Del fiero discurso al letargo institucional
Río Doce.-A un año de la emboscada en la que murieron cinco militares y 10 resultaron heridos, solo dos presuntos responsables están detenidos.
El tercer implicado capturado era Francisco Javier Zazueta Rosales, Pancho Chimal, pero en marzo pasado escapó del penal y un mes después murió en un tiroteo con fuerzas federales.
Los miembros del Cártel de Sinaloa sujetos a proceso penal por la muerte de los soldados son Jorge Alberto Salas Gastélum alías el Furcio o el 90; y Jesús René Rodríguez Dueñas, el Rino.
Desde el día de la emboscada, el 30 de septiembre de 2016, el Ejército señaló a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, como los responsables de la agresión.
Días después, los hijos del Chapo, Iván Archivaldo y Alfredo, publicaron una carta pública en la que se deslindaron de la agresión al Ejército y aseguraron que era una “infamia” involucrarlos, por lo que pidieron una investigación objetiva.
El 6 de octubre, durante el homenaje póstumo a los soldados muertos, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, anunció que todas las fuerzas armadas irías tras las “bestias criminales” que emboscaron a los militares.
“Que las organizaciones criminales sepan que no descansaremos hasta que sean juzgados por sus delitos con todo el rigor de la ley.
“Sepan que vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria, nadie por encima de la ley, que la fuerza que apliquen tendrán la respuesta que corresponda por parte de la autoridad”, dijo a los familiares de los soldados caídos, en la ceremonia realizada en las instalaciones de la Novena Zona Militar, en Culiacán.
De un grupo estimado en más de 30 sicarios, las fuerzas federales apenas han detenido a tres de los presuntos responsables.
El primero en ser detenido fue Pancho Chimal, en febrero de este año, en el fraccionamiento Acueducto en Culiacán.
La Procuraduría General de la República (PGR) lo señaló como responsable de ordenar y coordinar la emboscada.
Rosales Zazueta era líder de la célula Los Chimales, que mantenía una disputa contra el grupo de Dámaso López Núñez, el Licenciado, en Navolato.
El Chimal escapó del penal de Aguaruto un mes después, junto con Juan José Esparragoza Monzón, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul; y otros tres operadores del Cártel de Sinaloa.
Un mes más tarde, el Chimal murió en un enfrentamiento con elementos de la Marina.
Otro de los involucrados en la emboscada es Jorge Alberto Santos Gastélum, el Furcio o el 90, capturado en julio pasado en Tijuana.
Al Furcio lo señalaron de apoyar con personal y vehículos al grupo de Pancho Chimal durante la agresión al Ejército.
Santos Gastélum además es considerado operador del trasiego de heroína, cocaína y cristal, en la ruta Culiacán-Tijuana, hasta llegar a Los Ángeles, California.
El tercer implicado es Jesús René Rodríguez Dueñas, alías el Rino, quien fue agente de la Policía Municipal de Culiacán, durante ocho años.
El ex policía fue capturado en junio pasado en Culiacán.
El Rino, según la PGR, apoyó con vehículos durante la emboscada.
Rodríguez Dueñas supuestamente encabezaba una célula de los hijos del Chapo que operaba en Culiacán, Navolato y Cosalá.
Los dos acusados están sujetos a procesos penales sin recibir sentencia.
De acuerdo con la PGR, la emboscada fue cometida para rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, el Kevin.
El Kevin había resultado lesionado en un enfrentamiento con militares en Badiraguato, la madrugada del 30 de septiembre.
Cuando era trasladado a un hospital de Culiacán en un convoy militar, el grupo de sicarios los atacó y logró rescatar al Kevin.
Desde entonces, las autoridades presuntamente también iniciaron la búsqueda de Julio Óscar.
El Kevin fue localizado hasta el domingo 5 de marzo de este año, pero muerto, en el estacionamiento de una tienda en Navolato, envuelto en una lona y con la cabeza cubierta con una bolsa.
La PGR ubicó al Kevin como uno de los hombres más cercano a Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Supuestamente era el encargado de coordinar el trasiego de drogas y dinero para el Chapito.
La fiscalía de la nación lo vinculó con una avioneta asegurada por el Ejército en 2016, cuando aterrizó en un aeródromo de la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.
Presuntamente él fue quien coordinó el traslado de cinco sicarios, armas y dinero en efectivo en esa avioneta.
Las investigaciones por la emboscada alcanzaron a elementos de la Policía Ministerial del Estado.
Diez días después del ataque, un grupo de militares sitiaron las instalaciones de la corporación y llamaron a todos los agentes ministeriales.
Los soldados, según testimonios de los policías, les quitaron las armas y a siete de ellos sus teléfonos celulares.
Esos siete elementos fueron los que acudieron al lugar donde ocurrió la emboscada.
Los ministeriales fueron interrogados sobre el ataque y les aseguraron los teléfonos con la advertencia de que la información que obtuvieran podría ser usada en su contra.
Los policías solicitaron amparos contra una posible orden de arraigo o de aprehensión.
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