Río Doce.- Durante la segunda mitad del testimonio de Dámaso López Núñez en la corte federal de Nueva York el 22 de enero de 2019, el testigo detalló varios asesinatos ordenados por Guzmán Loera, entre ellos un plan de un crimen con conexión a una alcaldesa del PRI, detalló palabras clave y enlistó a algunos miembros de la familia del Chapo.

Conforme la fiscalía termina de cerrar su caso contra Guzmán Loera en la décima semana del juicio, las pistas sueltas y los detalles que habían quedado en el aire se van uniendo con los testimonios de los últimos testigos.

Los asesinatos

Rodolfo Carrillo Fuentes murió el 11 de septiembre de 2004.

El Licenciado Ríos, que estaba a cargo de la seguridad del acusado, era de Navolato. Rodolfo y sus pistoleros también eran de Navolato. Había problemas con Rodolfo y sus pistoleros, ya amenazaban al Licenciado Ríos explicó Dámaso López Núñez en la segunda mitad de su testimonio el 22 de enero de 2019 en la corte federal de Nueva York.

El Mayo y el Chapo organizaron una serie de reuniones con Vicente y Rodolfo Carrillo Fuentes para arreglar la situación. Pero “como (el Chapo) sabía que no estaban respetando había que ganarle el jalón”, explicó López Núñez.

Guzmán Loera ordenó su asesinato, rechazando la ayuda del Mayo. Mientras salía del Cinépolis con su esposa, los pistoleros del Chapo lo mataron, hirieron a su esposa y le dispararon a su jefe de seguridad: Pedro Pérez, un judicial de Durango.

A los pistoleros del Chapo los persiguieron los judiciales en un tiroteo que sólo terminó hasta que el Mayo le habló al jefe de la policía judicial para que retirara a sus elementos, dijo López Núñez.

Gonzalito Araujo y Guacho murieron en 2008.

Ambos eran jefes de los pistoleros de los Beltrán Leyva que contrataban pistoleros en Culiacán. El Chapo los mandó matar a los dos durante la guerra contra los Beltrán Leyva. Antes de organizar los asesinatos de la gente del Chapo, Gonzalito había sido su secretario en la sierra.

A Guacho lo encontraron en Villas del Río, en Culiacán y lo llevaron a un rancho de López Núñez, Las Cañitas, donde el Chapo lo interrogó en compañía de sus hijos, Juancho su sobrino, el Negro, uno de sus sicarios, el hijo de López Núñez y más personas. Después, lo mataron.

Juan Guzmán Rocha, también conocido como Juancho o Virgo murió en diciembre de 2011.

López Núñez y Guzmán Loera estaban reunidos en un rancho del testigo, Los Nopales, a las orillas de Eldorado cuando el Chapo se enteró de que su sobrino Juancho le estaba mintiendo. Había dicho que estaba fuera de la ciudad y un trabajador de López Núñez lo acababa de ver en un estacionamiento público de Culiacán.

El Chapo ordenó a su pistolero, el Oso, que “lo levantara” junto con Güero Bastidas, secretario de Juancho. Los llevaron a los Nopales, donde el Negro dijo que le habían ofrecido dinero por dejarlos ir. López Núñez dijo que el Chapo dio que no quería hablar con él. “Ordenó que lo llevaran a Culiacán, que lo mataran y que ahí quedara a las orillas”.

A su secretario, el Güero Bastidas, “tenía que pasarle lo mismo que a Juancho. Ambos fueron muertos”, dijo López Núñez.

Polo Ochoa

Era un narcotraficante que trabajaba con César Gastélum, un socio hondureño del Chapo. Guzmán Loera se enteró de que ambos trabajaban con el gobierno, para darle información de su paradero. López Núñez convenció al Chapo de que lo perdonara, si prometía dar la cara y decir la verdad. Según el testigo, Guzmán Loera accedió, pero nunca dio la cara.

Entonces, explicó López Núñez, el Chapo mandó al Negro a asesinarlo. “Murió” detalló el testigo. “Escuché por el radio cuando dijeron que estaba muerto”.

El intento de asesinato

También en la corte federal de Nueva York durante la jornada número 32 del juicio contra Guzmán Loera, se mostraron mensajes de BlackBerry entre López Núñez y el acusado.

En un intercambio de noviembre de 2013, López Núñez le explicaba al Chapo que la presidenta municipal de La Paz, Baja California Sur, del PRI, necesitaba un favor. En los mensajes, el testigo explicaba que la presidenta municipal parecía la favorita para ganar la gubernatura del estado en las siguientes elecciones y les pedía “ayuda” para deshacerse de un policía “que la estaba grillando”.

El acusado respondía que sí, que había que apoyar a la presidenta municipal, pero que mandaran a alguien con una pistola, sin rifles. Para que “no se viera tan violento” y pareciera que el asesinato del policía hubiera sido “venganza de unos cholos”. No se detalló si el asesinato se había llevado a cabo.

Esthela de Jesús Ponce Beltrán fue presidenta municipal de La Paz durante ese periodo. Actualmente enfrenta cargos por desvío de 800 millones de pesos durante su gestión como alcaldesa de La Paz, así como una demanda de FONACOT por no reportar 10 millones de pesos en pagos a sus trabajadores del ayuntamiento.