México, una granja clandestina de cuerpos

México es una granja clandestina de cuerpos. Ese concepto de granja o campo es utilizado por organizaciones forenses internacionales, que buscan donatarios de cuerpos para poder hacer investigaciones. En México nadie experimenta, es un trabajo clandestino.

Lea: Crisis más grave en tema de desapariciones está en los Semefo: Mercedes Doretti https://bit.ly/2xBzqEE

La cifra del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas está desactualizada y mal elaborada. No solo eso, también carece de interpretación y de funcionarios que quieran usarla para buscar a los desaparecidos.

De hecho, cada entidad federativa tiene registros que discrepan con la plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por ejemplo, en Sinaloa se cuentan 3 mil 27 registros por el fuero común y otros 15 por el conteo de la Fiscalía General de la República. Estos casos son los que fueron atraídos por la Federación después de que los familiares denunciaron la participación de policías estatales y/o hay tardanza en la presentación de resultados.

Sin embargo, datos de la Fiscalía General del Estado establecen que del 2002 al mes de abril de 2019 suman más de 6 mil 600 personas que fueron desaparecidas, solo que el registro establece otro tipo de delito: el de privación ilegal de la libertad.

Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, señaló que esa discrepancia tiene que ver con el descontrol y descoordinación.

“Tenemos que empatar los conceptos y crear bases de datos que estén empatados”, dijo.

La discusión se abrió en el primer Encuentro Internacional sobre Nuevas Tecnologías de Búsqueda Forense, realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en la Ciudad de México.

Fue una concentración de expertos en medicina forense explicando las formas que se han estudiado en otros países como Argentina, Estados Unidos y Australia que se explicaron a líderes de grupos de búsqueda, agentes investigadores de fiscalías y procuradurías y funcionarios de comisiones locales de búsqueda.

No solo se trata de sumar casos, sacar cuerpos y apilarlos en centros de medicina forense, señalaban los expertos, sino de comprender que buscar a personas desaparecidas necesita un trabajo más amplio para poder dar certeza a los familiares sobre procesos de justicia.

Una granja de cuerpos, como ejemplo

Desenterrar un cuerpo es brutal. No solo es el olor y la apariencia de los cadáveres, es el dolor, coraje y terror implícito que hay. Es por eso que registrarlas necesita un mayor rigor metodológico.

Expertos de la Universidad Iberoamericana, DataCívica y un grupo de periodistas que conforman el proyecto Adónde (lle)van (a) los desaparecidos encabezan en México los registros más importantes de fosas.

El reporte más actualizado es el de la Universidad Iberoamericana, que contabilizó mil 606 fosas clandestinas con 2 mil 320 cuerpos, 169 osamentas y 584 restos o fragmentos de personas en 24 entidades del país.

En el estudio se establece que Tamaulipas ha sido la entidad con mayor número de fosas

Registradas, seguida de Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. Estas

seis entidades concentran 70.55 por ciento del total de las 24 entidades con las que se

cuenta con información.

El registro establece que en Sinaloa se contabilizaron 163 fosas, 202 cuerpos exhumados, 81 osamentas, 13 restos o fragmentos óseos y 110 personas identificadas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.

¿Pero, en este país de desaparecidos basta solo con apilar datos?, la respuesta es no, hay que salir a buscarlos, señaló Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense, y agrega que es importante trabajar con nuevas herramientas tecnológicas.

Aprender a usar drones y georradares

¿Hay forma de encontrar a personas con fotografías aéreas?, sí.

El investigador Soren Blau anunció que se está trabajando en un proyecto para capacitar a grupos de familiares en búsqueda.

Blau es antropólogo forense del Victorian Institute of Forensic Medicine, de Audtralia, donde se desarrolla una granja de cadáveres que fueron donados por personas previo a fallecer. El acuerdo que se llegó es que sus restos pudieran servir para la investigación y así ha sido.

En ese proceso, se ha creó un proyecto que consiste en hacer rastreo a través de aviones no tripulados, con tecnología que puede detectar el cambio en la química de los suelos, así como en los estados físicos de las mismas.

Los cuerpos, explicó, tienen sustancias que cambian la química de la tierra, que se detecta a través de radares infrarrojos y con otros mecanismos de clima.

Además, hay tecnología que puede usarse para estudiar los suelos , como LiDAR, herramienta de Geodesia que puede usarse de forma forense, pues con esta se puede hacer observaciones profundas y detectar deformaciones en los suelos.

Actualmente, hacer rastreo de esa forma puede llegar a costar hasta 1 mil 500 dólares, sólo por la toma e interpretación de fotografías en un solo lugar, de ahí que se plantee que para este año inicie una prueba en México sobre los estados fronterizos al norte del País.

Otras herramientas

El Equipo Argentino de Antropología Forense establece que las fiscalías y procuradurías necesitan hacer un trabajo importante en actualizarse.

Lo mismo estableció para los grupos de búsqueda, que deben actualizarse en otras formas de construcción de casos.

Uno de los ejemplos es la de emplear métodos de concentración de bases de datos y estudiar lugares a través de fotografías y videos, pues con estas pueden crearse bancos de datos de situaciones que no son fáciles de detectar.

Con esas imágenes se podría, incluso, formar visualizaciones que pueden presentarse como pruebas ante las instancias judiciales.

Teresa Harris, integrante del Departamento de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en Washington, DC, Estados Unidos, explicó que la cantidad de información que pueda recabarse por los grupos de búsqueda puede, quizás, ser más fuerte que la que recogen los policías investigadores.

Es, de hecho, una forma de crear cadenas de custodia que son tomadas en cuenta por cortes internacionales y que los países suscritos deben retomar.

Artículo publicado el 7 de julio de 2019 en la edición 858 del semanario Ríodo