Genaro García Luna, el Secretario federal más poderoso durante la administración del ex presidente Felipe Calderón, se declaró no culpable de cargos relacionados con recibir sobornos del cártel de Sinaloa, conspiración para traficar droga y perjurio, por lo que la magistrado Peggy Kuo programó para el próximo martes 21 de enero su primera audiencia preliminar.

Su equipo de abogados liderados por el defensor de oficio Cesar de Castro, dijeron que presentarían una propuesta para sacar al ex Secretario de Seguridad bajo fianza, pero el equipo de fiscales Richard encabezado por Richard P. Donoghue y Brian Benczkowski, recomendaron a la magistrado negarle la fianza dada la peligrosidad del acusado, y porque crecían las posibilidades de darse a la fuga.

Esta fue la primer comparecencia del ex funcionario en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, García Luna luego de su arresto, el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, y en su primer comparecencia judicial, García Luna distó de ser el hombre poderoso que imponía en sus intervenciones públicas, sino que se mostró vulnerable, pálido y despeinado, y antes de ser regresado a su celda, fue asaltado por unas luces que parecían lágrimas en sus ojos, según reportaron diversos medios.

Apenas el 17 de diciembre de 2019, el ex funcionario federal fue reubicado en la cárcel de máxima seguridad Metropolitan Correccional Center de Manhattan, el mismo donde recluyeron a Joaquín Guzmán Loera durante su proceso, y aparentemente sería la misma prisión donde García Luna estaría preso en el tiempo del juicio.

La fiscalía que presenta cargos a García Luna han dicho que entre los testigos protegidos que llamarían para que se caree con el ex secretario de seguridad, destaca Jesús Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, luego que el Rey señalara durante el juicio del Chapo que a García Luna le habrían entregado maletines con varios millones de dólares en efectivo para proteger los intereses del cártel.

En entrevistas con medios radiofónicos, García Luna negó esas acusaciones, incluso puede apreciarse cuando asegura que “nunca recibió dinero, ni tuvo contacto con nadie en torno a la delincuencia organizada”.

Sin embargo, García Luna siempre fue acusado de proteger al cártel de Sinaloa, pero siempre logró salir avante, y para escapar de todas esas acusaciones se mudó a Miami donde fundó la compañía GL and Associates Consulting, y tuvo como socios a ex funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, el FBI y la DEA.

Tras instalarse en Florida, informó el USDOJ, “García Luna empezó una carrera empresarial especializada en seguridad, pero además continuó tomando medidas en los Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta a los narcotraficantes”.

García Luna a través de su consultora en Miami comenzó a ofrecer servicios de perfiles de seguridad, análisis y tuvo clientes no sólo en Estados Unidos, sino en México. En los últimos años vivía una parte del año en Florida y otra en Ciudad de México.

En Miami, García Luna vivió entre 2012 y 2018 primero en una residencia en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de dólares y luego en un lujoso penthouse en el norte de Miami.

Documentos públicos consultados por Univision mostraron que ambas propiedades eran de la familia Weinberg, quienes eran viejos amigos del ex funcionario y fueron contratistas de la Secretaría de seguridad, mientras él la dirigía.

García Luna fue secretario de seguridad pública durante la administración de Calderón Hinojosa, entre 2006 y 2012, pero antes, entre 2001 y 2005, encabezó la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox.

Varios especialistas en materia de seguridad han dicho que el proceso contra García Luna será interesante, pues generará una gran expectativa en cuanto a la evidencia sobre el grado de corrupción que hay en la administración mexicana, la cual tendría que ser expuesta por los fiscales durante el juicio.

Aunque es posible que el equipo de García Luna negocie con la fiscalía, es también probable que decida enfrentar al gobierno estadounidense, y de ser ese el caso y es encontrado culpable, el ex funcionario podría alcanzar una pena mínima de 10 años de cárcel, a cadena perpetua, además que el gobierno de Estados Unidos buscará todos los medios para decomisarle cuentas y propiedades que tenga a su nombre, para así compensar el daño hecho a ese país.

Artículo publicado el 05 de enero de 2020 en la edición 884 del semanario Ríodoce.