Ayotzinapa y el 68 fueron crímenes de Estado

Este 2 de octubre se cumplen 50 años de la matanza de Tlatelolco y la herida sigue abierta. Y seguirá, mientras no se conozca toda la verdad: quién o quiénes dieron la orden de disparar, quién o quiénes urdieron el plan de ataque a los estudiantes esa noche; con qué fin, qué propósitos. Quiénes más, aparte del presidente (Gustavo Díaz Ordaz) y del secretario de Gobernación (Luis Echeverría Álvarez) estuvieron involucrados; qué papel jugó el gobierno norteamericano, la CIA, Richard Nixon… Siguen existiendo todavía muchos hoyos negros en esta historia; por eso la rabia cada año, expresada en las calles y en los gritos, en la impotencia manifiesta frente a un régimen que ha escogido mejor llevarse a la tumba, esta sí, la “verdad histórica”.

Cosas de la vida, pero al cumplirse 50 años, ese régimen criminal está prácticamente muerto. Después de dominar el país por casi 90 años y de guardar en sus sótanos la verdad sobre el 68 durante cinco décadas, por fin se va. Y como contraparte asoma la luz para los que durante todo este tiempo, ahora acompañados de miles de jóvenes rebeldes que luchan por la libertad, han exigido desentrañar toda la verdad y que de algún modo los responsables sean juzgados.

Más que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, quien ocupará la secretaría de Gobernación, ha insistido en que se abrirán los archivos del 68, para que se escriba por fin la memoria de este movimiento hasta la noche fatal del 2 de octubre y se conozca así toda la historia.

Pero junto con el 68, hay un movimiento también puntual, un reclamo de justicia que no cesa y que, por el contrario, ha estado creciendo: Ayotzinapa. Un movimiento que nace con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iguala y se mantiene por la terquedad de ese mismo régimen autoritario por ocultar la verdad, por defender su versión, con lo cual hace crecer en la población de que, efectivamente, el caso de los normalistas es un crimen de Estado.

Junto con el 2 de octubre de 1968, la desaparición de los 43 muchachos guerrerenses es el crimen de Estado más ominoso que se ha cometido en México en la época moderna. ¿Por qué de Estado? Porque sean del nivel que hayan sido, en los hechos participaron agentes de policías municipales, estatales, federales y hasta del ejército mexicano. Y porque desde las primeras horas de haber sido secuestrados los estudiantes, las autoridades de todos los niveles —hasta llegar a la presidencia de la república— hicieron todo lo posible por ocultar su paradero. Y porque al integrarse el expediente, desde las primeras diligencias, los hechos se fueron distorsionando —con declaraciones logradas bajo tortura, con la siembra de “pruebas”, etc.— para culminar en lo que ellos mismo bautizaron como la “verdad histórica”.

El miércoles de la semana pasada —justo cuando se cumplían cuatro años de los hechos de Iguala—, las madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron con López Obrador en Ciudad de México. Y nunca después de una reunión con funcionarios del gobierno federal mostraron el optimismo que públicamente expresaron al salir del encuentro, que se dio ante decenas de periodistas. El presidente electo dijo algo que no debe dejarse pasar: durante la campaña fui prudente. Así, casi textual. Para agregar que irá al fondo del asunto y que todo aquel que esté involucrado en estos hechos será juzgado. Prometió desentrañar la verdad a través de una comisión especial donde participen organismos internacionales. Y la gente, las madres y los padres y la sociedad que ha estado reclamando justicia, esperarán que así sea. Se supone que los 30 millones de ciudadanos que el 1 de julio votaron por AMLO lo hicieron también por el fin de ese régimen criminal que nos gobernó tanto tiempo. Y que se abre así la oportunidad, como dice la señora Olga Sánchez Cordero, de construir con la verdad nuestra memoria histórica.

Bola y cadena
DIJE RÉGIMEN CRIMINAL pero igual se puede decir Estado criminal, un concepto que Federico Campbell usaba mucho para ilustrar la cómplice relación que existe entre el crecimiento del crimen organizado y un Estado corrupto. Para el gobierno que viene no será suficiente abrir los expedientes con el fin de que la gente se entere qué pasó. Sobre todo en el caso Ayotzinapa tendrá que ir más allá y actuar para que aquellos que tuvieron alguna forma de responsabilidad en el crimen sean castigados.

Todos, desde los que detuvieron arbitrariamente a los muchachos, hasta los que, desde suntuosas oficinas, ordenaron enterrar la verdad.

Sentido contrario
NO SE TRATA DE QUE FRANCISCO VEGA, titular de Protección Civil del estado, esté “dolido” o “consternado”, por los daños humanos y materiales que causaron las lluvias, como lo dijo ante los diputados en su comparecencia, sino de que sea eficaz, algo que muy difícilmente podrá ser porque no tiene el perfil para ello. Su función es extremadamente especializada y de la capacidad que tenga para desempeñar el cargo depende que mucha gente se salve y salve su patrimonio, o muera o pierda todo, como ocurrió con las lluvias del pasado 20 de septiembre. Vega no debe esperar a que la gente exija su renuncia: debe renunciar. Y el gobernador, si ya se equivocó, no debe equivocarse más. Su error ya costó vidas y pérdidas incalculables. Y por ello es un crimen que lo mantenga en el cargo.

Humo negro
Y NO SOLAMENTE EN CULIACÁN, sino ahora también en Los Mochis siguen saliendo las causas que están ocasionando que las ciudades se inunden. Es la negligencia, la ignorancia, la gran corrupción… y mucha agua.

Columna publicada el 30 de septiembre de 2018 en la edición 818 del semanario Ríodoce.