El Estado Mexicano, responsable de tortura

Historia de Alfredo Vidal Córdoba ejemplifica la ineficacia de las autoridades en la investigación de tortura

Alfredo Vidal Córdoba, de 38 años de edad, se encuentra detenido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 11 (CERSS No. 11), en Pichucalco, Chiapas, México, acusado de secuestro. Durante su detención por agentes del Estado vestidos de civil, fue torturado para obligarlo a firmar una declaración autoinculpatoria, el 11 de julio de 2014, en el municipio de Cárdenas, Tabasco. A casi cuatro años, no existe investigación por los actos de tortura que asegure el derecho de la víctima a que se esclarezcan los hechos, se le garantice la reparación integral de daños y evite la impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C (Frayba) documentó que en un crucero de la carretera Cárdenas – Huimanguillo, municipio de Cárdenas, Tabasco, el 11 de julio de 2014, a las 10:00 horas, aproximadamente, una camioneta blanca, sin placas le cierra el paso al taxi que manejaba Alfredo, del transporte salen personas vestidas de civil que portaban armas largas, lo bajan y con golpes lo suben a la góndola. En la camioneta le cubren el rostro con su propia playera, lo patean, golpean en las costillas y lo esposan. Durante el trayecto, continuamente le pegan en la cabeza, en la nuca, en las costillas a través de patadas y con la culata de pistolas, durante ese tiempo lo interrogan sobre el secuestro de dos personas que viajaban con él y de su pertenencia a una banda de secuestradores. Él niega en todo momento haber cometido un delito y les indica que fue obligado y amenazado de muerte si no llevaba a las mujeres en la cajuela del taxi. Durante el trayecto sus captores lo amenazan de muerte con una pistola, además de indicarle que le harán daño a su familia, si no confesaba y reconocía a sus cómplices.

Según el testimonio de Alfredo, llegan a un lugar que él no identifica, sus captores lo meten a un cuarto en donde hay un baño sucio con heces fecales, le quitan la camisa y le meten la cabeza en el inodoro varias veces, mientras le pateaban las costillas, por el dolor de los golpes abría la boca y tragaba las heces fecales. Le siguen preguntando sobre la banda de secuestradores y quién era el jefe. Alfredo en todo momento negó su pertenencia a una banda delictiva. Perdió la noción de tiempo y lugar y no puede saber cuánto tiempo estuvo ahí.

Por la noche del 11 de julio, nuevamente fue trasladado y en el trayecto lo golpearon y amenazaron de muerte. Por la madrugada del 12 de julio, arriban a Tuxtla Gutiérrez, él no sabia donde estaba, pero era una celda, ahí vio que se encontraba la persona que lo contrató como taxista en Huimanguillo. En el lugar le vendan los ojos, lo conducen a un cuarto y le ordenan que se desnude, le cubrieron el cuerpo con vendas y lo envolvieron en una cobija, tirado en el piso nuevamente fue golpeado e interrogado sobre el secuestro y si conocía a unas personas y que si las inculpaba lo dejarían ir.

Durante el transcurso de ese día, continuó el interrogatorio y la tortura a través de golpes, bolsas de plástico en la cabeza y toques eléctricos en varias partes del cuerpo, lo acostaron en un neumático y con un palo golpeaban el neumático causándole dolor, al mismo tiempo que le echaban agua en la nariz. Durante la tortura le mostraban fotografías y le decían nombres de personas que desconocía, según lo documentado por el Frayba, esa noche fue colgado de las manos e interrogado al menos en siete ocasiones con el mismo procedimiento, perdiendo el conocimiento en varias ocasiones.

El 13 de julio, le dicen que se encuentra en la Fiscalía de Alto Impacto de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas1, ahí le permitieron realizar una llamada telefónica, con la amenaza de que no denunciara la tortura; cuando logró ver a su hermana ya le habían maquillado los golpes y le informaron que la detención había sido realizada por agentes de la Fiscalía de Secuestro del estado de Chiapas, en coordinación con policías de Tabasco. Al día siguiente 14 de julio fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate, (CERSS No. 14, El Amate), iniciándose proceso penal por el delito de secuestro.

En mayo de 2017, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, solicitó a la Coordinación de Servicios Periciales de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), que realizara el Protocolo de Estambul. Sin embargo la PGR indicó que sólo contaba con una especialista para atender más de 300 solicitudes y que las fechas disponibles son a partir de julio de 2019. Ante la negativa de la PGR el Juez y la familia recurren al Frayba en agosto de 2017 para realizar documentación de tortura y la aplicación del Protocolo de Estambul.

Según peritos independientes que aplicaron el Protocolo de Estambul el 24 de noviembre y 18 de diciembre de 2017, Alfredo presenta estrés postraumático, síntomas de depresión y ansiedad, cuenta con secuelas y evidencias físicas a causa de la tortura; urgen medidas inmediatas de atención médica y psicológica; y concluyen que Alfredo Vidal Córdoba fue víctima de acciones por medio de las cuáles se le infligió intencionalmente dolores o sufrimientos físicos y mentales con el fin de inculparlo o inculpar a otras personas en el delito de secuestro.

El Frayba expresa su preocupación por la reiterada práctica de tortura como método de investigación policial, completamente arraigada entre las autoridades de procuración de justicia, a pesar de la obligación al Estado mexicano de erradicar la tortura y de sancionar ejemplarmente a los perpetradores como lo señala la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.

Condenamos que instituciones como la PGR, a través de sus servicios periciales no cuente con el personal suficiente y capacitado para aplicar el Protocolo de Estambul y atender de manera inmediata e integral a las víctimas de tortura; con esta actitud obstaculizan y dilatan la impartición de justicia y trasgreden los derechos humanos de las víctimas de tortura, enviando así un mensaje de impunidad.

El Frayba reitera su compromiso con las víctimas de tortura, expresamos que esta grave violación de derechos humanos no se justifica bajo ninguna circunstancia.

1. Fiscalía General del Estado de Chiapas, a partir del 11 de abril de 2017.

Publicado originamente en Frayba