AMLO ataca la serpiente de las mil cabezas y ordena detener a Emilio Lozoya por caso Odebrecht

Giran ordenes de aprehensión contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira, de AHMSA, quien fue detenido

Zeta.- Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, giró, el pasado domingo, órdenes de aprehensión en contra de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), por lavado de dinero, entre otros delitos.

Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de AHMSA, ya fue detenido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en Mallorca, una de las Islas Baleares en el Mediterráneo español, según lo confirmó una fuente del Gobierno Federal al semanario ZETA.

El empresario compró AHMSA -de la que es accionista mayoritario- en 1991, al Gobierno Federal, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó la industria del acero.

Ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Lozoya Austin, fue incluido en en la Lista de Personas Bloqueadas AB de CV.

Ello debido a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades licitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción, se indicó a través de un comunicado.

La UIF explicó que Lozoya Austin tiene expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable. Con lo anterior, se prevén los medios de prueba que considere conducente, así́ como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.

La congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -conocida también como Ley Antilavado-, respaldadas en las obligaciones que se derivan de diversos instrumentos internacionales, como la Convención de Mérida y la de Palermo.

El pasado 22 de mayo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal inhabilitó como servidor público, por un periodo de 10 años, a Lozoya Austin, por “inconsistencias en su declaración patrimonial”.

“Una de las inhabilitaciones, por 10 años, es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial”, detalló la SFP.

“En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”, indicó la institución cuya titular es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y que más temprano este día, anunció la inhabilitación de dos ex altos mandos de Pemex que trabajaron durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Además de Loyoza Austin, otra persona fue inhabilitada por 15 años y se le impuso una sanción económica por casi 620 millones de pesos, luego de que la SFP detectara irregularidades y un sobrecosto en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

Pemex compró dicha compañía bajo la dirección de Lozoya Austin, durante el Gobierno de Peña Nieto, y en su momento indicó que pagó hasta 255 millones de dólares por el capital de la empresa, incluyendo una mina de roca fosfórica ubicada en el estado Baja California Sur.

Según los testimonios de ex directivos de la constructora Odebrecht, dichos ante la Procuraduría de Brasil, el ex director de Pemex recibió sobornos por al menos de 10 millones de dólares para asignarle la obra de la Refinería de Tula, Hidalgo, y supuestamente trianguló 5.5 mdd a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el 2012, lo que Lozoya Austin ha negado.

En enero de 2014 Pemex -bajo la dirección de Lozoya Austin- compró a AHMSA la empresa Agro Nitrogenados y su planta de Coatzacoalcos, Veracruz, por 442 millones de dólares, aunque las instalaciones llevaban más de 14 años sin operar y el 60 por ciento de la maquinaria era inservible.

En agosto de 2018 una investigación realizada por el grupo de periodistas Quinto Elemento Lab arrojó que AHMSA transfirió 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading Company, firma relacionada con Odebrecht y Lozoya Austin.

Dicha empresa, de acuerdo con testimonios de ejecutivos brasileños, fue utilizada para pagarle al entonces director de Pemex los consejos que proporcionó a la filial de Odebrecht en México, alcanzando el monto de 3 millones 703 mil 540 dólares.

Las transferencias, realizadas a Grengemouth durante febrero y marzo de 2014, se debieron al pago de un asesoramiento para la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova. Dicha cuenta fue proporcionada por Lozoya Austin para que se le pagaran sus servicios, según los ex ejecutivos de Odebrecht.

Al ser cuestionada por Quinto Elemento Lab, AHMSA argumentó que los pagos se realizaron por haber cancelado un contrato que Lozoya Austin había suscrito con dicha firma para un asesoramiento sobre la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova, Coahuila.

TAMBIÉN CONGELAN CUENTAS DE AHMSA

Además de Lozoya Austin, la UIF congeló, también las cuentas bancarias con las que opera Altos Hornos de México (AHMSA). En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa señaló que en un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, el organismo dependiente de la SHCP, está obstaculizando su continuidad operativa.

La medida, afirmó AHMSA, daña “a mas de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial con los que la Compañía tiene relación de negocios, poniendo en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en que su actividad influye”.

La empresa acerera dijo que está activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuirle actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarar ante la UIF, la SHCP y/u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad que es violatorio de la mínimas garantías legales.

