Al Estado criminal poco le importan la vida de los periodistas

ALICIA DÍAS GONZÁLEZ. Otra víctima de un Estado criminal.

Altares y Sotanos/ismael Bojórquez

Acaban de matar a otra periodista. Sigue la tragedia, no cesa el drama y la pregunta es que viene para nosotros después del 1 de julio. Como periodista es muy difícil ubicarse como sujeto y más todavía como víctima. Desde hace muchos años somos víctimas y al ser tan frecuentes las agresiones contra periodistas y tan impunes el destino de las mismas, esta ausencia de seguridad y de justicia nos está agremiando. ¿Qué esperar del precario sistema de justicia después de Enrique Peña Nieto? ¿A quién vamos a pedir cuentas? ¿Qué pasaría si gana la alianza del PRI? ¿Y qué pasaría si gana Ricardo Anaya? ¿Y si el que triunfa es Andrés Manuel López Obrador? No sería lo mismo en ningún caso, seguramente, aunque el poder termine hermanando a todo el mundo en las cosas fundamentales.

Cuando se roló en el grupo de periodistas la propuesta de documento que salió del conversatorio que tuvimos en Culiacán, el 16 de mayo, algo hacía falta. Entonces una compañera propuso que incluyéramos un llamado a los candidatos presidenciales para que fijaran cada uno su postura sobre la crisis de libertad de expresión que se padece en México y dijeran qué piensan hacer al respecto. Era muy importante hacerlo así debido a nuestra condición de víctimas. Queremos un compromiso, pero algo que pueda ser medible en el corto plazo. Porque nos siguen matando. Mataron a golpes a una compañera de Monterrey apenas el jueves pasado. Una más. Una menos. Y porque si 2017 fue el año con más asesinatos de periodistas, 2018 asoma sus dientes y amenaza con ser aún más violento para nosotros.

Y no estamos en Siria, ni en Irak, donde los periodistas mueren en el fuego cruzado cubriendo guerras de verdad. Estamos en México, vivimos en una democracia, las libertades están garantizadas en nuestra Carta Magna, pero el crimen organizado y un Estado omiso, cómplice y en muchas ocasiones también criminal –y aquí caben el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo—han hecho polvo y sangre de ellas. Ahí están, junto con nuestro drama, los más de 90 personajes ligados a la política que han sido asesinados en el marco del proceso electoral que se vive en México en estos momentos.

Cometeríamos un error en quitarle al Estado su responsabilidad constitucional de proteger a los periodistas y a la libertad de expresión y al derecho de la gente de estar informada, pero sabemos que precisamente que desde el Estado se ha actuado a contrapelo de esta obligación y estas libertades. Pero no es solo el poder ejecutivo y todas sus dependencias, que han mostrado sobrada incapacidad para garantizar la seguridad de los periodistas o castigar los delitos cometidos contra ellos; es también el poder legislativo. Y véase si no: mientras la curva de asesinatos de periodistas va en ascenso durante el periodo de Peña Nieto que ya casi termina, el presupuesto destinado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha ido a la baja. De 38 millones de pesos que se le asignaron en 2013, bajó a 17.9 millones en 2018. Es decir, menos de la mitad. Es posible que aun así los diputados pensaran que nos estaban haciendo un favor, pues en 2012 el presupuesto fue de 3 millones de pesos. Así que hasta en eso se mostró más nefasto el gobierno de Felipe Calderón, pues durante su administración fueron asesinados 43 periodistas y ni así mostró interés porque los delitos se persiguieran. Sí, es verdad, durante su gobierno se creó la FEADLE (2010) pero resultó igual porque el presupuesto que le asignaron fue miserable y no les alcanzaba ni para sacar copias a los expedientes.

Así, no creemos que bajo estas condiciones el problema se va a resolver. El nuevo presidente, sea quien sea, debe desmontar las estructuras de impunidad que permiten que en México se cometan asesinatos de alto impacto como el de los 92 políticos acribillados en lo que va del proceso electoral, y el de los periodistas… y no pase nada.

Por eso exigimos de los candidatos presidenciales un posicionamiento sobre el tema. Y lo exigimos ya.

Bola y cadena

NO ES MENOR EL ASUNTO Y DEBEN incluirlo en sus agendas. Con seriedad, no con demagogia ni con afanes electoreros. Si la semana antepasada el periódico digital El Faro incluyó en su programa una mesa sobre lo que está pasando con nosotros, ahora fue la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), la más grande del mundo, que liga a académicos y a instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica. Tiene más de 12 mil miembros y se reúne cada año para analizar lo que ocurre en Latinoamérica en todas las disciplinas. Esta vez realizó su 36 congreso en Barcelona, con más de 900 sesiones donde incluyó una mesa llamada “Periodistas bajo fuego”, y en la cual participaron la periodista colombiana María Teresa Ronderos, Ilia Calderón, reportera de Univisión, y Ríodoce. Este interés de los foros internacionales debe ser visto como llamadas de atención sobre la tragedia que vivimos. Y es urgente que se atiendan.

Sentido contrario

EL SEGUNDO DEBATE ENTRE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA, más allá de lo anecdótico, del riky rikín, canallín, de la cartera de AMLO y de sus enojos en horario triple “A”, le sirvió al tabasqueño para mantenerse en la punta de las preferencias electorales, sin aparentes razones para bajarlo de esa posición cuando ya faltan cuatro semanas para la elección.

Humo negro

UNA COSA PARECE QUEDAR MUY CLARA: El PRI se va y parece que para siempre. Y el otro que camina hacia su bancarrota es el PRD, otrora de izquierda. Error tras error, oportunismos y ambiciones personales, ha terminado como un partido de utilería inútil, quién lo dijera.

Columna publicada el 27 de mayo de 2018 en la edición 800 del semanario Ríodoce.

objetivo7

Medio independiente de Aguascalientes.

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