Los Ángeles Press
Desde la mañana del 7 de noviembre, se ha hecho público que varias personas privadas de libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número Uno, conocido como El Altiplano y situado en Almoloya de Juárez, Estado de México, han iniciado una huelga de hambre en protesta por las condiciones de su alimentación y han llevado a cabo actividades de protesta pacífica en contra del incumplimiento de las autoridades penitenciarias con respecto a sus derechos constitucionales.
Entre los huelguistas, se destacan algunos nombres de alto perfil en el mundo del crimen organizado, como Rafael Caro Quintero, Eduardo Arellano Félix, José Antonio Yépez Ortiz (alias El Marro), Erik Valencia Salazar (cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación y apodado El 85).
También se ha unido a la huelga de hambre Juan Manuel Abouzaid, conocido como El Escorpión o El árabe, quien es uno de los líderes menos conocidos del CJNG, pero señalado como un operador financiero clave del ese grupo delictivo. Junto a ellos, se encuentra el expolicía federal Luis Cárdenas Palomino, quien ingresó al penal en 2021, dos años después de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, de quien era su mano derecha.
Los huelguistas argumentaron que la calidad de la comida proporcionada en la prisión está afectando seriamente su salud, y denuncian la falta de atención médica adecuada, así como la violación de su derecho a la salud.
Afirman que estas condiciones han empeorado significativamente desde la llegada de Luis Fernando Mendoza Castellanos en 2023, un funcionario con una larga historia de denuncias por abuso de poder en relación a los internos, extorsión y torturas.
A raíz de una serie de denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las condiciones penitenciarias, el director del Cefereso Luis Fernando Mendoza Castellanos ha realizado nuevos traslados arbitrarios del Altiplano al nuevo Cefereso de Papantla, Veracruz.
Incluso, los demás internos han recibido amenazas por parte de los custodios de que “si hacen ruido” serán trasladados a penales con peores condiciones o lejos de sus familias. Hasta ahora, los traslados realizados han sido sin notificación previa a la defensa y familiares de los internos, a travesando una situación de “desaparición forzada” por horas o por días hasta que se reporta el hecho a la CNDH.
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