El crimen de Javier Valdez se perfila como narcopolítica

Ismael Bojorquez/Río Doce

Muchas veces me han preguntado si el crimen de Javier Arturo Valdez Cárdenas fue obra de los narcopolíticos y siempre he dicho que no, que Javier no investigaba el perfil de esos políticos que, por cierto, abundan en Sinaloa. Afirmarlo hubiera sido doloso porque no teníamos elementos sólidos pero, además, porque estábamos convencidos de que fue perpetrado por el crimen organizado, por uno de los dos grupos del Cártel de Sinaloa que en esos meses estaban en pugna o por un tercero interesado en “calentar” la plaza.

Sin embargo, poco a poco, ante los nulos resultados para castigarlo y más aún, ante el desinterés por dar con los asesinos y castigarlos, este homicidio se está configurando como un crimen de la narcopolítica. El delito lo es cuando se comete, pero se confirma y extiende en la medida en que permanece impune, por complicidad o por miedo de las autoridades, porque se enturbia y muchas veces a propósito.

A Javier Valdez lo mató una de las bandas del narcotráfico, lo seguimos sosteniendo. Pero ahora, después de cuatro meses sin que se hayan visto resultados, afirmamos también —y lo hacemos convencidos de que así es— que el gobierno está siendo cómplice de los asesinos, que los fiscales llegaron al punto en que ya no quisieron continuar, tal vez por miedo, pero eso no les quita su calidad de secuaces y colaboradores de los que perpetraron el homicidio.

Durante meses los fiscales Juan José Ríos Estavillo, de Sinaloa y Ricardo Sánchez, titular de la Feadle, nos pidieron paciencia, comprensión ante la delicadeza del caso y colaboración. Lo hicimos en la medida de nuestras posibilidades. Pero cuando empezamos a darle vuelta a la tuerca vimos cómo empezaron a recular. Las comunicaciones se han cortado casi por completo y no vemos interés de nadie por llegar al final de su encargo de oficio, que es imputar cargos a los asesinos materiales e intelectuales, poniéndolos a disposición de un juez.

Por eso no era gratuita la percepción generalizada de que el crimen no se iba a castigar. Si el 99. 7 por ciento de los crímenes de periodistas en México no se castigan, ¿por qué el de Javier sí? Lo escuchábamos por todos lados pero nos negábamos a aceptarlo como algo inminente. El impacto que causó en México y en el mundo, la actitud del presidente de la república, su convocatoria a los gobernadores, varios gobiernos de otros países presionando, la súbita organización de los periodistas de a pie discutiendo a partir de este hecho sobre sus condiciones de trabajo, el suelo minado que pisan para reportear y cómo protegerse…

Todo ello hacía del caso de Javier Valdez algo de urgente prioridad y parecía que se había planteado como un asunto de estado resolverlo. Pero nos equivocamos. El gobierno reaccionó simulando una preocupación real pero a la vuelta de las semanas y los meses nos dimos cuenta que fue solo eso, simulación. Y que si en algún momento tuvieron la intención de aclarar el crimen, llegaron al punto de toparse con los intereses criminales que anidan en las estructuras policiacas y de Gobierno.

Por eso las preguntas a los fiscales: ¿Cuánto tiempo más van a simular que investigan? ¿Para eso quería Ríos Estavillo llegar al cargo que ocupa, para que los niveles de impunidad siguieran igual y para declararse incompetente en un caso de tan alto impacto? ¿Puede decir Ricardo Sánchez Pérez del Pozo que con su llegada a la Feadle las agresiones a periodistas sí se castigarán? ¿En qué quedaron las investigaciones del asesinato de Miroslava Breach, cuando desde el primer día el propio gobernador dijo que sabía de dónde provenía el crimen? ¿A qué le apuestan con su silencio cómplice? ¿Y qué respuestas tiene el procurador general de la república, Raúl Cervantes, que pretende ahora ser el primer Fiscal del país?

Bola y cadena

La responsabilidad directa es de ellos, de los tres. Pero hay también responsabilidades políticas. Está la responsabilidad política del gobernador Quirino Ordaz Coppel, porque es él el responsable del clima de inseguridad que priva en la entidad y de que las policías, en vez de trabajar en el cuidado de los ciudadanos, sirvan para proteger a las bandas criminales. Y está la responsabilidad del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, que se comprometió a poner las condiciones necesarias para castigar el crimen y para proteger a los periodistas, cosa que tampoco está ocurriendo.

Sentido contrario

¿PUEDE EXISTIR MAYOR CINISMO de los criminales que gobiernan en Sinaloa cuando un laboratorio de drogas sintéticas es instalado en una casa propiedad del dirigente estatal de partido Movimiento Ciudadano, Mario Imaz? ¿O de que una bodega de insumos para producir drogas ilegales sea descubierta a media cuadra de donde vive el mismísimo presidente municipal de Culiacán, Jesús Valdés? ¿Alguien duda, con todo esto, que los que realmente gobiernan en Sinaloa son ellos y no los que despachan en los palacios?

Humo negro

EL GENERAL COMANDANTE DE LA TERCERA Región militar, Juan Ernesto Bernal Reyes, no es un político ¿qué necesidad tiene de meterse en problemas diciendo disparates y defendiendo lo indefendible? Eso que se lo deje a Quirino Ordaz, o al alcalde de Concordia. Decir que el ataque en Santa Lucía y La Capilla, del municipio serrano, donde murió acribillado un hombre y se incendiaron casas y vehículos, es un hecho aislado, es cerrar los ojos ante la realidad y pretender hablar frente a un público idiota. Y más echarle la culpa a los medios de prensa por la percepción de inseguridad que existe en la gente. Él es un hombre de armas, y nadie lo mandó acá para que defendiera políticos.