

Extraoficialmente se dio a conocer que los tres miembros de la familia fueron privados de la libertad desde el 22 de marzo.

Personal de la FGE dio a conocer que la Fiscalía General de la República atraerá la investigación del homicidio de las siete personas y la Fiscalía local solo realizará los peritajes del levantamiento de cadáveres.

Tanto el gobernador Rubén Rocha Moya como la Fiscal General del Estado señalaron que no estaba establecido un vínculo entre las siete personas asesinadas y el levantón masivo.

El lunes por la mañana, la titular de la FGE dijo que los cuerpos no estaban identificados, pero presumían que el homicidio podría estar relacionado con el levantón de marzo.

Comentó que entre las víctimas podría haber dos personas que fueron privadas de la libertad el 22 de marzo.

Después de que los cuerpos fueron identificados, la Fiscal informó que ninguna de las personas asesinadas tenía reporte de desaparición.

Comentó que ninguno de ellos fue reportado como levantado el 22 de marzo.

Quiñónez Estrada señaló que todas las personas reportadas como desaparecidas en marzo fueron localizadas, sin embargo, podría haber otras por las que no se presentó denuncia.

“Las que tenemos nosotros con denuncia han aparecido, pero hubo gente que no denunció, entonces de esas personas no podemos nosotros llevar un control porque no han denunciado”, indicó.

Reconoció que por la forma en que fueron asesinadas, se trató de delincuencia organizada.

Señaló que, por las similitudes entre los asesinatos de Navolato y Cosalá, las víctimas “quizás pertenecían a una misma organización o tenían un enemigo en común”.

El gobernador Rubén Rocha Moya también señaló que no había relación entre las siete personas asesinadas con el levantón masivo.

Las personas privadas de la libertad en marzo, aseguró, todas fueron liberadas.

“Ninguno de los que han aparecido tienen denuncia”, comentó sobre las siete personas asesinadas.

Fichas desactivadas

La semana pasada, la FGE desactivó dos fichas de búsqueda de dos mujeres que fueron privadas de la libertad el 22 de marzo.

Se trata de Jesús Regina Urías e Iris Johana Larrañaga, levantadas en su domicilio en el fraccionamiento Los Ángeles.

Personal de la FGE dio a conocer que ambas mujeres fueron liberadas desde abril pasado, pero las fichas permanecían activas porque la dependencia no tenía la certeza.

Hasta la semana pasada, explicaron, fue cuando la Fiscalía pudo corroborar que sí estaban en libertad.

La FGE y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas todavía mantienen activas las fichas de búsqueda de nueve personas.

Según la FGE las personas ya fueron liberadas, pero las fichas siguen activas porque las víctimas no han querido ser entrevistadas por la Fiscalía para que la dependencia tenga la certeza.

Desde los primeros días de abril, tanto el Gobierno del Estado como la Fiscalía anunciaron que todas las víctimas habían sido localizadas, sin embargo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió una queja por personas que todavía seguían privadas de la libertad.

La queja la presentó el familiar de una persona que seguía desaparecida y dijo que tenía conocimiento de otras cuatro personas también seguían sin ser localizadas.

Artículo publicado el 7 de julio de 2024 en la edición 1119 del semanario Ríodoce.