El PRI sigue reprimiendo familias completas en EDOMEX con sus prácticas neoliberales de despojo del agua

Ciudad de México | Desinformémonos. “El 1 de abril nos cambió completamente la vida porque la cárcel no es nada más para ellos, es para toda la familia, en especial par a los hijos”, compartió durante el Foro “Por la defensa del agua y por los seis de Tlanixco” Marisela Molina González, esposa de Pedro Sánchez Berriozábal, uno de los seis defensores del agua de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, presos en el penal de Almoloya de Juárez, y sentenciado a 52 años de prisión.

Acompañados en el Museo de la Ciudad de México por activistas, defensores y periodistas, los familiares y compañeros de Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias y Pedro Sánchez Berriozábal criticaron que las comunidades indígenas y los pueblos vivan “la represión muy fuerte” por defender sus recursos naturales, en este caso, de los manantiales de Tlanixco que empresarios floricultores pretendían entubar.

“A partir de los primeros diez años que nuestros presos estuvieron con su sentencia de 50 años, empezamos a salir, a difundir, a visibilizar nuestro problema, porque en realidad no había otra solución. Estábamos solos. Todos los gobiernos que han pasado nos han pisoteado por ser indígenas y se han aprovechado de nosotros”, dijo Yolanda Álvarez, esposa de Lorenzo.

El primero de abril de 2003, once empresarios floricultores de Villa Guerrero ingresaron a Tlanixco para entubar el agua de los manantiales y utilizarla para la empresa de Alejandro Isaak Basso. Ante ello, varios habitantes acudieron a defender el agua a la parte del pueblo conocida como El Salto, donde el ingeniero cayó al barranco y murió. Posteriormente, inició una campaña de criminalización que provocó que seis personas, algunas de las cuales ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos, fueran condenadas a 50 años de prisión.

Cuando lo detuvieron y lo llevaron a Almoloya de Juárez, “ahí acabó su vida”, explicó Tomasa Pérez, hermana de Marco Antonio. “Nosotros también sufrimos esa cárcel que él vive ahí. De ahí nos damos cuenta que al gobierno del estado no le importa quién luche por sus recursos naturales. Mi hermano estaba defendiendo nuestro recurso natural que es el agua”, agregó durante el Foro.

Por otra parte, el defensor de cinco de los seis presos y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), Antonio Lara Duque, explicó que durante el proceso han sido documentadas irregularidades y que a los acusados ni siquiera se les proporcionó un defensor del derecho indígena.

“Algo importantísimo era demostrar que lo que había ocurrido en el pueblo era un ejercicio de la comunidad y no de ellos”, indicó Lara, pues todos los habitantes de la comunidad, regida por usos y costumbres, habían asistido al llamado de las campanas que advirtieron la entrada de los empresarios de Villa Guerrero.

“Este caso ilustra casi de manera manual el peor modus operandi del Estado mexicano. Hay un gran racismo en todo el manejo, ser indígena es una gran desventaja”, añadió el periodista, editor y poeta Hermann Bellinghausen, quien resaltó otros casos de detenciones a defensores y miembros de las comunidades indígenas.

Por último, el Foro también contó con la intervención de Juan de Dios Hernández, abogado de Lorenzo, así como de familiares de los presos de la comunidad de Salazar e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco y el ex preso político Óscar Hernández Neri, quienes saludaron la lucha por la libertad de los seis de Tlanixco y exigieron justicia para los defensores y sus familias.