El plan del gobierno estadounidense es carear al hermano de Ismael Mayo Zambada con el ex Secretario de Seguridad Pública, luego que éste señalara durante el juicio a Joaquín Chapo Guzmán que a García Luna se le entregaron maletines con varios millones de dólares en efectivo para proteger los intereses del cártel.
El Rey Zambada sería uno de los varios narcotraficantes del Cártel de Sinaloa que se integraron al programa de testigos protegidos, y que serían llamados por los fiscales Richard P. Donoghue y Brian Benczkowski, para que dé a conocer más detalles sobre la forma en que García Luna era sobornado y a cambio de qué tipo de favores.
No sería el caso de Guzmán Loera, quien determinó no cooperar con la fiscalía estadounidense, además que ya fue sentenciado y su defensa está considerando apelar la sentencia del juez Brian Cogan.
Eduardo Balarezo, quien defendió al Chapo durante el llamado juicio del siglo, observó que el proceso contra García Luna será interesante, pues generará una gran expectativa en cuanto a la evidencia que los fiscales deberán presentar.
“Aunque yo siento que lo único que tienen los fiscales son los testimonios de varios testigos protegidos, pues no creo que existan grabaciones u otro tipo de pruebas tangibles para acusar a este señor”, dijo Balarezo en entrevista telefónica con Ríodoce.
Sin embargo, agregó el abogado, aun cuando sólo sean testimonios, García Luna puede ser encontrado culpable si lo que digan los testigos protegidos es algo substancial, pero sobre todo, si el jurado lo cree, entonces lo encuentran culpable.
Alejandro Hope, analista en seguridad en México, consideró por su parte interesante los testimonios que surjan, porque ahí el ex secretario de seguridad podría implicar a otros funcionarios de alto nivel de la administración de Felipe Calderón.
“Lo que no trago es que se haya visto con el hermano del Mayo Zambada en un restaurant, y que le hayan entregado un maletín lleno de dinero; García Luna podrá ser corrupto, pero no es idiota”, dijo Hope.
Hope también consideró “misterioso” el periodo de colaboración entre Estados Unidos y García Luna, y que durante todo ese tiempo, nadie se haya dado cuenta de la existencia de sus operaciones, incluso, que se le haya dejado ir a vivir a Florida por años, y que hasta ahora actuaran.
“Eso significa que las agencias no sabían, y si sabían acaso lo protegieron”, opinó.
Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda congeló once cuentas a García Luna y a su familia, y un día más tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se cesara a los más cercanos colaboradores que trabajaron con el ex Secretario, y que pudieran aún estar laborando en la administración actual.
Genaro García Luna fue detenido el martes 10 de diciembre en Dallas, Texas, y tras ser presentado ante un juez federal durante una audiencia preliminar, el ex funcionario federal se reservó el derecho de hablar.
Los cargos
En el expediente número CR-19-576, radicado en el Distrito Este de Nueva York, García Luna es acusado de conspirar para el trasiego de drogas y de mentir ante una agencia federal al momento de solicitar ser naturalizado en Estados Unidos.
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Los primeros tres cargos que enfrenta el acusado es conspirar contra Estados Unidos para el tráfico de cocaína y otras drogas, pues aunque no estaba involucrado directamente en el trasiego de droga, “siempre estuvo consciente sobre lo que ocurría, y aun conociendo el destino final de la droga, cooperó para ello”.
Aunque el expediente está fechado el 4 de diciembre de 2019, la acusación precisa que García Luna tenía desde 2001 recibiendo sobornos de gente allegada al Cártel de Sinaloa, es decir, desde antes que se creara la AFI y de que ocupara el cargo como Secretario de Seguridad, durante la administración de Felipe Calderón.
Fuentes familiarizadas con la investigación, que pidieron no ser identificadas, explicaron que narcotraficantes del Cártel de Sinaloa compartían con García Luna un porcentaje de los cargamentos, sin necesidad de que el funcionario participara en la logística de su envío y distribución.
“Hay evidencia suficiente que muestra que García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa cuando estaba a cargo de la policía federal, para que pasaran la droga libremente a Estados Unidos, pero además les pasaba información para que se protegieran y les ayudaba a acabar con bandas rivales”, dijo el fiscal especial para esta investigación Richard P. Donoghue.
El cuarto cargo que enfrenta el ex secretario de seguridad es por perjurio, luego que el 1 de junio de 2018, mintió en un cuestionario para naturalizarse estadounidense ante el servicio de Migración de Estados Unidos, al señalar que nunca había cometido ni había intentado cometer algún delito en su vida.
El expediente también explica que, de ser encontrado culpable, García Luna podría alcanzar una pena mínima de 10 años de cárcel, a cadena perpetua, además que el gobierno de Estados Unidos buscará todos los medios para decomisarle toda cuenta y propiedad que tenga a su nombre, para así compensar el daño hecho a ese país.
