La sierra de Sinaloa, ubicada en el área más problemática

Río Doce/Marcos Vizcarra.- No son mil 906 personas desplazadas por violencia, que es la cuenta del Gobierno de Sinaloa, es mucho más grande, llega hasta los 235 mil 897 personas que dejaron sus hogares entre el 2011 a 2018.

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) realizó el “Perfil sociodemográfico de la población que cambió de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia”, en el que se analizaron distintas variables, entre ellas la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

La variable específica se retomó sobre una pregunta central: ¿en este hogar se realizó algún tipo de medida como… cambiarse de vivienda o lugar de residencia?

“Aunque no existe cifra oficial sobre el número de desplazados internos en nuestro país, la ENVIPE, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desde 2011, constituye la única fuente de información especializada con la cual es posible obtener un perfil sociodemográfico general de la población que cambió de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia, que es el objetivo de este documento técnico”, indica el estudio.

La CONAPO formó conglomerados de entidades con problemáticas de violencia y a Sinaloa se le relaciona con Sonora, Chihuahua y Durango, debido a las cercanías y la incidencia que se tiene por hechos delictivos, principalmente asesinatos.

Partiendo de esa premisa, el organismo ubicó a la zona norte de la Sierra Madre Occidental como un área de mayor problemática, justo donde confluyen cuatro tipos de actividades económicas, dos de ellas ilegal, la del cultivo, producción y tráfico de enervantes, así como la del tráfico de armas para grupos criminales asociados con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Beltrán Leyva.

Las otras dos actividades económicas que hay, que sí son legales, son la del gas natural, que a Sinaloa llega desde Estados Unidos por Sonora y Chihuahua, y la minería, que actualmente tiene el 33.3 por ciento de territorio de Sinaloa concesionado.

Sin embargo, aunque es un área económicamente activa, también es la de mayor marginación, de acuerdo con datos del El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En el estudio, el Consejo Nacional de Población encontró que hay una relación entre la marginación y la tasa de homicidios.

“La correlación espacial entre la marginación y la tasa de homicidios indican (en el mismo sentido que la relación entre migración y violencia) que son problemáticas sin una distribución aleatoria o que se distribuyen uniformemente en el territorio nacional, es decir, se trata de fenómenos que tienden a la concentración”, se indica.

El CONAPO indica que el desplazamiento de la sierra se da porque ocurren extorsiones, secuestros, lesiones dolosas, homicidios y desapariciones.

De ahí, se identificó un perfil específico con mayor incidencia de afectación: las personas que más se desplazan son mujeres, viudas y con un rango de edad que ronda los 35 años.

“Podrían influir cuestiones relacionadas con el curso de vida, con estrategias de las familias para afrontar las crisis de seguridad y, también tal vez, por ser las víctimas principales o potenciales de la delincuencia”, se señala.

El perfil describe también que “esas personas se encuentren en edades productivas influye en que disponen de recursos para efectuar el movimiento, ahora bien, la utilización de esos recursos indicaría un movimiento planeado; al mismo tiempo, los activos de que disponen podrían hacerlos atractivos para la delincuencia”.

Estadísticas locales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalaron que existe una crisis que debe atenderse en Sinaloa, y que para ello debía brindarse seguridad, educación, trabajo y seguridad social a las personas desplazadas.

Para ello, se estableció en una recomendación de la CNDH, la elaboración de un censo que delimite cuántas personas se encuentran desplazadas.

Esa recomendación ocurrió en 2017, pero es hasta este año cuando se comenzó con el proceso con una serie de preguntas que contienen la siguiente información:

Identificación de las personas con datos personales

Ese censo se ha realizado en reuniones vecinales o en jornadas específicas de conteo, y a partir de ahí se han contabilizado más de mil 906 personas desplazadas por violencia.

Sin embargo, hay organismos como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que estimaron hasta 36 mil 560 personas se habían desplazado obligados por la violencia de 2011 a 2016, un número más cercano al delCONAPO y la ENVIPE.

Los datos de la Federación se hicieron a partir de muestras aleatorias y encuestas casa por casa, mientras que el censo de Gobierno del Estado por encuestas y registros en eventos públicos.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa, el censo que se elaboró, bajo una metodología creada por investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente, se hizo sobre ese esquema debido a la falta de recursos públicos.

Para 2019, luego de una reasignación que hizo el Congreso de Sinaloa, se destinaron 30 millones de pesos para la atención a personas desplazadas, que se centró en la compra de despensas, reparto de recursos económicos para creación de proyectos productivos y la compra de un terreno en Mazatlán.

Artículo publicado el 15 de diciembre de 2019 en la edición 881 del semanario Ríodoce.