Alma Alcaraz fue rechazada como delegada de MORENA en Sinaloa y obtiene diputación local por representación proporcional en Guanajuato.
Por Rosario Martínez De la Vega*
En 2017, Emmanuel Alejandro Valenzuela Alcaraz empezó su vida laboral como mesero en varios restaurantes. Al siguiente año, se desempeñó como auxiliar administrativo en un club nocturno, según su propia versión de currículo. Sin embargo, en 2020, su currículum especificó que tenía un diplomado en Finanzas y dos certificados de idiomas, inglés y francés.
En el formato público del curriculum vitae de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), donde fue contratado en 2019, apuntó que sus últimos estudios formales en 2020 era de preparatoria y no contaba con título ni cédula profesional. El cargo desempeñado en la instancia federal era de “Abogado receptor de quejas” con un sueldo mensual de 19 mil pesos (1,266 dólares).
Para el 10 de marzo de 2023, en la plataforma digital de perfiles profesionales Zoom info, actualizó su información como Jefe de Operaciones en PROFECO basado en la ciudad de Tijuana, Baja California. Incluso la Secretaría de la Función Pública, recibió el 16 de mayo de 2023, su declaración patrimonial y de intereses -bajo protesta de decir verdad- que había finalizado sus estudios de Licenciatura en Finanzas y Banca en la Escuela Bancaria y Comercial, el 20 de diciembre de 2019.
De acuerdo con los contratos que Los Ángeles Press obtuvo a través de Plataforma Nacional de Transparencia, el hijo de Alma Edwviges Alcaraz Hernández, legisladora de MORENA por Guanajuato, Emmanuel Alejandro Valenzuela Alcaraz se desempeña ahora como subdirector de área ODECO en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor y percibe un sueldo de 42 mil pesos mensuales (2,800 dólares).
Valenzuela Alcaraz estaría incurriendo presumiblemente en el delito de “usurpación de profesiones”, en los términos del 250 del Código Penal Federal, al firmar como “licenciado”, pese a que no cuenta con cédula, ni título profesional que le avale en el cargo.
El hijo de la diputada morenista ingresó a la PROFECO el 1 de noviembre de 2019 como “Abogado receptor de quejas”; en su declaración de intereses, Emmanuel Alejandro Valenzuela Alcaraz reportó que durante ese año se encontraba cursando la Universidad en la Escuela Bancaria y Comercial. Mientras que, en su currícullum presentado en 2020, manifestó contar sólo con la educación preparatoria y tener experiencia como auxiliar de administración, almacenista y como mesero en restaurantes entre 2017 y 2019.
El ex procurador de la PROFECO, Ricardo Sheffield, ya había reconocido y justificado la contratación de Emmanuel Alejandro Valenzuela Alcaraz en junio de 2022, cuando Alma Edwviges Alcaraz Hernández tenía ya casi un año de diputada en Guanajuato.
Según lo reportado por su hijo ante la Secretaría de la Función Pública, el cargo como “Abogado receptor de quejas” concluyó el 15 de abril de 2021, justo al inicio de las campañas electorales de ese año. Pero Emmanuel Valenzuela regresó a la paraestatal el 22 de septiembre, y tres días después, se declaró legalmente instalada la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, en la que su madre Alma Edwviges Alcaraz obtuvo la diputación por representación proporcional del partido MORENA.
Valenzuela Alcaraz pasó de “abogado receptor de quejas” a “subdirector de área ODECO” en menos de dos años, lo cual, además de la jerarquía del cargo público, se incrementó su salario acorde al nivel, al pasar de ganar 19 mil pesos mensuales a 42 mil pesos mensuales, bajo la contratación de honorarios.
La dependencia establece que los honorarios asimilados a salarios se regulan por el Servicio Profesional de Carrera, que establece que los candidatos deberán someterse a concurso, en el que deberán acreditar la escolaridad, la experiencia laboral y/o condiciones para el puesto, así como competencias y capacidades, con los que se acredite ser el perfil idóneo para ocupar el cargo.
No obstante, el hijo de la legisladora reporta estudios truncos hasta hace un mes, en el que manifestó contar con “boleta” de los estudios concernientes a “Banca y Finanzas” de la Escuela Bancaria y Comercial, y como experiencia laboral, almacenista, auxiliar de administración y mesero en restaurantes.
Hasta el momento no aparece registro alguno bajo el nombre de Emmanuel Alejandro Valenzuela Alcaraz en el registro de cédulas profesionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como puede corroborarse en una simple búsqueda en el portal de la dependencia.
Pese a lo anterior, Emmanuel Alejandro Valenzuela Alcaraz firma como “Licenciado” en el contrato que ha suscrito ante la PROFECO, incurriendo así en la presunta usurpación de profesiones, que se castiga de entre un año a seis de prisión.
Uno de los contratos firmados como “Licenciado” en calidad de “El prestador de servicios” fue el 2 de enero de 2023. En éste, se contrata sus servicios profesionales de capacitación de las personas de nuevo ingreso como titulares de las diversas Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO). Incluye también concertar acuerdos entre la ODECO y autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. Además de proveer información actualizada a la dirección general de la ODECO.
Otras actividades que especifican en el contrato como prestador de servicios es dar seguimiento a la coordinación de unidades administrativas y realizar mejoras en el funcionamiento de las mismas. También se le pide supervisar el control de archivo de su área, en este caso de las Oficinas de Defensa del Consumidor, para integrar los expedientes de las oficinas de las áreas metropolitanas y federales. Incluso se le pide que realice “el diseño y programación de indicadores en coordinación con las unidades administrativas y sus titulares”. Y por último que presente los resultados de la mejora operativa, llevada a cabo por los representantes de la PROFECO, y rinda los informes cuando se le requieran.
El contrato de honorarios es por 126, 163.84 pesos (8,410 dólares) dado en tres exhibiciones mensuales, y concluyó el 31 de marzo. Pero no es el único.
Para firmar este contrato, Emmanuel Alejandro Valenzuela Alcaraz declaró -bajó protesta de decir verdad-, según el artículo II.3, que “cuenta con estudios y conocimientos en materia de Administración, conoce y sabe aplicar los derechos conforme a la normatividad aplicable a la institución, y conoce plenamente las características y necesidades de los servicios en manteria del presente contrato (…)”. La versión pública del contrato fue aprobado en comité de Transparencia en el 15 de mayo de 2023 en la Ciudad de México.
*Para este artículo también contribuyó Guadalupe Lizárraga
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