Ha destacado en Chiapas por oponerse a privatizaciones y por su defensa del agua. Exigen su liberación inmediata

Regeneración, 27 de julio de 2018.-

Policías estatales detuvieron a Leandro García López, dirigente del Frente Regional contra las privatizaciones, Región Sierra de Chiapas.

El frente pertenece a su vez al Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (Fosich).

Sus representantes informaron que el dirigente fue detenido el pasado 18 de julio frente a las oficinas de la agencia del Ministerio Público, situadas en Motozintla, en la sierra del estado.

Elizabeth Hernández Pereira, una de los representantes del Fosich dijo que se le acusa de robo con violencia agravada y lesiones, por lo que fue internado en el penal de Tapachula, Chiapas.

“Después de la detención, nos hicieron depositar una fianza de 19 mil 911 pesos, pero luego nos informaron que era sólo por el delito de lesiones y que el delito de robo con violencia según un expediente penal de 2010, no alcanza fianza.”

Añadió que:

“Con el pretexto de que los jueces están de vacaciones, la responsable del juzgado argumenta que sigue el proceso; estamos seguros de que los delitos que se le imputan a Leandro son fabricados, sin consistencia jurídica, por lo que exigimos su liberación inmediata”.

Aseguró que el dirigente, de 64 años de edad, fue detenido sin que los policías presentaran la orden de aprehensión correspondiente.

“Su lucha histórica por la defensa del agua, del territorio y de los derechos humanos, ha sido ardua”, expresó.

“Es un dirigente que promueve la lucha social, defiende los derechos de los pueblos y por eso lo agreden políticamente”, sostuvo.

René Rodríguez Hidalgo, otro de los dirigentes, manifestó que Leandro “se opone a las privatizaciones y junto con el magisterio se ha destacado en la lucha por la defensa de la educación pública; ha abanderado las causas de izquierda”.

Afirmó que en Motozintla, donde radica, “existe un conflicto poselectoral y consideramos que quienes han ordenado su detención es para evitar que sea factor de convocatoria para oponerse a una imposición”.

Con información de La Jornada

En Oaxaca asesinan a defensor de tierras comunitarias

Como informamos en Regeneración, el domingo pasado la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, así como la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón denunciaron el asesinato de uno de sus integrantes, Rolando Crispín López.

Crispín López se desempeñaba desde hace cinco años como policía comunitario de dicha población que pertenece al municipio de Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca.

Las y los firmantes del comunicado narran que el domingo 22 de julio a las 8 de la mañana, una vez concluido su turno laboral como guardia comunitario en agencia municipal, Crispín López se dirigió a una tienda ubicada en la calle Benito Juárez para realizar unas compras.

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“Casi de inmediato, en un moto taxi rojo llegó un sujeto encapuchado quien, de manera artera y cobarde, disparó en repetidas ocasiones sobre nuestro compañero, asesinándolo e hiriendo a una niña de 8 años, quien caminaba por la calle.”

De acuerdo a lo señalado por testigos, el delincuente corrió nuevamente hacia el moto taxi rojo, “quedando el cuerpo de nuestro compañero en la acera de la calle”.

De acuerdo con las organizaciones denunciantes, varios vecinos pudieron identificar al sujeto, que presuntamente responde al nombre de Alejandro Matus Chávez, alias “Escarda”, conocido por ser policía municipal activo adscrito al Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.

Las organizaciones denuncian que, desde 2012, la comunidad de Álvaro Obregón se encuentra en lucha defendiendo su territorio en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, hoy llamada Eólica del Sur, de capital español.

En 2013 se constituyó la Policía Comunitaria de Álvaro Obregón, con el objetivo de cuidar su territorio y defenderse de las agresiones que, de acuerdo con las organizaciones denunciantes, proceden de autoridades y de la misma empresa.

A partir de entonces, la Policía Comunitaria ha sido blanco de diversos ataques.

Lo que se encuentra en disputa es la ocupación de la Barra Santa Teresa para desarrollar el proyecto eólico por parte de la empresa, despojando así de su territorio a quienes lo defienden.

Los denunciantes responsabilizan a los tres órdenes de gobierno por la violencia que “están promoviendo en las comunidades para despojar a los pueblos indígenas de su territorio”.

Consideran que tanto el gobierno estatal como el federal son incapaces de dar seguridad a las personas defensoras de derechos humanos.

El caso en tribunales

En enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de un amparo que las comunidades de la zona interpusieron contra la instalación del parque eólico.

En aquella ocasión, el máximo tribunal consideró que no había existido una consulta con las comunidades dueñas de los terrenos, según lo marcan sus usos y costumbres y las convenciones internacionales.

El proyecto pretende instalar el parque eólico más grande de América Latina en El Espinal y en Juchitán de Zaragoza.

Consta de 132 torres de 125 metros de altura cada una, aunque habitantes de la región que conforma distintas comunidades, han acudido a distintas instancias legales con la ayuda de organizaciones de la sociedad civil.

La situación permanece en conflicto, puesto que la empresa insiste en colocar la infraestructura en contra de la opinión de las comunidades de la zona en Oaxaca de Juárez.