Hasta el viernes de la semana pasada, había documentos financieros obtenidos por la fiscalía en que se señala que, al momento que García Luna se mudó a la Florida “había amasado una fortuna personal de millones de dólares”. Los documentos, se dijo, son del USDOJ.
Ya anteriormente se había dicho en repetidas ocasiones que García Luna tuvo nexos con el Cártel de Sinaloa, pero todo alcanzó una mayor resonancia cuando Jesús Zambada afirmó bajo juramente que ellos habían entregado millones de dólares a García Luna a cambio de protección.
REY ZAMBADA.
“Nosotros cuestionamos en la Corte al Rey Zambada, y él dijo que en una ocasión entregó cuatro millones de dólares a García Luna, y fue un señalamiento contundente”, dijo William Purpura.
Tras esa acusación, García Luna dio una serie de entrevistas para negar toda acusación de ese tipo en su contra: “Yo nunca recibí ni un peso y no tuve contacto con nadie en torno a estos delincuentes o ningún delincuente y eso es mentira”, dijo en entrevista con W Radio.
Ciertamente García Luna siempre estuvo en el ojo del huracán, pues apenas cuatro días después de dejar su puesto como funcionario público, fundó la compañía GL and Associates Consulting, en Miami, a donde se mudó, junto con su familia, unos meses antes. Algunos de sus asociados para crear esa empresa fueron ex funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, el FBI y la DEA.
Tras instalarse en Florida, informó el USDOJ, “García Luna empezó una carrera empresarial especializada en seguridad, pero además continuó tomando medidas en los Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta a los narcotraficantes”.
García Luna a través de su consultora en Miami comenzó a ofrecer servicios de perfiles de seguridad, análisis y tuvo clientes no sólo en Estados Unidos, sino en México. En los últimos años vivía una parte del año en Florida y otra en Ciudad de México.
En Miami, García Luna vivió entre 2012 y 2018 primero en una residencia en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de dólares y luego en un lujoso penthouse en el norte de Miami. Documentos públicos consultados por Univision mostraron que ambas propiedades eran de la familia Weinberg, quienes eran viejos amigos del ex funcionario y fueron contratistas de la Secretaría de Seguridad, mientras él la dirigía.
Secreto a voces
A principios de 2008 era un secreto a voces que la desaparecida Policía Federal actuaba como brazo armado del Cártel de Sinaloa. Los rumores decían que existían acuerdos entre Genaro García Luna y Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada: protección a cambio de varios millones de dólares.
Pero los acuerdos no sólo incluía protegerlos, trascendió entonces, sino deshacerse de sus enemigos. Por ese motivo Genero García Luna inició una feroz cacería contra Arturo Beltrán Leyva cuando se apartó del Cártel de Sinaloa, y luego les declaró la guerra.
Con eso en mente, el 7 de mayo de 2008, poco después de las 11 de la noche, el ex Secretario de Seguridad desplegó un convoy de más de cien elementos GOPES (Grupos de Operaciones Especiales), y luego de armarlos hasta los dientes, los mandó a un motel ubicado sobre la carretera a Cuernavaca, donde Arturo Beltrán supuestamente se encontraba. Y la orden no era arrestarlo, sino matarlo.
El “pitazo”, hecho aparentemente por gente del Chapo y dirigido a Edgar Bayardo, uno de los hombres de confianza de García Luna, era que el Barbas estaba en un motel cercano a Cuernavaca, y que si lo querían acabar, debían actuar rápido.
Pero el plan fue fallido, porque los punteros de los Beltrán Leyva reportaron de inmediato sobre la presencia de los federales, iniciándose una persecución impresionante, que concluyó con la muerte de dos agentes GOPES, uno de ellos Carlos López Álvarez, originario de Eldorado, Sinaloa.
Lo que nunca supo Carlos López ni muchos otros agentes fue que, once años seis meses después, su viejo jefe habría de ser detenido en Estados Unidos acusado de proteger los intereses del Cártel de Sinaloa, y que de ser encontrado culpable de los cargos que le imputan, el joven GOPE y otros habría sacrificado su vida por defender un compromiso personal de su director.
“Es un cochinero en la policía; muchos intereses”, dijo López Álvarez días antes de su muerte.
Es posible que el tiempo dé la razón a López Álvarez si García Luna es encontrado culpable, pues en su primera comparecencia ante un juez ni siquiera se atrevió a confirmar su nombre, sino que por recomendaciones de su abogado, se reservó el derecho a hablar.
“Es muy pronto todavía decir que es culpable, hay que esperar el juicio para saber cuál será la evidencia que será presentada en su contra, aunque es posible que el caso ni siquiera llegue a juicio si García Luna se arregla con la fiscalía”, observó Alejandro Hope.
*Con Información de Univisión y CNN.
Artículo publicado el 15 de diciembre de 2019 en la edición 881 del semanario Ríodoce.
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