Apenas el 15 de mayo pasado, AHMSA anunció que a 20 años de acogerse a una suspensión de pagos obtuvo un financiamiento garantizado por 575 millones de dólares para cumplir con sus obligaciones derivadas del levantamiento de este proceso, el cual concretó en mayo de 2016.

TAMBIÉN CONGELAN CUENTAS A HERMANA Y EX SECRETARIO PARTICULAR DE LOZOYA

Según le dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo al diario El Financiero, la institución a su cargo también congeló las cuentas de Susana Gilda Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex; y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.

“Se le congelan las cuentas a Emilio Lozoya [y] como está relacionada AHMSA también se congeló [sus cuentas bancarias]”, confirmó Nieto Castillo al rotativo. Sobre el monto de los recursos congelados, el funcionario federal dijo que “no tenemos el dato todavía porque eso lo tiene que dar los bancos, tienen 48 horas para informarlo”.

En un listado que El Financiero dice tener en su poder, aparece la hermana de Lozoya Austin, junto con Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fungió como su secretario particular en Pemex. En el documento también aparece una persona identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas, así como las empresas Yacani, Rancurello, Yap Consultores y Casa Portela México.

EL PROCESO JUDICIAL CONTRA LOZOYA

En diciembre del 2018, la Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Luz María Ortega Tlapa, otorgó un amparo a Lozoya Austin -director general de Pemex del 4 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016-, mismo que ordenaba a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) resolver en 40 días naturales la investigación contra el ex director de Pemex, por el presunto financiamiento ilegal de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Peña Nieto en 2012, al estimar que ya agotó todas las diligencias del caso y que la acusación podría estar prescrita.

Ortega Tlapa estimó que había transcurrido un plazo razonable para determinar esta investigación, debido a que la FEPADE cuenta con la información suficiente para tener una idea clara de los hechos. Además, señaló que el pasado 19 de abril pidió a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), copia certificada de la carpeta de investigación del caso contra Lozoya Austin por cohecho y enriquecimiento ilícito, en la que consta la información que su homólogo de Brasil ha entregado a la extinta PGR.

“Ha transcurrido un tiempo suficiente y razonable para que ya se haya proporcionado la información y el dictamen pericial requeridos, para que el Ministerio Público responsable, esté en aptitud de determinar la carpeta de investigación, en razón de que corresponde a éste en uso de sus facultades legales y constitucionales, y no a esta juzgadora el sentido en que debe determinarla”, sentenció la juez en el amparo 702/2018.

“En ese sentido, de una interpretación conforme y bajo un bloque de regularidad constitucional, se determina que la autoridad responsable ha agotado todas las diligencias conducentes para la investigación y ha pasado un tiempo razonable, encontrándose en aptitud de determinar la carpeta de investigación como en derecho proceda, a fin de que se deje de generar inseguridad jurídica”, indicó la juez federal, quien dio un plazo de 30 días hábiles a la FEPADE para determinar si existen o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato.

El pasado 23 de octubre del año pasado, durante una comparecencia ante las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados, Arely Gómez González, entonces titular de la SFP, dio a conocer que investigaban los patrimonios de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, y de Lozoya Austin, por el desvío de recursos públicos, sin embargo, evitó dar detalles para no entorpecer las investigaciones en contra de los funcionarios públicos.

“Sí existen verificaciones patrimoniales restaurables a Rosario Robles y Emilio Lozoya, pero están en etapa de aclaraciones, acorde a la etapa de defensa […] No habrá impunidad en caso Odebrecht, Paso Express y Fideicomisos”, aseguró la ex titular de la PGR.

El 2 de marzo del 2018, Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primera de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a Lozoya Austin la suspensión definitiva contra la judicialización de la indagatoria por enriquecimiento ilícito y cohecho, que lleva a cabo la SEIDF, de la PGR, hasta que no se dicte una sentencia en el juicio de garantía contra el ex director de Pemex.

“Se concede la suspensión definitiva para el único efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentra la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017 y no se determine en definitiva la investigación inicial, si ésta no se ha judicializado; y hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que recaiga en el fondo del juicio de amparo”, resolvió la juez.

Según el diario Reforma, que informó del hecho en su momento, el fallo fue dictado justo cuando un Tribunal Colegiado iba a determinar si continuaba vigente otra suspensión definitiva que había sido concedida a Lozoya Austin el 7 de noviembre del 2017 para los mismos efectos.