Ayer se presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad que el gobierno de López Obrador busca implementar en el país. La estrategia central de este proyecto es la continuación de la militarización a través de la Guardia Nacional, que estará integrada en un primer momento por50 mil elementos, quienes serán contratados por la Secretaría de la Defensa Nacional encargada de reclutar, adiestrar y manejar el nuevo cuerpo responsable de garantizar la seguridad.

Esta propuesta contraviene el espíritu de ciudanización que se maneja en el discurso del propio presidente electo cuando promueve las consultas públicas como mecanismo de legitimación de los principales actos de gobierno.En el proyecto prevalece la idea de que la seguridad se construye multiplicando el número de policías y creando una policía nacional con un modelo similar al de otros países en el mundo. Con esto se deja de lado la posibilidad de construir una mayor seguridad sin la intervención policial resultado de dos procesos simultáneos como es la creación de nuevas ciudadanías y una propuesta de educación para la paz.
La participación de los militares en tareas de seguridad pública en México ha sido severamente cuestionado por todos los organismos internacionales de derechos humanos, pues los militares no están adiestrados en funciones preventivas, lo que ha ocasionado múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población.

La estrategia de Felipe Calderón de militarizar la seguridad pública –que fue refrendada por Enrique Peña Nieto y que el gobierno de López Obrador busca abrazar en el nuevo plan de seguridad-, no ha dado los resultados esperados. Al respecto se incrementó la cifra de homicidios violentos, el de desapariciones forzadas y el de desplazamiento interno generado por la violencia en la lucha contra el crimen organizado.

De la misma manera este Plan Nacional de Paz y Seguridad prevé la creación de leyes especiales para el desarme de grupos delictivos a cambio de indultos y amnistías. De igual manera contempla la legalización de algunos estupefacientes y la regulación de la comercialización de los mismos.

La propuesta que busca ser innovadora requiere de muchos matices: primero, la experiencia colombiana de leyes especiales que promovieron el desarme de grupos paramilitares, no está del todo resuelto pues existe muchos indicios de impunidad y de faltas de reparación del daño. México tiene una experiencia pobre y desafortunada de justicia transicional en el gobierno de Vicente Fox que terminó en una impunidad total sobre el castigo a los crímenes del pasado y la propuesta que presenta el nuevo gobierno se sitúa en una condición de “perdón amnésico”, que deja abierta la herida en miles de hogares que perdieron en esta guerra en contra del crimen organizado a algún familiar.

Por el otro lado la regulación de algunos estupefacientes resulta atractivo e incluso positivo pero encuentra resistencia en un sector conservador de la sociedad y tiene su riesgo en la corrupción que prevalece en el sistema de procuración e impartición de justicia, que deja abierta la posibilidad a la cuasi-legalización de alguno de los cárteles que comercializan la marihuana bajo el amparo de estos mecanismos regulatorios.

En ambas situaciones se percibe la ausencia de una política de construcción de ciudadanía, en donde la amenaza de violaciones generalizadas van a estar presente por el desempeño de los militares que están formados bajo la misión de que la seguridad está por encima de los derechos humanos.

Publicado originalmente en Diario Contra Poder en Chiapas